Iman Ganji y Bahar Noorizadeh
Traducción por Félix del Campo
Publicación original en: n+1
Esto es lo que estamos viviendo ahora en Irán: las potencias imperialistas, lideradas por Estados Unidos, están preparando el terreno para un ataque, presagiando bombardeos, una guerra civil y una inmensa destrucción. Simultáneamente, el Estado iraní ha cerrado el país y cortado todas las líneas de comunicación, y está matando a quienes se encuentran dentro. El Gobierno difunde, en su propio servicio de televisión, imágenes de los cadáveres de sus víctimas tendidos en la calle frente a la oficina de medicina forense de Teherán, afirmando sin rodeos que «fueron asesinados». Para justificar este horrible crimen, también emite imágenes de incendios de propiedades públicas y, sin ninguna vergüenza, tras dos años de propaganda genocida israelí hablando de «escudos humanos», el Estado iraní ha adoptado el mismo discurso, emitiendo comunicados oficiales en los que advierte a las familias que no permitan que sus adolescentes y jóvenes se unan a las protestas, porque «los terroristas» los utilizarán como «escudos humanos».
¿Cómo han llegado estos cultos de la muerte rivales a cercar Irán desde dentro y desde fuera? Como iraníes que vivimos fuera de Irán, no prescribimos ninguna cura o programa práctico para los que están dentro de Irán, con quienes actualmente no tenemos casi ningún medio de comunicación. Sin embargo, insistimos en dos tareas inseparables: reconocer la horrible magnitud de la violencia estatal y asignar la responsabilidad al propio Estado, al tiempo que reconocemos igualmente el coro imperialista que hay detrás de los llamamientos a los ataques militares contra Irán por motivos supuestamente humanitarios. Nuestro objetivo es ofrecer un análisis concreto de la situación, al tiempo que reconocemos todo lo que no sabemos y no podemos saber. En la coyuntura actual intervienen tres factores principales: el carácter de clase y la economía política que subyacen al levantamiento; la dimensión de la intervención imperialista; y, entre las formaciones de protesta emergentes, la hegemonía política de la derecha fascista.
El levantamiento en curso tiene sus raíces en la economía política del ajuste estructural, que constituye el medio inestable por el cual se contagia la revuelta. Debido a las tensiones con Washington, Irán nunca fue admitido en la Organización Mundial del Comercio a pesar de sus repetidas solicitudes, y no ha mantenido ninguna relación significativa con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, a partir de la década de 1990, Irán siguió su propia variante interna del neoliberalismo, difundida por think tanks y universidades, así como por expertos económicos, quienes, en gran parte, repetían las recetas del FMI. La libertad económica, según la ideología predominante entre los centristas y reformistas iraníes, podía sembrar las semillas de la libertad política. La privatización de empresas y fábricas estatales; las reformas de la legislación en materia de bienestar social que regula los derechos de los trabajadores y los pensionistas; la incorporación cada pocos años de nuevas cláusulas a la Ley del Trabajo, que permiten un mayor uso de trabajadores temporales y la subcontratación del empleo; la eliminación gradual de los subsidios de productos básicos, incluidos el combustible y otros productos esenciales: todo ello se ha llevado a cabo a lo largo de los años, aunque con diferente velocidad e intensidad[1].
Estas políticas también se han encontrado con resistencia. Desde la década de 1990, una parte importante de las huelgas y protestas de trabajadores, profesores, enfermeros y jubilados ha atacado la privatización, la flexibilización, los contratos temporales y la mercantilización de servicios básicos como la educación y la sanidad. Mientras tanto, las medidas de terapia de choque —en particular la eliminación de subsidios, las subidas del precio del combustible y la liberalización de los precios— han provocado reiteradas revueltas, reprimidas violentamente. Bajo el plan de ajuste estructural de Akbar Hashemi Rafsanjani, el presidente que inauguró la neoliberalización de Irán, y en medio de tasas de inflación que superaban el 50 %, la población urbana excedente se rebeló en Mashhad (1992), Islamshahr (1995) y otras ciudades. La represión militar de estas revueltas, con un número importante de muertos y ejecuciones, fue mucho más violenta que las posteriores medidas contra las protestas estudiantiles de 1999 y el Movimiento Verde de 2009. Aun así, la reacción obligó a los gobiernos de Rafsanjani y Jatamí a proceder con más cautela en la liberalización económica. Posteriormente, bajo el mandato de Mahmud Ahmadineyad, y con el inicio de las sanciones, estas políticas se volvieron a aplicar de forma más agresiva; Ahmadineyad fue incluso elogiado por el FMI por recortar las subvenciones y aumentar el precio de la energía. Desde entonces se ha seguido la misma trayectoria.
Sin embargo, la forma en que se aplicaron estas políticas revela algo más profundo: la voluntad del Estado iraní de apostar repetidamente por el shock. El plan de subvenciones selectivas de Ahmadineyad ya estaba en la agenda en 2008, pero fue probablemente el incendio de doce gasolineras lo que retrasó su plena aplicación hasta finales de 2010, durante las protestas del Movimiento Verde, cuando prevaleció la idea de que, con la sociedad ya en estado de shock, era un momento propicio para impulsar las reformas. En esta ocasión, tras los ataques de Israel y en medio de un estado de emergencia bélica, el Estado ha vuelto a apostar: suponiendo de nuevo un estado de conmoción generalizada, ha procedido a liberalizar los precios de la gasolina, aumentar el tipo de cambio oficial del dólar y, en medio de las protestas, abolir el tipo de cambio preferencial, que había servido para contener los precios de bienes esenciales como los alimentos y los medicamentos.
A día de hoy, más del 90 % de la población activa de Irán tiene empleos precarios con contratos temporales, mientras que un laberinto de empresas contratistas —afianzadas por su proximidad al poder estatal— dominan los proyectos de infraestructura y las industrias estratégicas, como el petróleo, los productos petroquímicos, la minería, la construcción de carreteras y la fabricación de automóviles. La inflación oficial anual se sitúa en torno al 42 %, mientras que las estimaciones sugieren que la tasa real ha superado el 50 %. La inflación de los precios de los alimentos ha superado el 70 %, y los costes de algunos productos básicos han aumentado un 110 %. Los datos disponibles indican que casi el 40 % de la población se encuentra por debajo del umbral de la pobreza; con poco más de 15 millones de tomans (alrededor de 100 dólares), el salario mínimo nacional mensual es menos de la mitad del umbral de pobreza de los hogares, que es de 40 millones de tomans. Incluso los comerciantes y los empresarios se enfrentan a la pobreza: la inmensa mayoría de los tres millones de pequeños minoristas de Irán —que, junto con sus familias, suman aproximadamente diez millones de personas, de una población de noventa millones— han perdido sus márgenes de beneficio debido a la expansión de las cadenas, y los centros comerciales, asi como las plataformas en línea.
Es innegable que las sanciones occidentales han empeorado aún más la situación económica en múltiples frentes. Pero, aunque muchos informes se centran únicamente en los efectos directos de las sanciones —la disminución de los ingresos públicos, que ha dado lugar a déficits presupuestarios crónicos—, los peores daños son más indirectos. En un intento por eludir las sanciones, el Estado fomentó la aparición de una nueva clase de intermediarios de confianza, compuesta en gran parte por familiares de funcionarios que, operando a través de empresas ficticias, vendían petróleo a compradores chinos a cambio de dólares. En lugar de remitir los ingresos al Estado, estos intermediarios internos los han acumulado invirtiendo en propiedades inmobiliarias en Dubái, Turquía y Malasia. La mayor parte de las exportaciones de Irán —alrededor del 80 %, o aproximadamente 40.000 millones de dólares— están ahora controladas por oligarcas en forma de grandes empresas vinculadas al Estado en los sectores petroquímico, petrolero y minero. Según declaraciones oficiales, solo en el último año 18.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones no regresaron al país.
A partir de la Revolución de 1979, las fundaciones militares y religiosas paraestatales absorbieron los activos del régimen anterior, dando lugar a un organismo económico paralelo[2]. Además de las cuatro fundaciones principales, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (Sepah-e Pasdaran) se ha convertido en un poderoso actor económico desde finales de la década de 1980, inicialmente dedicándose a proyectos de reconstrucción e infraestructura tras la guerra entre Irán e Irak, y luego expandiéndose a lo largo de las décadas de 1990 y 2000 a los sectores de la construcción, la ingeniería, el petróleo y el gas, las telecomunicaciones, la banca y otros. El auge económico del CGRI se ha acelerado bajo los sucesivos gobiernos, y conglomerados afiliados como la sede de construcción Khatam al-Anbiya han conseguido grandes contratos estatales y una posición dominante en industrias clave. Estas fundaciones, incluida la extensa red económica del CGRI, operan en gran medida al margen de la autoridad legislativa y administrativa del Gobierno, incluido el banco central, y están supervisadas directamente por la Oficina del Líder Supremo.
Tras la intensificación de las sanciones económicas durante el mandato de Ahmadineyad, la relación parasitaria de estas fundaciones con el Gobierno se invirtió, de modo que hoy en día es el propio Gobierno quien parasite a estas fundaciones, que, según las estimaciones del economista Mehrdad Vahabi, controlan en conjunto más del 55 % del PIB de Irán. Estos grupos, que ya dominan la mayor parte de la riqueza de la nación, han podido consolidar y ampliar su control mediante subastas opacas, en connivencia con los gobiernos sucesivos.
Este es el marco en el que deben entenderse el empobrecimiento, la miseria y la ampliación de las diferencias de clase en el Irán contemporáneo. Sin embargo, la pobreza extrema no conduce automáticamente a la revuelta, ni las “sanciones” por sí solas llevan a la población a las calles. Se trata más bien de la ingeniería deliberada de terapias de “shock” económicas —la primera ley de la termodinámica social—, administrada por responsables políticos que entienden que el malestar social generado por la austeridad solo puede gestionarse, no prevenirse.
Estas políticas también han reconfigurado el propio Estado. En lugar de reducirse, el Estado iraní se ha transformado en un aparato de austeridad autoritaria: fiscalmente disciplinado, físicamente coercitivo e intervencionista en la esfera monetaria y financiera, al tiempo que se aleja del estado de bienestar universal y políticas redistributivas.[3]3 La justicia social se reduce así a una cuestión técnica de inclusión y exclusión administrativa, y la sociedad misma aparece no como un sujeto político, sino como un riesgo que debe gestionarse mediante la «transparencia», la persuasión y la vigilancia policial. Las reformas estructurales impulsadas por Ali Madani-Zadeh — , actual ministro de Economía, graduado en Economía por la Universidad de Chicago y último heredero del neoliberalismo al estilo de Chicago— son un proyecto de clase destinado a reproducir el Estado y sus fracciones de clase dominantes en crisis, incluso cuando socavan aún más la reproducción social en condiciones de guerra.
Aquí vemos la lógica de lo que una de nosotras ha llamado el “Estado suicida” de Irán. Amenazado simultáneamente por la guerra externa y la crisis interna, el Estado opta por librar una guerra económica contra su propia población en lugar de comprar la paz interna mediante el bienestar social. El Estado suicida no calcula mal; su racionalidad está estructuralmente limitada por la necesidad imperiosa de reproducirse, a costa de la muerte de las poblaciones que gobierna. Las poblaciones se resisten —de forma repetida, intermitente y con intensidad variable— y el hecho de que las oleadas de resistencia anteriores hayan sido truncadas por la represión no significa que no vayan a volver.
SIN DUDA, el levantamiento actual está simbólicamente dominado por la derecha fascista bajo el (neo)pahlavismo. [4] La actual guerra discursiva entre las diversas tendencias políticas de la oposición iraní comenzó en 2022, durante el levantamiento de Jina, en la que cada facción antagónica buscaba presentar su propio proyecto como la verdadera fuerza de la resistencia iraní. Sin embargo, esa guerra de posiciones parece haber sido ganada, por el momento, por el bando pahlavista. Reza Pahlavi, el hijo del ampliamente despreciado Sha, derrocado durante la revolución de 1979 y exiliado durante mucho tiempo, se ha convertido en la figura emblemática del actual levantamiento, mientras que otros actores de la oposición de corrientes republicanas y nacionalistas se apresuran a subirse a su carro político, no por auténtica aceptación, sino porque su hegemonía representa una “oportunidad” y con la promesa de enfrentarse a él tras la caída del actual Estado iraní. Sin embargo, tal inmediatez política siempre queda capturada por el proyecto hegemónico, como nos enseñó 1979.[5]
Las multitudes más numerosas de las protestas actuales salieron a las calles en respuesta al llamamiento de Pahlavi a una marcha masiva la tarde del 8 de enero; a instancias de Pahlavi, muchos llevaban mascarillas y ropa negra. Si bien la vestimenta negra parecía una elección práctica para las manifestaciones nocturnas, no se nos escapa su ironía histórica como código de vestimenta de los movimientos fascistas (las camisas negras). Tampoco se nos escapa la hostilidad fascista pahlavista hacia el levantamiento de Jina y su lema central, «Mujer, vida, libertad»; hacia las minorías nacionales de Irán; hacia las minorías de género y sexuales; y hacia los migrantes y refugiados afganos. Pahlavi también está alineado con el genocidio en Gaza, con Israel, el trumpismo, el neoliberalismo y la autocracia.
Las victorias hegemónicas se libran y se ganan en el orden simbólico, y en ese ámbito ha prevalecido la derecha reaccionaria aglutinada en torno a Reza Pahlavi. Los pahlavistas reclaman ahora a estas multitudes como fuente de su legitimidad, la encarnación de un “pueblo” informe e indiferenciado que desea someterse al Único (el monarca, el Sha). Por supuesto, no existe tal pueblo sin forma. Ese supuesto homogéneo y completo está, en cambio, plagado de antagonismos, fracturas y contradicciones. Pero estas diferenciaciones antagónicas “reales” no han sido mediadas ni organizadas; aún no representan fuerzas realmente existentes en el ámbito político, excepto en regiones como Kurdistán (Rojhelat), Baluchistán y Ahwaz, donde las minorías nacionales han establecido sus propias fuerzas, todas las cuales rechazan el pahlavismo, independientemente de sus ideologías y modelos políticos preferidos.
A través de la Unión Nacional para la Democracia en Irán, con sede en Estados Unidos, la facción pahlavista ya ha presentado su programa para “el día después” en un folleto titulado Manual de campo para la emergencia, que aboga por un Estado encabezado por Pahlavi, con consejos ejecutivo, judicial y legislativo seleccionados por el propio Pahlavi. El texto no renuncia a la pena de muerte en el período de transición, ni siquiera como concesión simbólica a otras corrientes opositoras, en particular a las de izquierda, que de otro modo podrían temer nuevas masacres bajo una nueva autocracia.[6] Su guía para la lucha, Guard-e-Javidan, o La Guardia Inmortal —que lleva el nombre de la guardia personal de Mohammad Reza Pahlavi y la rama de combate de élite del desaparecido Ejército Imperial— es un homenaje a las teorías neonazis de desestabilización organizativa y guerra racial en las democracias occidentales, que hacen hincapié en las estructuras descentralizadas y la acción “en pequeñas células”, tal y como las formularon figuras como Louis Beam y Tom Metzger y grupos como la Resistencia Aria Blanca. Además, la base pahlavista no solo se ha negado a condenar el genocidio de Israel en Gaza, sino que ha aplaudido activamente la masacre, abrazando la narrativa israelí de los “terroristas de Hamás” y haciéndose eco de la retórica sionista al tildar a la República Islámica de “la cabeza de la serpiente”. Al exigir la restauración de la monarquía, los pahlavistas han idolatrado a Trump como su campeón, llamándolo cariñosamente “Presidente-e Ghalbha”, “el presidente de los corazones”.
Durante meses, Irán ha estado efectivamente en un estado de guerra suspendida. El 13 de junio de 2025, Israel llevó a cabo ataques coordinados contra instalaciones nucleares, militares y de misiles iraníes, a lo que Irán respondió con misiles balísticos y drones. El 22 de junio, Estados Unidos respondió con sus propios ataques contra instalaciones nucleares iraníes, supuestamente contra objetivos en Natanz, Fordow e Isfahán. El Reino Unido, Francia y Alemania también proporcionan asistencia militar directa al Estado sionista. En otras palabras, lo que Israel lanzó en Irán fue una guerra del bloque imperialista occidental unido contra otro país, con el cambio de régimen como objetivo explícito. Sin embargo, a diferencia de anteriores aventuras en Irak o Afganistán, el modelo de cambio de régimen que se persigue se acerca más al de la OTAN en Libia en 2011: El objetivo no es necesariamente derrocar al Estado iraní y sustituirlo por otro, sino provocar una guerra civil permanente que garantice que ninguna autoridad en Irán pueda reconstruirse en un futuro previsible.[7]
Seis meses después de los ataques de junio, y solo unos días después de que estallaran las protestas, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió al gobierno iraní que no utilizara la violencia contra los manifestantes. Estados Unidos estaba “preparado y listo”, declaró, y dispuesto a “rescatae” a los manifestantes de la violencia estatal iraní. Otros servicios de inteligencia y representantes estatales extranjeros manifestaron abiertamente su apoyo a las revueltas contra el régimen. Al mismo tiempo, varios funcionarios israelíes difundieron mensajes de vídeo en apoyo a los manifestantes iraníes, y el exsecretario de Estado y director de la CIA Mike Pompeo tuiteó: “Feliz Año Nuevo a todos los iraníes que están en las calles. También a todos los agentes del Mossad que caminan a su lado”.
Esta alineación es la culminación de un proyecto imperialista que lleva décadas gestándose. Para justificar su genocidio en Gaza y su agresión contra otros países —entre los que ahora se incluyen Irán, Yemen, Líbano, Siria y Qatar—, Benjamin Netanyahu suele recurrir a la retórica de la libertad, los derechos humanos, la democracia y la seguridad, todo ello impregnado de invocaciones imperialistas de los valores “modernos” y “occidentales”. Del mismo modo, antes de la Revolución, los medios de comunicación occidentales presentaban a Irán como un país atrapado en el estancamiento y el atraso premodernos, mientras que el Sha, alineado con Estados Unidos, era aclamado como una fuerza de modernización. Convenientemente, la violencia autocrática y la represión sistémica de Mohammad Reza Pahlavi se pasaban por alto, justificadas por la ficción ideológica de que él era el único baluarte contra las fuerzas islámicas reaccionarias y que impulsaba a una nación recalcitrante hacia la modernidad. Estas narrativas llevan todas las marcas de la autoabsolución colonial: el colonizador, directa o indirectamente, es el precursor de la civilización, obligado a elevar a los colonizados primitivos y reticentes. Esta lógica perdura hoy en día en la adulación que se le profesa al príncipe heredero saudí Mohammad bin Salman, celebrado como un visionario modernizador a pesar de —o precisamente por— su crueldad.
Sin embargo, con la Revolución de 1979, estas ficciones occidentales se invirtieron repentinamente. La nación iraní se convirtió entonces en el emblema de una noble civilización antigua, oprimida por la barbarie atávica de un Estado teocrático. Durante décadas, el Estado iraní ha sido descrito como una camarilla medieval de mulás reaccionarios, una entidad totalmente antitética a los valores encarnados por Occidente y sus modelos de gobierno. Sin embargo, cuando Occidente se enfrenta a esta fuerza aparentemente arcaica, recurre a sanciones comerciales y de flujos financieros, un mecanismo punitivo que afirma de manera inherente —y depende de— la integración desigual pero innegable de Irán en el capitalismo global.
Así, la República Islámica aparece en la retórica imperialista como un caso atípico premoderno y un actor capitalista, una contradicción convenientemente ocultada por las narrativas del conflicto civilizatorio. En octubre de 2024, cuando funcionarios occidentales como Emmanuel Macron parecían vacilar sobre el envío de más armas a Israel, Netanyahu arremetió: “Mientras Israel lucha contra las fuerzas de la barbarie lideradas por Irán, todos los países civilizados deberían estar firmemente del lado de Israel”. Al iniciar su guerra contra Irán el pasado mes de junio, Netanyahu presentó el conflicto a los medios de comunicación estadounidenses como “una batalla de la civilización contra la barbarie”, “del bien contra el mal”. “Hoy es Tel Aviv”, advirtió, “mañana será Nueva York”. Este moralismo simplista volvió a adoptar una apariencia humanitaria: “No estamos bombardeando a la población”, insistió Netanyahu, a pesar de las pruebas abrumadoras que demostraban lo contrario. El objetivo de la campaña israelí, afirmó, era “llevar la libertad al pueblo de Irán”.
En 1996, reflexionando sobre las secuelas de los atentados suicidas de Hamás en un ensayo titulado “La campaña contra el ‘terrorismo islámico’”, Edward Said señaló la “arrogancia” de “la respuesta israelí y estadounidense, con sus coros santurrones contra el terrorismo, Hamás, el fundamentalismo islámico y sus igualmente odiosos himnos a la pacificación, el proceso de paz y la paz de los valientes”. Said también vio más allá del discurso emergente en torno a Irán, identificando su estructura más profunda: “Israel y Estados Unidos, utilizando deliberadamente las armas de los medios de comunicación, la guerra psicológica y la presión política, han […] liderado una campaña contra el islam (con Irán como su principal agente) como origen del terror y el ‘fundamentalismo’”. Said vio la lógica de la guerra fría trasladada a un nuevo terreno ideológico, ahora “centrada en el “islam” como adversario fabricado”.
El pahlavismo no es la única fuerza iraní alineada con el intervencionismo imperialista. Durante los ataques de Israel a mediados de junio, varias corrientes de la oposición acogieron abiertamente el asalto o lo describieron como un preludio necesario para el cambio de régimen e incluso como un catalizador de la protesta. Este discurso intervencionista circula especialmente entre la diáspora iraní. Desde grupos republicanos liberales y abogados de derechos humanos hasta la Organización Popular Mujahedín (MEK) y destacadas figuras culturales, ha surgido un amplio consenso a favor de la intervención que trasciende los círculos monárquicos. A principios de este mes, siete figuras destacadas de la diáspora, entre ellas la abogada de derechos humanos y premio Nobel Shirin Ebadi, pidieron al presidente de Estados Unidos que interviniera, advirtiendo que “cada minuto de retraso ampliará las dimensiones del crimen contra el pueblo indefenso de Irán”.
Irán hoy se encuentra así entre los modelos de un Chile liberalizado al estilo Pinochet y una Libia “liberada” al estilo de la OTAN, enredado en lo que equivale a un problema político de los tres cuerpos. En esta sombría situación, ¿dónde debe situarse la izquierda?
Las protestas actuales nos recuerdan que el carácter de clase de un levantamiento no puede confundirse con su carácter político. La lucha de clases puede ser el motor de la historia, pero está mediada por el problema de la organización, de cómo vincular a diferentes colectividades en la lucha y traducir esto en hegemonía política. La mayoría de los manifestantes pertenecen a uno o varios estratos de la población excedente de Irán —jóvenes, trabajadores manuales, desempleados, pobres urbanos, residentes de barrios marginales—, pero este hecho por sí solo no convierte, lamentablemente, al levantamiento en uno auténticamente proletario. Tambien a la inversa, la hegemonía política de una lucha no explica de inmediato su carácter de clase. La derecha fascista puede llegar a ser hegemónica en una situación de lucha de clases tanto como la izquierda radical. Y la adquisición de la hegemonía es una operación simbólica, que se lleva a cabo dentro de cadenas de equivalencia.
Luego está la dimensión imperialista. La amenaza imperialista nunca está ausente de las luchas de las poblaciones empobrecidas o marginadas de Asia occidental, el norte de África y el Sur Global en general. No se puede permitir que las fuerzas imperialistas determinen en exceso la hegemonía política o el carácter de clase de tales luchas; pero tampoco se puede recurrir a ellas retóricamente para desacreditarlas, como han hecho con demasiada rapidez algunos observadores izquierdistas de la situación iraní.
La realidad es que, en el Irán actual, ninguna de las fuerzas determinantes esbozadas anteriormente puede autorizar a una fuerza de izquierda a adoptar una posición práctica directa, inmediata y afirmativa. Además, incluso si tal posición estuviera disponible, actualmente no existe en Irán ninguna fuerza de izquierda organizada que pudiera adoptarla. Cualquier inmediatez en abordar la situación, cualquier fetichismo de la “acción” por sí misma que intente eludir este hecho, solo se prestará a uno de los proyectos mencionados anteriormente.
Ciertamente, es posible adoptar una postura teórica. El actual aparato estatal —que ahora depende de su maquinaria asesina para imponer el autoritarismo neoliberal y la austeridad, y que adopta el discurso de los “escudos humanos”— debe desaparecer; la derecha fascista debe ser derrotada; y el bloque imperialista debe mantener sus manos alejadas de la soberanía iraní. Pero en la práctica, esto solo puede significar una intervención negativa destinada a detener la masacre. Aún no sabemos qué implicaría, en términos reales, una intervención de este tipo. Solo podemos esperar que adopte la forma de una revuelta masiva capaz de deshacer los poderes del culto a la muerte que actualmente rodean a Irán.
Si se nos permite ser tan atrevidas, ofrecemos algunas recomendaciones a nuestras compañeras de la izquierda fuera de Irán. A aquellas de vosotras que vivís en centros imperiales, o a quienes la lucha palestina constituye, con razón, el horizonte principal de la política antiimperialista: entendemos que vuestro análisis de Irán está mediado por la geopolítica. Pero no intenten derivar un programa político para las poblaciones dentro de Irán que, en la práctica, se traduzca en apoyo al Estado iraní. No apoyarías a un hipotético Chile pinochetista liberalizado y su maquinaria asesina simplemente porque se opusiera a Washington; tampoco deberías hacerlo con la República Islámica. Por el contrario, si Irán es vuestro foco central, o si sois izquierdistas iraníes en la diáspora, no os precipitéis en dejar de lado el papel determinante del imperialismo en la coyuntura actual, ni en subestimar o negar la hegemonía real y reaccionaria del pahlavismo en la oposición existente. No aceptaríais una Libia “liberada” por la intervención militar imperial; no deberíais normalizar el mismo escenario para Irán.
Por último, y a modo de autocrítica, el callejón sin salida en el que nos encontramos hoy es el resultado de un doble abandono. Por un lado, amplios sectores de la izquierda occidental han abandonado a las clases trabajadoras y a las minorías nacionales de Irán. Por otro lado, gran parte de la izquierda iraní se ha negado a comprometerse seriamente con la extensa coreografía del imperialismo estadounidense, que sigue consumiendo Oriente Medio tanto con armas blandas como con duras: cultura y bombas. Ambos fracasos, de la izquierda internacional y de la iraní, son evidentes en el auge del pahlavismo, un frente fascista popular que ha logrado aprovechar el sentimiento sionista y estadounidense para movilizar a las masas empobrecidas.
Prestar la misma atención a todos estos antagonismos —resistir a la derecha pahlavista y al proyecto autoritario contrarrevolucionario del Estado, al tiempo que se rechazan las soluciones imperialistas— solo deja un espacio difícil y estrecho para cualquier alternativa significativa. Pero en una situación en la que aún no existe una fuerza de izquierda viable, es el único espacio disponible. “Nunca se puede ser lo suficientemente radical”, dijo Lenin, “es decir, hay que intentar ser siempre tan radical como la realidad misma”.
[1] Esta tendencia se intensificó notablemente después de junio de 2005, cuando Ali Jamenei, el líder supremo, emitió una nueva interpretación del artículo 44 de la Constitución, que se refiere al sistema económico del país, en respuesta a los obstáculos encontrados en la campaña de privatización. Esta nueva interpretación redefinió la política económica iraní de manera que facilitó la privatización de industrias básicas y estratégicas.
[2] La mayor de estas fundaciones fue Bonyad-e-Mostazafan (la Fundación para los Oprimidos), cuyos orígenes se remontan a un decreto emitido en febrero de 1979 por el ayatolá Jomeini, dirigido al Consejo Revolucionario Islámico. En virtud de este decreto, Bonyad-e-Mostazafan se encargó de confiscar todos los bienes muebles e inmuebles de la dinastía Pahlavi, junto con los de sus ramas, filiales y figuras asociadas, aparentemente en beneficio de los trabajadores y los pobres. Más tarde se creó Setad-e Ejraei-e Farman-e Emam (la Ejecución de la Orden del Imán Jomeini), aproximadamente un mes antes de la muerte de Jomeini en 1989, mediante un decreto que le otorgaba autoridad sobre todos los bienes no reclamados y no identificados, incluidas las herencias no reclamadas, y patrimonios sin herederos, compuestos en gran parte por los activos restantes de los afiliados al régimen anterior y, en algunos casos, de minorías religiosas, especialmente los bahá’ís, y activos puestos bajo el control del Líder Supremo a través de obligaciones khums, la liquidación de pasivos religiosos, la aplicación del artículo 49 de la Constitución u otras leyes aplicables
[3] Por ejemplo, en virtud de su propia legislación laboral, el Gobierno de Pezeshkian debería haber aumentado los salarios de forma proporcional a la inflación; en cambio, la propuesta inicial era un escaso aumento del 20%, que el Parlamento elevó posteriormente a un 30% aún insuficiente para el año siguiente, tras el estallido de las protestas, y sin modificar las prestaciones y los subsidios reducidos que siguen afectando a muchos trabajadores en activo y jubilados.
[4] Algunos comentaristas que podrían objetar que las protestas actuales, al igual que la sociedad iraní, son social y políticamente heterogéneas —recurriendo a invocaciones inmateriales de la multiplicidad del entorno social— no dicen nada en realidad. Por supuesto que existe la multiplicidad; la hegemonía no tiene sentido a menos que sea una hegemonía sobre una multiplicidad. Una fuerza política como el (neo)pahlavismo adquiere hegemonía precisamente cuando domina diferentes fuerzas y se sitúa por encima de ellas dentro de la organización jerárquica de las fuerzas en un campo social.
[5] La combinación conceptual de organización y mediación, tal y como se emplea aquí, no se opone a la espontaneidad de las masas como tal. Más bien, se opone a la inmediatez: un conjunto de posiciones que atribuyen un carácter necesariamente revolucionario al levantamiento actual. Es fundamental señalar que la inmediatez no depende de una distinción entre organización y ausencia de organización, sino que basa sus afirmaciones en la afirmación de una corriente revolucionaria concreta y realmente existente, que se presume lo suficientemente prominente o extendida como para constituir un factor determinante real en el resultado del levantamiento. Al insistir en la mediación/organización, pretendemos cuestionar este hecho social afirmado, es decir, que tal realidad revolucionaria ya existe y está configurando la trayectoria futura del levantamiento. En cuanto a los potenciales no mediados, no negamos su existencia; lo que cuestionamos es su realidad en esta coyuntura histórica.
[6] El documento deroga la arquitectura jurídica de la República Islámica en materia de pena capital, identificando explícitamente la pena de muerte y la lapidación como leyes que deben ser derogadas. Sin embargo, la sección sobre justicia transicional guarda un silencio llamativo sobre las ejecuciones: habla de “juicios públicos” y “castigos”, pero no se compromete a la no ejecutabilidad, ni articula un marco restaurativo para la justicia. Esta ambigüedad no es accidental. Deja abierta la posibilidad simbólica del espectáculo retributivo como forma de legitimidad, al tiempo que se niega a alienar a los electores de derecha que fantasean con purgas revolucionarias. En este sentido, el documento aboliría la pena de muerte como ley, pero mantendría el imaginario político de la excepción, una ambigüedad coherente con un movimiento que pretende hegemonizar a las fuerzas de oposición bajo una bandera reaccionaria sin ceder a las críticas de la izquierda sobre la encarcelación o la violencia estatal.
[7] Además, a juzgar por los precedentes sirios y venezolanos, y por los recientes comentarios de Trump y sus compinches sobre Pahlavi, no parece haber un consenso real sobre la posibilidad de instalarlo al frente de un posible régimen títere en Teherán. Si la revuelta actual continúa, no es improbable que una facción de la Guardia Revolucionaria intente adelantarse a la situación organizando su propio golpe de Estado, inaugurando una forma distinta de bonapartismo y buscando al mismo tiempo un acuerdo con Estados Unidos e Israel. Al fin y al cabo, el sistema de gobierno de la República Islámica, tal y como se ha explicado anteriormente, ya es una variante autóctona del neoliberalismo contemporáneo al estilo estadounidense