Si no hay sorpresas, Castilla y León será la siguiente comunidad autónoma en la que haya elecciones y será a principios de 2026. Estamos, por tanto, en año electoral.
La concepción de Castilla y León tanto dentro como fuera se resume a una serie de tópicos con décadas de antigüedad: Castilla y León: Una comunidad autónoma ficticia, un engendro administrativo resultado del café para todos. “Estudia y vete”. Creada para beneficiar a Valladolid. Es más grande que Portugal. Solo tiene agricultores y jubilados. Algunos tienen más fondo real que otros, pero todos apuntan en la misma dirección: Castilla y León es una comunidad autónoma fallida, especialmente si la comparamos con las que llenan titulares tipo Cataluña, Madrid, Andalucía…
Vamos a abordar la realidad de la Castilla y León realmente existente en 2025 a la luz de su economía política. Para ello, primero es necesario invertir cuatro tópicos generalizados sobre Castilla y León que falsean su coyuntura socio-económica: (1) que es un territorio sin industria, (2) que es un invento político sin sentido, (3) que es cortijo de la derecha y (4) que es una comunidad autónoma fallida. Después de este recorrido, vamos a intentar aportar luz a las tendencias que podemos esperar en el poder político existente en Castilla y León. Para ello, primero hay que analizar la superficie visible de ese poder: el sistema de partidos y su dinámica. Más adelante, profundizaremos en los elementos que el sistema de partidos oculta y que dan pistas de dónde están los resortes de ese poder político realmente existente.
Granero de España
La idea de que las 9 provincias que constituyen Castilla y León son un simple granero de España tiene un fondo de verdad, pero no es toda la verdad. La idea de la meseta cerealista que ayudaron a construir hace un siglo un puñado de poetas sigue pesando sobre las generaciones vivas y su imagen se expande desde Tierra de Campos hasta los 94mil km2 que comprenden desde el sil a las Loras, desde la Peña de Francia al Moncayo. Pero la idea de la meseta cerealista pesa no solo por unos versos, sino por la persistencia de un perfil económico exportador de material primas, especialmente agrarias: en 2010 era la autonomía que más flujos materiales aportaba a conjunto de extracción interior en biomasa agraria (21% del total) y combustibles fósiles (28% del total). Del mismo modo la aportación al PIB regional del sector primario es el doble a la media española.
Aun así, hay que señalar que esa realidad como granero no es algo ni generalizado a todos los territorios, ni tampoco intrínseco, sino que es una novedad relativamente reciente y vinculada a la industrialización. Los restos de la estructura económica del antiguo régimen, como la industria lanar, textil o la agricultura cerealista en secano fueron solo el punto de partida de las transformaciones que dieron lugar a la configuración económica actual. La importancia de provincias como Valladolid, Palencia o Zamora en la producción masiva de cereal o remolacha azucarera se consolidan a mediados del siglo XX y no antes.
Pero esa preeminencia agraria comparada con otros territorios no debe ocultar, aunque lo haga, que en Castilla y León existe un tejido industrial relevante y numeroso. Baste decir que en Castilla y León hay según la EPA unos 171.000 trabajadores industriales. Una cifra muy parecida a los que hay en Galicia, no muy lejana de los 200.000 que hay en la Comunidad Autónoma Vasca y más del doble de los que hay en Navarra. En proporción sobre el total de ocupados, Castilla y León tiene un 16% de trabajadores industriales, lo que se sitúa por delante del País Valenciano y muy cercano a Cataluña. Si atendemos al detalle, descubrimos que provincias como Palencia, Soria, Valladolid o Burgos tienen un porcentaje de ocupados en la industria similar al de las provincias vascas, y a la vez que Zamora y León tienen valores muy similares a los de Asturias. Con los datos en la mano, resulta claro que no se puede hablar de que Castilla y León sea un conjunto de territorios totalmente en desindustrializado.
Pero entonces opera la idea de que son industrias de poca entidad y por lo tanto atrasadas con respecto a los polos industriales consolidados desde hace casi dos siglos en la costa cantábrica o mediterránea, o posteriormente en Madrid. De nuevo, esta concepción tiene parte de verdad, pero oculta que Castilla y León de los territorios del interior peninsular tiene más ocupados, más inversión extranjera directa y más exportaciones que el resto (Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha).
Que Castilla y León sea la comunidad autónoma que despunta moderadamente en números industriales ¿Cómo casa con la innegable sensación de abandono, con el evidente envejecimiento poblacional y la despoblación? Pues por el contraste entre una actividad agro-industrial (cultivo en secano o regadío, explotaciones ganaderas) repartida de forma muy homogénea por el territorio frente a unos polos industriales concentrados en puntos muy definidos. Tanto, que la estructura económica de la comunidad autónoma parece no tener ninguna coherencia interna, lo que nos lleva al segundo tópico: Castilla y León es un engendro administrativo.
Engendro
Un embudo hacia Valladolid. Una comunidad autónoma generada con sobras para no molestar más a los que consideraban que darle comunidades autónomas a Cataluña, País Vasco y Galicia era suficiente…y se encontraron con una docena de estatutos de autonomía. Una comunidad autónoma ficticia juntando regiones que no tienen nada que ver.
Todos los lugares comunes que se vierten sobre el proceso autonómico tienden a minusvalorar que el grito “libertad, amnistía y estatuto de autonomía” se recibió también con entusiasmo en “Castilla-León”. Dentro del convulso periodo que se abre con el final de la dictadura, las movilizaciones “regionalistas” en esta zona son menores en comparación con las huelgas obreras o estudiantiles. Pero consiguieron romper la hegemónica preferencia por un modelo de Estado centralista, sin autonomías ni “concesiones”. Las movilizaciones pro autonomía no fueron relevantes tan solo en Villalar de los Comuneros, pero su desigual respaldo (diez veces más en Valladolid que en Burgos, Salamanca o Palencia) y contenido (la movilización en León desde el principio apuntó a la autonomía uniprovincial) ya daban pista del tortuoso camino que esperaba.
En todo caso, este respaldo a los pocos años dejó un regusto amargo por el resultado global del proceso. Mientras se crearon las autonomías de Cantabria y La Rioja, Segovia se incluía “por decreto” en Castilla y León, a Burgos se le negó la prometida capitalidad regional y en la provincia de León se daba un proceso autonómico como poco sospechoso que no terminó hasta que hubo sentencia del Constitucional. A partir de ahí, mientras otras autonomías iniciaban un proceso orgulloso de identificación territorial que rompía con el monocolor del franquismo, en Castilla y León se encontraron ante un vacío que aún hoy hay quien pretende rellenar. Y es que, a pesar de los intentos, Castilla y León no es un marco territorial que exista por tener unos rasgos “nacionales” definidos, homogéneos hacia el interior y excluyentes hacia el exterior. Pero tampoco ha sido un capricho ni un fruto del azar.
Castilla y León es un marco territorial carente de nítidos antecedentes históricos y culturales. No hubo un reino de Castilla-León, ni un “país castellanoleonés” en los siglos pasados. Tampoco ha habido una cohesión interna en lo institucional, más allá de alianzas puntuales, inestables y endebles entre diputaciones. Lo que si ha habido es una fuerte inercia económica que le lleva a funcionar como un marco unitario que toma cuerpo en 1983. Esto es así desde hace siglos, cuando el absolutismo deshizo en lo fundamental las rígidas diferencias previas entre reinos, señoríos, comunidades, villas y realengos al elevar por encima de ellas las instituciones económicas centrales de la Corona. Lo que vendría después profundizó esa unificación económica sin su correlato institucional: la acumulación de capital operaba en el territorio sin mediación de instituciones que no fueran las de Madrid. La llegada plena del capitalismo en el siglo XIX lo hace de la mano de una rearticulación provincial en 1833 que, si bien nombra regiones, no las dota de contenido. Lo que sí hace es utilizar el nuevo esquema provincial –y de capitales provinciales- para configurar las infraestructuras que harán posible el despliegue del mercado, la industria y todas sus instituciones emparentadas: banca, policía, prensa, escuelas técnicas…
La llegada abrupta, irregular y calamitosa de la industria a estos territorios permite entrever para el siglo XX que de todo el mar de trigales y ganado destacan las zonas mineras en las montañas leonesa y palentina y un cuadrilátero tímidamente industrial entre Valladolid-Palencia-Burgos-Aranda, ganador de los polos industriales del franquismo. Estos dos atractores de actividad industrial, distintos pero complementarios, definirán los contornos del “engendro”. Primero, porque consuman la transformación completa del territorio antiguo al territorio capitalista. La preeminencia de la geografía económica sobre la vieja institucionalidad terminó de enviar las viejas formas de organización territorial a un plano de irrelevancia, sino de desaparición. Fueran reinos, coronas, comunidades o concejos. Y es que “Ya Don Quijote, por otra parte, hubo de expiar el error de imaginar que la caballería andante era igualmente compatible con todas las formas económicas de la sociedad”.[1] Segundo, porque a partir de ahí se impone una estructura de centros de gravedad urbanos en los que destacan las ciudades más industrializadas y entre todas ellas una: Valladolid. Tercero, porque la promesa del desarrollismo español incluía la idea de una interminable construcción de infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, redes de comunicaciones y energéticas, aeropuertos) que conllevarían la vertebración del territorio, la cohesión de los núcleos de población y la corrección de las desigualdades.
El resto es historia reciente, titulares de prensa. La trituradora capitalista anegó valles, urbanizó prados, gentrificó ciudades y vació pueblos. El centralismo de Madrid se reprodujo de forma exacta en Valladolid. La promesa de infraestructuras llegó, pero no para vertebrar el territorio, cohesionar poblaciones y corregir desigualdades, sino para todo lo contrario. La principal consecuencia es que gran parte de la población habita territorios que pasan a ser de segunda, bien por una falta de desarrollo en comparación con otros, bien por un declive abrupto, lo que repercute en la vida de esas poblaciones creando una brecha territorial palpable.[2]
Territorios que pasan a ser de segunda son aquellos en las que el círculo de la despoblación arrecia, como son las en las zonas exclusivamente agrícolas o las montañosas: el cierre de servicios provoca más despoblación, que conlleva más cierres. También quedan en segunda las comarcas que se habían vertebrado en torno a industrias que se han clausurado como es el caso del carbón y las centrales térmicas en León y Palencia. Además de declive abrupto, el desmantelamiento de los ferrocarriles vertebradores del territorio (vía de la Plata, Valladolid-Ariza, Burgos-Soria…) se ha traducido en una nueva geografía de las infraestructuras orientada a unir ciudades con trenes de alta velocidad…y nada más. Ese desarrollo diferencial se acaba traduciendo en privaciones añadidas que abundan en la existencia de una brecha territorial. El caso de los recortes en sanidad lo ejemplifica, pues si bien estos recortes son generalizados, se ceban con las zonas periféricas respecto a la capital-no-oficial (ejem, Valladolid): El Bierzo no tiene personal para atender el hospital, las consultas en las Arribes se pasan semanas sin abrir, el Valle del Tiétar y las Merindades tienen que ser atendidas en otras comunidades autónomas…
Por supuesto que hay parte de verdad dentro de un aluvión de anécdotas que en la era del clickbait, el agravio y el resentimiento son instrumentalizadas como arma partidista. Por mucho que el marco territorial tenga explicaciones, el espectro del engendro asoma constantemente. La geografía económica que se sancionó con la creación de la autonomía llevaba inscrita la concentración industrial y el sacrificio del resto del territorio. Eso no se votó por nadie en ningún momento. De hecho, la creación de las autonomías llevaba en su declaración de intenciones la corrección de los “desequilibrios territoriales”. Si el proceso autonómico fue amargo, su consolidación fue peor. Así está siendo. Pero eso no significa que no se haya votado nada.
Cortijo de la derecha
En Castilla y León se vota, como en toda la UE. Pero a diferencia de casi toda la UE, en Castilla y León se lleva votando con tal continuismo que el gobierno autonómico lleva desde julio de 1987 en manos del mismo partido: el Partido Popular (PP). 38 años. Aun habiendo perdido las mayorías absolutas de otras décadas, el PP autonómico consiguió mantener la presidencia apoyado en Ciudadanos (2019) y Vox (2022).
Para entender realmente por qué esto ha venido pasando con tanta contundencia hay que comprender qué es el PP de Castilla y León. Estamos hablando de un partido que en las elecciones municipales saca casi un 20% de los más de 2000 Ayuntamientos de la comunidad autónoma sin necesidad de elecciones: es la única lista. El PP es la organización más territorializada de la comunidad autónoma. El Sacyl no llega a todas partes, el PP sí. Primera pista.
También conviene mirar qué ha hecho el PP desde esa cómoda presidencia. A diferencia de otras comunidades gobernadas de manera apabullante por el PP durante décadas como Madrid o Valencia, el PP de Castilla y León no ha estado salpicado constantemente por polémicas provocadas al estilo de Ayuso ni por escándalos descubiertos como ocurrió con Camps. El PP de Castilla y León mantiene un perfil funcional, casi transversal, cuya acción inapreciable hace también inaudible la existencia de oposición política. El PP de Castilla y León ha conseguido, incluso con Vox en su gobierno, hacer pasar su gestión por una pura administración apolítica de los asuntos. Segunda pista.
Vamos a seguir buscando en sus políticas concretas. Por ejemplo, las de vivienda. La política de vivienda de la Junta de Castilla y León ha sido virtualmente inexistente durante décadas, pero su voluntariosa iniciativa desde 2021 de promover la construcción de viviendas para “emancipación juvenil” le ha hecho merecedor de elogios del gobierno de Pedro Sánchez. En 2024 la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACyL) modificó sus estatutos para hacerse cargo de la gestión del creciente parque de vivienda en alquiler que ya tiene la Junta. Una apuesta por amortiguar la evidente crisis de vivienda que existe en media Europa sin contrariar al inmenso bloque de pequeños rentistas que posee gran parte del parque de vivienda privada, absorbiendo al segmento más conflictivo de inquilinos y, por supuesto, sin intervenir directamente el mercado inmobiliario. Hasta aquí, realmente no hay nada que no estén haciendo el resto de comunidades autónomas…o el propio gobierno del Estado. Las únicas cuestiones utilizadas por el Gobierno autonómico en materia de vivienda marcadamente de derechas son simbólicas, como la creación de inútiles oficinas de atención a la okupación que solo han servido para echar por tierra su campaña anti-okupación. O como las declaraciones constantes contra la Ley de Vivienda en su negativa a declarar la existencia de zonas tensionadas, a pesar de los deshabitados precios que se padecen en ciudades como Segovia o Salamanca. En resumen: la política del gobierno de Castilla y León, de indiscutida derecha, es tan similar al del resto de gobiernos autonómicos (gobernados por el PSOE, el PNV o ERC) que resultaría difícil pensar que exista margen para una política diferente dentro del marco autonómico. Tercera pista.
Analicemos entonces la política industrial de Castilla y León. Este es un asunto de especial interés porque sí que existe tal política. Tras la incorporación del Estado Español a la Unión Europea la política industrial se ha limitó a adaptarse al mercado europeo, homologando normativas y facilitando la circulación de capital. El resultado está azotando a todo el bloque en esta segunda década de siglo XXI, por lo que la política industrial activa ha vuelto a marchas forzadas por el giro proteccionista del resto de potencias y los evidentes problemas de suministro que se sufrieron en la pandemia de COVID19 en 2020-21. En esto Castilla y León llevaba cierta delantera. En la primera década de los 2000, el gobierno de Juan Vicente Herrera se encontró con que la crisis económica global arrasaba el sector de la construcción, con que el sector de la automoción amenazaba con cerrar las fábricas de Valladolid y Palencia por la falta de pedidos y, para colmo, en 2010 el Consejo Europeo puso fecha de cierre para la minería de carbón: 2018. Conscientes de que la las bases económicas que justificaban la existencia de la comunidad autónoma pendían de un hilo, se activaron todos los mecanismos para resistir. El PP–CyL entró en conflicto con el PP central en una defensa beligerante del sector minero. Para entonces la generación eléctrica con carbón era un lastre en las cuentas de resultados de todo el sector eléctrico tras una década apostando por los Ciclos combinados de gas natural, por lo que el conflicto real era con las grandes empresas energéticas. Un conflicto que el PPCyL estaba condenado a perder.
A la vez, la Junta inició una dinámica de trabajo con Renault-Nissan para asegurar a cualquier precio la carga de trabajo y las inversiones en Valladolid, Palencia y Ávila. El resultado han sido los Planes Industriales de Renault, una herramienta para pactar entre la Junta y la empresa cuantos millones del presupuesto público se van a entregar a la empresa a cambio de asegurar carga de trabajo. Tras dos planes industriales desde 2014, la Junta sistematizó el proceso mediante la figura de los Proyectos Industriales Prioritarios, que hoy se utilizan para Renault, Nissan, Latemaluminium, Network Steel y Kronospan. Estos proyectos avalan el interés público de lo que sea que necesiten las empresas: trámites urbanísticos, concesiones, subvenciones, formación… El uso estos planes o similares (como los de I+D+i), combinado con los bajos salarios en comparación con otras comunidades (ver gráfico adjunto) y la disposición de un sistema universitario a disposición de las empresas ha abierto la puerta al crecimiento de nuevos polos industriales basados en las inversiones extranjeras, como el emergente polo farmaceútico de León. El PP-CyL no pudo evitar el cierre de la minería ni de las centrales térmicas. Tampoco el cierre de la central nuclear de Garoña. El oligopolio energético juega en otra liga. Pero en la liga regional a la que juega, la política de polos industriales tiene ecos a los planes de desarrollo de los tecnócratas de Franco: industrialización a través de la captación de inversión extranjera directa a cambio de suelo barato, infraestructuras regaladas y mano de obra barata, formada y pacificada. Es un modelo y es su modelo. Lo que cabría preguntarse es ¿para qué? La respuesta más probable que encontraríamos es “para retener población” y defender la existencia tal cual existe de la comunidad autónoma. Lo cual, como hemos visto, es defender una geografía económica muy determinada. Cuarta pista.
Agrupando todas las pistas, tenemos una organización territorializada, que gestiona más de lo que polemiza, que hace políticas “de Estado” más que partidistas que persiguen el mantenimiento de la institución autonómica. La conjetura más sólida que podemos trazar es que la “fuerza política PP-CyL” deja de parecerse a un partido político y empieza a tomar forma de una institución de gobierno. La Junta de Castilla y León habría subsumido al Partido Popular, por lo que las fronteras entre el Partido y la Institución se difuminan sin poder delimitar claramente donde acaba uno y empieza el otro. Estamos ante un Partido-Estado. Esto explicaría el poco recorrido que han tenido las facciones minoritarias que han entrado al gobierno de la Junta, en 2019 Ciudadanos y en 2022 Vox.
Autonomía fallida
La idea de que una comunidad autónoma española sea “fallida” es tramposa, hay que cribarla. Por lo general, es una de esas afirmaciones que dice más de quién la sostiene que de lo que se enuncia. Cuando sectores empresariales dicen que la autonomía no ha funcionado es que no ha funcionado para sus negocios. Cuando lo dicen determinados actores políticos es, de nuevo, que no han sido capaces de insertarse en ella. Cuando lo dicen agentes culturales o comunicativos es por la frustrante imposibilidad de intervenir sobre una población cohesionada, como sí pueden hacer en otros territorios. Cuando lo dicen entidades de todo tipo defraudadas por la corrupción, la laxitud normativa o la degradación socio-ambiental, lo que revelan es una confianza injustificada en el marco institucional español.
Y es que, a pesar de las grandes declaraciones, la democracia española sabemos que reposa en la derrota de su proletariado. Una derrota militar en 1936-39, luego un aplastamiento político y cultural en el largo ciclo del desarrollismo 1959-1973 y luego una nueva derrota política que incluyó nuevos pactos y capitulaciones entre 1973 y 1982. Entre esos pactos estaba todo el modelo territorial y social que lleva casi 50 años vigente y que sobrevive a pesar de sus pesares. En Castilla y León la dinámica de lucha política proletaria del siglo XX tuvo también una gran potencialidad y fue aplastada por una reacción brutal, pero quedarnos con esa imagen no ayuda a explicar cómo es posible que estemos décadas después ante unos territorios con una actividad industrial importante y en los que se combinan altas cuotas de legitimidad política con unas también altas cuotas de desafección identitaria. Nos preguntamos: ¿cómo pueden cientos de miles de proletarios combinar paz social con alta desafección?
Para encontrar explicaciones a la pregunta vamos a ofrecer un análisis de los agentes sociales que hoy capitalizan la representación social y cuáles son sus relaciones. Dejando de lado la representación política que se abordará extensamente en una segunda parte, la representación social de la población recae principalmente en asociaciones patronales, sindicatos e instituciones.
Las asociaciones patronales tienen una relevancia singular si tenemos en cuenta que la comunicación pública de la comunidad está exclusivamente en manos de empresas privadas, no existiendo una radio-televisión autonómica que pudiera ser instrumentalizada por la Junta y equilibrara los movimientos mediáticos que desde las distintas empresas de comunicación (Vocento, Promecal, Editgrup). En todo caso, el poder patronal tiene un carácter muy provincializado, apoyado en empresas potentes dentro de alguna provincia, pero ninguna generalizada en toda la autonomía. Dentro de la patronal hay un grupo especial que serían las asociaciones “profesionales” agrarias (ASAJA, COAG, UCCL) que tienen un carácter de masas por la estructura productiva del campo, como se ha demostrado en las movilizaciones de 2024. Respecto de los sindicatos, como en casi toda España, la hegemonía en la representación sindical la detentan CCOO y UGT, seguidas de lejos por CSI-F, FSIE, CGT, USO y otros sindicatos en su mayoría corporativos. Aun con las limitaciones del sistema electoral sindical y los amplios sectores no representados directamente, estos datos hay que tomarlos con perspectiva: hablamos de la elección de 16.000 delegados sindicales de un total de 800.000 asalariados, aproximadamente 1 delegado por cada 50 trabajadores asalariados. (Pensemos que, aplicando el mismo ratio, tocamos a 1 concejal cada 200 vecinos).
Las administraciones, por su parte, son básicamente las autonómicas, las diputaciones y los ayuntamientos, con la particularidad de la comarca del Bierzo, única comarca reconocida con instrumentos propios de gestión.
Estas instancias de representación se han organizado en Castilla y León de manera pionera en el llamado Diálogo Social, una fórmula de institucionalización de la representación social. Ya en 2008 la Junta creó el organismo que desde entonces se ha ido replicando en diputaciones y ayuntamientos a efectos de validar las políticas públicas de empleo o vivienda, pero que también tienen una relevancia en los Planes Industriales de los que se ha hablado. El contexto en el que se inaugura este Diálogo social es relevante: la crisis del automóvil desencadenada con la crisis financiera global combinado con el anuncio del cierre de la minería. El diálogo social sirvió de impulso para mostrar “unidad de acción” ante la crisis social que se anunciaba. Una vez estabilizada la situación, también se sistematizó la contrapartida a participar en estos foros: la recepción de subvenciones no solo para formación, sino también para la creación de entidades como el servicio privado de mediación laboral SERLA, al que desde 2015 la Junta de Castilla y León concedió el monopolio de las mediaciones prejudiciales vaciando sus servicios de mediación públicos. ¿Qué nos dice esto? Que la comunidad autónoma tiene importantes mecanismos de representación social, además de la parlamentaria, que actúan de forma mancomunada con la administración autonómica. De nuevo encontramos, por otra vía, cómo la acción de gobierno de la Junta se despolitiza y se muestra como una mera gestión dialogada de los “asuntos comunes”.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León muestra así su utilidad política: la despolitización. Demostrar que el modelo de “regionalización” española puede traducirse en un sucursalismo, una cesión de competencias para que sean gestionadas sin controversia ni ruido. Sin conflicto. Esta es la imagen que un sector del PP está encantado de proyectar, aunque contravenga a las estrategias de otros sectores del PP dispuestos a ir a la guerra santa contra el Sanchismo, lo woke o cualquier otra estrategia de marketing electoral. En este sentido, la comunidad autónoma es un éxito para un determinado modelo de regionalización española.
Pero no lo sería si no hubiera sido capaz de resistir a las sucesivas crisis económicas que se han sucedido. Estamos hablando de que Castilla y León se superpuso sin severas transformaciones de la reconversión industrial de los 80, de la crisis de inflación de los 90, de la crisis financiera global de 2008, de la crisis por la austeridad europea 2010-2014 y del impacto de la Pandemia de 2020. Sobrevivir a las crisis ha tenido un coste que se visibiliza en zonas concretas: toda la zona minera asolada tras la reconversión, toda la zona rural profundizando en la despoblación de décadas. Este coste tiene su traducción electoral que ha asomado tímidamente desde 2019 pero aún no suponen un reto político completo. En todo caso, todas las opciones que se presentan refuerzan el modelo de desarrollo que hemos caracterizado: polos de desarrollo para la captación de inversión extranjera directa a través de ventajas competitivas: suelo y mano de obra barata.
Desde un punto de vista más general, la pregunta que debemos hacernos es ¿para qué existen las comunidades autónomas? Dejando a un lado las declaraciones de intenciones de cada ley, incluidas las del Estatuto de Autonomía, a la vista de su función socio-histórica la Comunidad Autónoma de Castilla y León lo que ha garantizado es 40 años de continuidad del modelo de desarrollo español iniciado en los años 60: polos industriales mediante inversión extranjera, mecanización del campo, extracción de recursos naturales…garantizados por la paz social concertada. El modelo de desarrollo español fue un caso de éxito en la incorporación acelerada de una economía atrasada por la guerra y la autarquía en un marco de acumulación de capital funcional y homologable al resto de su plataforma geo-económica: la Unión Europea. Cuando el franquismo no fue capaz de sostener ese modelo por no poder garantizar la paz social, se reconvirtió. La homologación europea se ha consumado con creces desde 1986, con la incorporación al Euro, con la aceptación de la austeridad en 2010 y finalmente con la consagración de España como actor político dirigente del bloque europeo en las crisis inflacionarias y geopolíticas de 2020-2022.
Castilla y León es, desde esta perspectiva, un capataz territorializado del poder capitalista. Hasta ahí nada diferente, todas las instituciones del capitalismo europeo son, en cierto modo, cadenas de transmisión de las decisiones del mando centralizado en Bruselas. La particularidad de Castilla y León se encuentra en que, a diferencia de otros marcos territoriales, su aparente despolitización despoja al marco institucional autonómico su carácter de poder político centralizado de la clase dominante territorial, y por lo tanto, se desdibuja como actor central de la lucha de clases, confinando la misma a la escala local o dirigiéndola exclusivamente contra la escala española.
Estamos por tanto ante un paradigma de éxito. Un marco institucional garante de la acumulación capitalista perfectamente engrasado que además, supone una alternativa extensible a otras regiones territorios o países europeos enteros. Por estas líneas son de especial interés para quienes militamos en este territorio, pero también pueden servir de referencia para otras geografías a las que se pretenda imponer este modelo.
Queda pendiente una aproximación más actual sobre las fuerzas políticas realmente existentes y sus anudamientos sobre las fuerzas vivas de la sociedad. Empezamos con su sistema de partidos.
La piel del poder: los partidos políticos
Para empezar, es necesario dividir el sistema de partidos existente en 4 partes que permiten ver qué está pasando: (1) Vox y la ultra derecha, (2) el PP-CyL, (3) el PSOE-CyL y (4) el resto de partidos de oposición: izquierdas, municipalismo y regionalismo.
Sobre Vox y la ultraderecha, resulta innegable que en los últimos años es el espacio político que lleva la batuta de la actualidad, marca los temas y los tiempos. La victoria de Trump consolida la estrategia de manipulación masiva de masas desplegada durante los últimos años por los multimillonarios occidentales, con Musk a la cabeza. Esta potencia política que marca el momento nos obliga a empezar diseccionando este espacio político que además tiene en Castilla y León una especial relevancia.
La Junta de Castilla y León fue la primera institución española a la que entró Vox a gobernar. Aun con la poca relevancia de esta autonomía, el hecho fue notable al romper la lógica del cordón sanitario que el espacio político de centro-derecha que encarna el Partido Popular Europeo. Ninguno de sus socios había abierto las puertas de gobiernos al espacio político de la derecha radical o la ultraderecha europea. Pero Mañueco tenía claro que lo que se juega en Castilla y León es sobretodo Castilla y León, lo demás es secundario.
El balance del paso por el Gobierno de la Junta ha generado titulares constantes bien merecidos. En conjunto, resulta muy ilustrativo para confirmar la tesis que concluimos anteriormente sobre la naturaleza institucional de la Junta de Castilla y León y el funcionamiento del Partido-Estado que es el PPCyL: el fundamento político de la autonomía de Castilla y León es negar su carácter de institución política. Ejercer el poder político sin mostrarlo. Incluir en esa ecuación a un enfant-terrible como era Vox en 2022 era una apuesta arriesgada que podía hacer descarrilar el modelo. Pero ya en 2025 vemos que aún antes de la salida del gobierno, Vox no iba a poder romper la “Matrix” del PPCyL.
Vox en la Junta de Castilla y León ha sido un cero a la izquierda en cuanto a gestión de asuntos públicos. Sus puestos han sido una plataforma eficaz para colocarse en la agenda pública constantemente a través de la proyección de la figura de Juan García-Gallardo como barón regional nacionalista de la política española. Presentándose en las manifestaciones de Ferraz rodeado de neonazis en noviembre de 2023, dando el mensaje de Navidad con un Belén detrás o grabándose vídeos chuscos alertando de la presencia de moros y negros en Medina del Campo o Villarodrigo. Un formato de agitación exitoso a costa del presupuesto público de la comunidad. Una inversión más que rentable para el Partido-Estado PPCyL.
Vox salió de los gobiernos autonómicos en los que estaban en julio 2024 con Juan García-Gallardo dibujando una amplia sonrisa en su cara y abrazando a Buxadé, el rompetechos al mando de la operación. No solo pasaba a ganar más dinero teniendo menos responsabilidad, si es que era posible, sino que su estrategia de la tensión se mantendría intacta desde la oposición. En los meses que siguieron la estrategia de la tensión demostró sus límites en una de las bazas que estaba jugando Vox: tensionar los pactos de gobierno locales con el PP a costa de los inmigrantes. Burgos reaccionó respaldando las ayudas a las ONG que trabajan con inmigrantes. Instituciones de la Iglesia Católica como Caritas dieron la espalda a la estrategia voxista. El poder mediático y empresarial de la comunidad, que normalmente no necesita siquiera verbalizar sus deseos para que se hagan realidad, reaccionó con contundencia. La alcaldesa del PP dio carpetazo a las pretensiones de Vox y aunque les permitió venderse como gente recta ante su cámara de eco en redes, ante la opinión pública de Burgos recibieron un descredito irrecuperable.[3] Vae Victis. Apenas unas semanas después otro escándalo en las filas del partido fraccionaba el grupo parlamentario en las Cortes y al grupo de Vox en Salamanca, desencadenando la dimisión y la salida de Juan García-Gallardo de todos sus cargos orgánicos en Vox y llevándole a una posición lamentable de declarar lealtad pública a un partido desde el que le están vilipendiando. Sera ese el honor que predican, ininteligible para el vulgo.
Vox no es una maquinaria electoral perfecta, a pesar de que su trabajada y bien financiada comunicación política nos lo proyecte todo el tiempo. Tampoco son un cuerpo fascista de masas que siembra el terror en las calles. Por no tener no tienen ni militancia territorial para presentarse más que en un puñado de Ayuntamientos. Su iniciativa sindical, Solidaridad, ha demostrado ser un bluff: ¿recuerda alguien que convocaron una Huelga General el pasado 24 de noviembre de 2023? En lo que nos afecta, son sobre todo un dispositivo de agitación y comunicación para colocar determinados mensajes. En algunos casos con éxito, como con el concepto de MENA para hablar de huérfanos y niños migrantes. En otros con poco recorrido como la cuestión de la okupación en Castilla y León, desbordada por una demencial crisis de vivienda.
En todo caso, con Vox o sin Vox el espacio político de la derecha radical y la ultraderecha ha venido para quedarse. De hecho, era una anomalía ibérica que ese espacio no hubiera crecido unos 10 años antes, como ocurría en casi todo occidente. Su estrategia de tensión ha conseguido eficazmente desplazar el marco político general para introducir elementos antes impensables. Por ejemplo, para poder normalizar la defensa de un genocidio brutal y televisado como hemos visto con Gaza desde 2023.
Pero si la iniciativa política estos últimos años la ha estado llevando Vox y su espacio político, eso no quiere decir que ellos tengan el poder o visos de hacerse con él. Vimos en el artículo anterior, como el Partido-Estado PP-CyL era una fuerza peculiar por estar firmemente integrada en la administración autonómica hasta el punto de ser indistinguible de la misma. Claro, esto no debe simplificarse y pensar que el PPCyL no hace política, puesto que la hace activamente. Pero la hace de tal manera que consigue hacerla pasar por un sentido común perfectamente asentado y no estridente. El partido popular no se ha propuesto una transformación antropológica como la que se propuso el Partido Popular de Madrid, rehaciendo el urbanismo y colocando la ciudad a nivel global, de tal manera que hoy Madrid es incomprensible si las transformaciones del PP de Gallardón y Aguirre. En Castilla y León tenemos auténticos conservadores. Entre otras cosas, una expresión de su conservadurismo es la manera en la que articulan el poder político local con el autonómico, siempre subordinando los intereses locales a lo regional[4]. Esto, no obstante, también le supone costes políticos. A nivel local se puede ver claramente como hay enfrentamientos entre ese modelo de PP absolutamente conservador y entregada a la despolitización autonómica con otros PP que sí que necesitan un grado más de confrontación. Eso es lo que explica la disposición de la alcaldesa de Burgos a aceptar la agenda de Vox o lo que explica las diferencias con el PP de Valladolid con y sin De La Riva.
Pasemos al campo de la oposición. Las izquierdas en Castilla y León han sido históricamente minoritarias por varios motivos en algunos casos sobreanalizados: el carácter del campesinado, la estructura de la propiedad, la dispersión territorial…incluso por el clima o las costumbres. Sin embargo, estas sesudas explicaciones tienen su contrapunto en el hecho de que el poder municipal muy habitualmente ha sido permeable a candidaturas de izquierda incluso más allá del PSOE, como en el caso de Zamora con Paco Guarido.
Por tanto, la cuestión de la izquierda debe atenderse más pormenorizadamente. Por un lado, está el PSOE CyL, y por otro el resto de fuerzas. La cuestión del PSOE de Castilla y León es que se trata de una organización política desequilibrada. Desde su presidencia en la junta con Demetrio Madrid, las largas décadas que han pasado no han sido capaces de generar un aparato potente más allá de lo local, y su estructura local está en conexión directa con Madrid. Eso ha transformado al PSOE en una fuerza localista federada pero sin una organización capaz de plantarse efectivamente contra la Junta. Esa naturaleza del PSOE explica su fácil sintonía con las sensibilidades locales aun contra el criterio de su partido, especialmente dado que el PSOE gobierna el Estado. Los casos de las reclamaciones de infraestructuras, especialmente ferroviarias, son un caso claro: la ruta de la plata, soterramientos urbanos, trenes directos a Madrid…Reclamados por agrupaciones locales e ignorados o rechazados desde Madrid.
Por otro lado, está la izquierda-a-la-izquierda-del-PSOE cuya persistencia en el territorio se debe a la tenacidad e integridad de sus militantes, en muchos casos a pesar de sus vidas personales, más que al proyecto político que defienden. El mal que adolece al PSOECyL de haberse replegado a lo local es un achaque mucho más profundo en el resto de las tendencias de izquierdas, también las no electorales, recluidas en marcos locales.
A este respecto, cabe mencionar las alternativas políticas de tipo territorial. Bien sea el leonesismo, el extinto castellanismo, los movimientos tipo “españa vaciada” o las nuevas iniciativas municipalistas, el relativo éxito de estas propuestas está fundamentalmente e que asumen en positivo el localismo y lo convierten en su punto de partida[5]. De esta forma, se genera un marco propio de acción política inabordable para el resto de adversarios. Pero el principal problema de esta operación es que realiza una “negación abstracta”: niega el marco territorial de Castilla y León, pero no puede negar sus efectos.
El principal exponente actualmente de este espacio sería el leonesismo, cuyo máximo exponente es el partido UPL. Es el principal exponente porque su capacidad política rebasa lo electoral, tensiona todos los partidos y ello lo hace apoyada en un tejido comunicativo que no tiene comparación en todo Castilla y León (medios específicos profesionales como iLeón o La Nueva Crónica), con una amplia labor de agitación cultural, producción académica y actividad lúdica territorializada. No obstante, la capacidad política demostrada se enfrenta a importantes limitaciones como movimiento, sobre todo en la indefinición de la estrategia pro-autonomía.
El mapa político revela sobre todo una situación de anomia. Más allá del PPCyL, ninguna otra fuerza aparenta estar en condiciones para articular una alternativa que mire de frente a la Junta. Pero, como viene siendo ya habitual en esta última década, es que hay sucesos impredecibles que pueden hacer caer hasta las estructuras más asentadas. Lo que pasa es que estos sucesos impredecibles tienen un margen de actuación que queda acotado por estructuras sociales que no es previsible que puedan quebrarse de manera repentina.
Los pilares de esta tierra: poder político y económico
La pregunta por el poder político en Castilla y León conduce siempre a esos empresarios que, aunque discretamente, aparecen una y otra vez en noticias sobre publicidad institucional. Destacan, por ejemplo, los dueños de los grupos de comunicación dominantes: Ulibarri y Mendez Pozo. Empresarios de la construcción propietarios de las empresas que además de controlar algunos de los principales medios locales, controlan la “televisión autonómica”. Estos empresarios, que dan pista del tipo de élites realmente existentes: empresarios y terratenientes que son élites urbanas (Ponferrada y Burgos en el caso de los citados) cuyo radio de acción es principalmente provincial. Este perfil se complementa con otros 3 tipos de “élites”: los directivos y mandos superiores de las multinacionales establecidas en el territorio (Renault, Michelin, Iberdrola, Repsol…), los altos funcionarios y los principales empresarios agro-ganaderos.
Entre estos 4 perfiles de élite se establece un juego de equilibrios en los que la Junta es el comité de dirección, llevando una política de concertación entre grupos “bajo cuerda”. El modelo de mantener esos equilibrios es un programa de gobierno no escrito: el conservadurismo económico. Mantener y reproducir la geografía económica sobre la que se apoya la comunidad autónoma Evitar todo tipo de subversión de la estructura social, especialmente mediante la concertación con “agentes sociales”. Bloquear la entrada de sectores rupturistas externos y, en caso de ser inevitable, hibridarlos con industriales locales. Sobre esto último, la “trama eólica” fue el paradigma de actuación: ante la inevitable entrada de una nueva industria, se obliga al inversor a buscar “sinergias” con empresarios locales. Lo que está ocurriendo ahora con la industria del biogás tiene relación con esta dinámica, si tenemos en cuenta que los exportadores de porcino hacen de embajadores de esta burbuja de proyectos. Lo mismo con la cuestión del hidrógeno, que se explica por ser la apuesta de Repsol por que sea su estrategia de “reverdecimiento”. Podríamos mirar también cómo se han ido instalando universidades privadas hasta las 6 actuales, con capacidad de graduar a 4000 estudiantes al año mientras las públicas gradúan a 10000 y con más estudiantes de máster que las públicas.
Alrededor de esas élites provinciales proliferan siempre capas intermedias, sobre todo asociadas a los servicios y sus medianas empresas o profesionales tipo abogados arquitectos, funcionarios, periodistas y, con especial importancia, profesores de universidad. Este colectivo diverso pero no muy amplio compone el grueso de la población politizada de la comunidad. Este estrato, al estar fundamentalmente asociado a marcos políticos locales son la cámara de eco que hace que el debate público en Castilla y León este totalmente fragmentado en lo local. Esto tiene como consecuencia un doble efecto político: blinda de controversias al gobierno “central” de la Junta y estimula la intervención de los partidos a nivel local, que como hemos visto es lo que caracteriza la actividad de los partidos de izquierdas.
Las incesantes controversias en torno a los agravios entre provincias se explican por esta parte. Estas capas medias tienen interiorizada la lógica del “posicionamiento” de cada ciudad, lo que implica un marco de competencia entre ciudades que conecta directamente con las necesidades del turismo: especialización por diferenciación. Así proliferan los iconos arquitectónicos, la revalorización de usos culturales de todo tipo, las indicaciones geográficas gastronómicas…todo puesto a disposición de su eventual mercantilización y/o instrumentalización política.
La actual situación de transformación del orden mundial marcado por el retroceso de EEUU como primera potencia imperial está llevando a Europa a un declive que se traduce internamente como una guerra de clases que incluye la militarización, desindustrialización y pauperización de los estados europeos y en particular de los miembros de la Unión Europea. Castilla y León no va a quedar fuera del impacto de todo esto, obviamente. Sus principales industrias, incluso su sector primario, no sólo están insertas en cadenas globales de valor que se están viendo severamente trastocadas sino que dependen de capital y mercados extranjeros cada vez más impredecibles. Esta inestabilidad no significa inmediatamente crisis devastadora: hay sectores, segmentos, territorios que verán coyunturas favorables. Lo que en todo caso vamos a ver es como se pone a prueba el modelo de comunidad autónoma conservadora, despolitizada y aséptica en la que no hay conflictos.
Las elecciones de 2026, si no son antes, vendrán marcadas por la manera en la que la incertidumbre global impacte en los negocios que las élites tienen asentados en la autonomía. Pero, sobre todo, en que esos impactos no rompan el sistema de compensación entre élites que tiene montado la Junta. Si eso pasa, no es de extrañar que el PP-CyL se fracture o que pierda el control del aparato Partido-Estado: escándalos, dimisiones y descrédito institucional. Es un escenario, pero es poco probable.
El convidado de piedra
Como en casi toda Europa, en el sistema político falta un agente que históricamente fue decisivo: el movimiento obrero. En Castilla y León hay cientos de miles de proletarios de los clásicos: de mono azul y manchas de grasa. También hay cientos de miles de trabajadores del campo, de los cuidados, de servicios… En fin, que por muchas transformaciones y partes que se puedan ver en la clase obrera esta sigue existiendo y siendo multitud. Pero no tiene más peso en los acontecimientos que alguna respuesta puntual ante los atropellos de alguna empresa o administración, o como respaldo masivo y decidido de algunas causas, siendo especialmente notable la cuestión de la defensa de la sanidad. Pero siempre a remolque, sin una fuerza propia que imponga sus intereses, sus anhelos y su propia fuerza social en movimiento. Como en el romance: “Le han acercado una silla para que se siente en ella, / hace que come, y no come; hace que cena y no cena.” ¿Hasta cuándo?
[1] K. Marx. El capital. Libro I. Nota 33 Ed. Siglo XXI.
[2] El concepto de brecha territorial para analizar las dinámicas del territorio se introduce aquí: https://contracultura.cc/wp-content/uploads/2023/05/Brecha-territorial-y-despoblacion-G.-Juncales-y-Liber.pdf
[3] Una excelente crónica de lo sucedido puede encontrarse aquí: El error de las élites de Ignacio Fernández de Mata https://ctxt.es/es/20241101/Firmas/47902/Ignacio-Fernandez-de-Mata-Vox-PP-Burgos-franquicia-controlada-error-elites.htm Aunque la lectura general sobre el trato con vox como equivocación de los poderes fácticos de la comunidad no sea la que hacemos en este artículo.
[4] Aquí las señales son numerosas. Desde cosas anecdóticas como Antonio Silvan de alcalde de León estrechando lazos con Óscar Puente por Valladolid en 2015-19, a las políticas municipales de “toros y coches” que llevan allí donde pueden. Si bien tienen una obvia dimensión de batalla cultural, en la que sintoniza fácil Vox, responde también a una estrategia por “ruralizar” la ciudad e integrar las capitales de provincia en sus entornos: mismo modelo de fiestas, mismas reglas de circulación, mismo modelo de territorio y urbanización.
[5] No obstante, en la actual “tercera oleada territorial” el impacto de la cuestión de la España vaciada ha sido mayúsculo. Los resultados de 2023 y las expectativas actuales de ese movimiento vaticinan no tenga mucha mayor proyección de la alcanzada. Ver análisis de esta oleada territorial al final de este documento: Abrigaño: Documento de análisis: Castilla y León https://abrigano.com/materiales-y-documentos/documento-de-analisis-castilla-y-leon/