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¿Son gigantes o molinos, Don Quijote?

Artículo escrito por el colectivo Kimua (@KimuaParadigma).

El pasado 13 de septiembre la multinacional noruega Statkraft, la mayor empresa productora de energía renovable de Europa, anunciaba a bombo y platillo su intención de instalar dos parques eólicos en Gipuzkoa. Más allá del sensacionalismo mediático con el que fue acogida la noticia, un proyecto de este tipo genera innumerables preguntas, algunas de fácil respuesta, otras no tanto. A continuación intentaremos verter algo de luz sobre algunas de ellas.
En primer lugar, aunque a muchos les pudiera sorprender la noticia, el de Statkraft no es ni mucho menos el único desarrollo eólico que está sobre la mesa a día de hoy en la CAPV. Además de estos dos de Itsaraz (Aramaio-Eskoriatza) y Piaspe (Azpeitia-Errezil-Zestoa), que contarían con una potencia instalada de 85,8 MW, están en fase de tramitación otros 12 parques eólicos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que sumarían otros 354 MW. Por su parte, si repasamos el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables que el Gobierno Vasco está tramitando en estos momentos, la proyección es que para el 2030 esté instalada una potencia de 733 MW de energía eólica terrestre en la CAPV. Eso supondría casi quintuplicar la producción eólica en apenas ocho años. A esto habría que sumarle los 30 proyectos que están en tramitación en Nafarroa (980 MW), que se añadirían a los 27 parques eólicos ya existentes. En Iparralde, de momento, no está previsto ningún desarrollo eólico. Para bien o para mal, nos encontramos ante una cuestión de carácter estratégico, que tiene por objetivo multiplicar el número de parques eólicos en Euskal Herria. Además, es una iniciativa que va más allá de lo que dictamine el gobierno autonómico de turno o incluso el Estado Español. Estamos al inicio de un gran ciclo de reconfiguración del capital a escala planetaria, y el impulso a la producción industrial de energía eólica y solar va a ser uno de sus pilares fundamentales. Es importante comprender ese empuje estratégico de fondo con el que cuentan este tipo de iniciativas.
En segundo lugar, llama la atención comprobar cómo prácticamente todo el mundo asume de manera más o menos acrítica el calificativo de “renovable”, “verde” o “limpia” para este tipo de infraestructura energética. Si bien es cierto que el propio viento es de naturaleza renovable, no lo es esa forma de aprovecharlo. No lo es desde el punto de vista energético: todo el proceso de producción, transporte, instalación y mantenimiento de este tipo de molinos de viento es aún fuertemente dependiente de los combustibles fósiles. Ni lo es desde el punto de vista de los materiales que precisa: se extraen a partir de minería a gran escala (normalmente en zonas de la periferia colonial), y no siempre es posible su reciclaje. En los propios lugares en los que se instalan también se da una explotación no renovable de ciertos recursos, principalmente mediante la destrucción permanente de suelo fértil y de ciertos ecosistemas de montaña. Por lo tanto, se trata de una energía de origen renovable que se aprovecha a través de un modo de producción que no lo es.
Otra cuestión de interés es el carácter público de la empresa promotora, Statkraft, propiedad del estado noruego. Desde la bancada progresista (EHBildu incluida) éste hecho se presenta como aval, a diferencia de lo que sucede con otras promotoras que tienen iniciativas similares en nuestro territorio (Iberdrola, Capital Energy…). Entendemos aquí, que más allá del carácter formalmente público de una empresa, hemos de analizar el carácter del estado que la controla. En el caso que nos ocupa, si entendemos que Noruega es un estado netamente capitalista (cosa que no dudamos), cabe preguntarse en qué medida, en relación a la lógica del capital, una iniciativa privada difiere de la pública. Statkraf, en tanto que empresa a cargo de un estado burgués, y más aún fuera de sus propias fronteras, no podrá comportarse más que como lo que es: una empresa capitalista que funciona gracias a la explotación asalariada de la fuerza de trabajo y cuya actividad, en última instancia, queda subordinada a una condición insalvable: la rentabilización de su capital. Y es que más allá del marketing socialdemócrata con el que pueda vender su propuesta, cuestiones como el grado de participación popular o la socialización de los beneficios, quedarán siempre subordinados a la rentabilidad de la inversión. Ese es un límite que nunca podrán superar. Por lo tanto, sin entrar a discutir el grado de diferencia entre lo malo (una multinacional capitalista) y lo que pudiera ser menos malo (una multinacional propiedad de un estado capitalista), creemos importante problematizar la dicotomía que a menudo se establece entre lo público y lo privado, cuando se trata de iniciativas que, esencialmente, responden a la misma lógica capitalista.
Y hasta aquí las preguntas de fácil respuesta: esos molinos no son tan renovables como los venden y su promoción viene de la mano de grandes multinacionales cuyo objetivo, más allá del color con el que se pinten, es el mismo de cualquier empresa capitalista: rentabilizar su capital. Dicho esto, la cuestión de la energía, en relación a la riqueza y el bienestar que provee, a la dependencia y agotamiento de los combustibles fósiles, y a la crisis climática que se deriva de su uso, deja aún muchas preguntas difíciles de abordar. Por ejemplo en la CAPV, a día de hoy, solo producimos en torno al 10%1 de la energía que consumimos. En Nafarroa el 19% . ¿Qué hacer ante semejante situación? Una cosa es clara: la contradicción de consumir mucho más de lo que se produce tiene como consecuencia el traslado a otras regiones de las consecuencias negativas que genera la producción de energía, y que generalmente rechazamos (por ejemplo, unos eólicos en nuestras montañas). En otras palabras: colonialismo energético. También implica asumir un grado de soberanía energética (y por lo tanto política y económica) muy bajo. Además, la gran mayoría de esa energía que importamos es de origen fósil, que, o bien se está agotando, o bien va a haber que dejar de utilizar para evitar el cambio climático. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, la disyuntiva que nos plantea esta problemática solo se puede resolver en dos direcciones: reducir el consumo o aumentar la producción.
En lo que respecta a la reducción del consumo, existe un claro margen de mejora a través del ordenamiento y la eficiencia del funcionamiento de la sociedad, así como de la eliminación de los gastos superfluos, principalmente ligados al consumo opulento de las clases sociales más altas. Esto en sí mismo ya es un problema, ya que esas clases sociales difícilmente van a renunciar al bienestar del que disfrutan. Además, el sistema capitalista requiere de un crecimiento constante para su supervivencia, ante lo cual, la mera perspectiva de consumir menos energía le resulta inasumible. No obstante, imaginemos por un momento que, efectivamente, logramos eliminar el consumo ligado a la burguesía e instauramos un sistema social igualitario que gestiona racionalmente la producción-consumo de energía y que no requiere de un aumento constante en el gasto de materia y energía. El caso es que incluso tras semejante hazaña revolucionaria, en nuestra opinión, sería imposible sostener unas condiciones de vida dignas para los 3 millones de personas que habitan Euskal Herria disponiendo solo del 10-19%2 de la energía que consumimos actualmente. No habría alimentos para toda la población, no se podrían calentar adecuadamente las viviendas, desaparecerían servicios básicos, transporte, sanidad, educación… Básicamente supondría la destrucción de la sociedad. Y como nuestra propuesta no consiste en asumir la destrucción de la sociedad o en que una parte importante de la población tenga que desaparecer, indefectiblemente deberíamos de ser capaces de producir más energía3. Y aquí es cuando las preguntas se vuelven cada vez más resbaladizas.
¿Cuánto más deberíamos de producir? ¿Cuál es el nivel de consumo de energía mínimo que ofrezca unas condiciones de vida dignas y de calidad para toda la población? Toda forma de producción de energía genera un impacto ambiental: ocupación del territorio, consumo de materiales, generación de residuos… ¿Cuánto de ese impacto estamos dispuestas a asumir? ¿Y cómo produciríamos dicha energía? Descartamos los combustibles fósiles por su contribución al cambio climático y la contaminación y porque son de carácter finito. Respecto a la nuclear, cuestiones como la energía de fusión o los reactores de fisión de IV generación, lejos de suponer una opción viable, segura, no contaminante y renovable de producción de energía, a día de hoy sirven sobre todo como carne de noticiario sensacionalista. Por tanto, la tarea consiste en lograr un aprovechamiento de las fuentes de energía renovables (solar, eólica, biomasa, hidroeléctrica y geotérmica) bajo dos condiciones irrenunciables de partida: que ese aprovechamiento sea realmente renovable y que sea de carácter democrático y popular (en el sentido socialista y revolucionario de los términos).
Una vez llegados a este punto, cabe preguntarse a qué escala debiera de desplegarse y cómo de tecnificado debiera de estar dicho modelo productivo. Esta es quizá una de las preguntas más complejas, ya que cuanto mayor es la escala y el grado de tecnificación, mayor es también su impacto ambiental y el grado de alienación (separación) de las personas que consumen la energía respecto a su producción. Por el contrario, esa mayor escala productiva y tecnificación implica, por regla general, un aumento en la productividad, y por tanto, en la capacidad excedentaria. Y el excedente productivo de una sociedad es el que permite su complejización, la división social del trabajo y el desempeño de funciones especializadas. Es decir, la condición para que en una sociedad puedan existir médicos, artistas, profesoras, científicas o ingenieras es que una parte de esa sociedad produzca de forma excedentaria las necesidades básicas del resto, de tal modo que ese resto pueda dedicarse al desarrollo de otras tareas.
Entendiendo que ese excedente se gestionaría de forma colectiva, sin la participación de un sistema de división de clase que imponga el acceso desigual a dicho excedente, a dicha riqueza social, ¿cómo de compleja (en el sentido del grado de especialización y de división social del trabajo) creemos que debiera de ser la sociedad? ¿En qué medida es necesaria la existencia de un excedente productivo que permita la especialización de un parte de la población? ¿Hasta dónde se podría escalar la producción de energía sin que se viera comprometido su carácter sostenible y democrático, sin que se convirtiera en un sistema productivo alienante? ¿Cómo resolver esa tensión existente entre escala-tecnificación-productividad-impacto ambiental-autonomía? ¿O es posible un modelo energético descentralizado y con gran capacidad excedentaria? Y llegados a este punto, ¿es posible un modelo de producción energética fuertemente excedentario (ya sea a pequeña o gran escala) sin la participación de los combustibles fósiles? ¿Cuál es la Tasa de Retorno Energético de cada una de las fuentes de energía que queremos desarrollar?
Todas estas preguntas, para las que como es obvio aún no tenemos respuesta, identifican una serie de contradicciones sobre las que entendemos que debiera pivotar el debate en torno a la cuestión energética. Son contradicciones que quedan patentes cuando volvemos a Statkraft y a los parques eólicos que actualmente se proyectan en nuestro territorio. Históricamente ha sido un lema socorrido aquel de Ez hemen, ez inon (ni aquí, ni en ningún lado), que se articulaba ante este tipo de megaproyectos: véanse las nucleares, el Tren de Alta Velocidad, el fracking, la incineradora de Zubieta, Aroztegia, los eucaliptos… En todas ellas, el movimiento de oposición (o al menos una parte importante del mismo) estaba en disposición de impugnar en su totalidad la lógica interna de cada iniciativa. A nadie se le ocurriría reivindicar “Fracking sí, pero no así” o “Eucaliptos no en mi valle”. Al menos a nadie que merezca nuestro interés. En esta ocasión, sin embargo, es más complicada esa enmienda a la totalidad, y muestra de ello son los lemas que ya van generalizándose: “Renovables sí, pero no así” o “Eolikoak mendietan Ez (Eólicos en las montañas no)”. De lo que se deduce que de alguna otra manera o en algún otro lugar, sí que debieran de instalarse las eólicas.
Desde nuestro punto de vista, mientras las contradicciones que hemos identificado previamente sigan sin estar resueltas, difícilmente se podrá abordar en profundidad y en su totalidad la cuestión de la energía, y en particular la de las energías renovables. Se trata de una problemática compleja, cuya resolución no se dará de un día para otro, ni depende únicamente de lo que podamos aportar nosotras. De ahí nuestra invitación al debate a todas aquellas que tengan interés en profundizar en la materia, particularmente en las preguntas que hemos ido desarrollando hasta ahora.
No obstante, y más allá de los avances que pudiéramos realizar a nivel teórico, nunca podemos olvidar que el mundo sigue girando bajo nuestros pies y cada vez más proyectos como el de Statkfraft van a ir presentándose y tratando de imponerse con mayor o menor suerte. Es por ello que también hemos de ser capaces de articular una respuesta efectiva para cada caso inmediato, que nos permita además condicionar la realidad en una dirección revolucionaria. Ante ello, y cerrando el análisis de hoy, esbozamos algunas de las claves que consideramos importantes en la articulación de dicha respuesta inmediata:

  • Planificación y lógica capitalista. Es importante reivindicar que el desarrollo de este tipo de infraestructuras sea fruto de una planificación previa y no del impulso especulativo al calor de cada situación coyuntural. A día de hoy, por ejemplo, el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables aún está en fase de tramitación, y sin embargo, ya se están impulsando numerosos parques eólicos y solares. A ese respecto, no podemos obviar que la planificación territorial actual, a cargo del Gobierno Vasco, se establece según los criterios de racionalidad capitalista (de nuevo, lo público puede ser perfectamente capitalista), y que por lo tanto, planes como el de Energías Renovables tienen por objetivo, en última instancia, garantizar el correcto desarrollo del capitalismo en nuestro territorio. Por ello, éste ha de ser uno de los principales campos de batalla, aunque solo sea desde la negación, en tanto que a nivel propositivo nos toparíamos de nuevo con las contradicciones de base que hemos citado anteriormente: ¿cómo sería una planificación territorial socialista y revolucionaria, de carácter realmente sostenible y democrática, que asegurara unas condiciones de vida dignas y de calidad para toda la población?
  • Destrucción de recursos no renovables y ecosistemas frágiles o escasos. Evitar la alteración irreversible de recursos no renovables, principalmente suelo fértil y regímenes hidrológicos, así como de ecosistemas de especial interés, principalmente aquellos incluidos en la Directiva Habitats 92/43/CEE.
  • Derecho a veto y participación popular. En última instancia a cada municipio se le debiera de conceder el derecho a veto mediante consulta popular vinculante sobre los proyectos que fueran a implantarse dentro de sus límites.
  • Socialización de los beneficios. Desde el momento en que consideramos ilegítima toda propiedad privada sobre el capital, entendemos que la totalidad de la plusvalía generada por este tipo de proyectos debiera de socializarse entre las trabajadoras y los habitantes de los territorios afectados. Ese debería de ser el punto de partida de toda negociación al respecto.

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  1. Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables de Euskadi. Gobierno Vasco, 2021. https://www.euskadi.eus/euskadiko-energia-berriztagarrien-lurralde-plan-sektoriala-egiteko-prozesua/web01-a2energi/eu/
  2. Balance Energético de Navarra 2020. Gobierno de Navarra. Nafarroako Energia Balantzea 2020. Nafarroako Gobernua. http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/58064B90-D979-4F3A-9E2B-1ABE4201E0CD/477025/BalancesenergeticosdeNavarra2020.pdf
  3. También podría suceder que, en virtud de alianzas internacionalistas de libre asociación, otras regiones asumieran el peso de la producción de la energía. Aunque, ciertamente, parece algo ingenuo pensar que en otros lugares vayan a querer asumir las consecuencias de aquellos que nosotras rechazamos. Es este un debate que no abordaremos en el presente texto.

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