En un artículo anterior reflexionábamos sobre la reacción a la nueva política exterior de los EEUU, señalando cómo el discurso antiamericano mayoritario en la izquierda no es sino un conjunto de lugares comunes socialchovinistas y reformistas. El texto se enfocaba hacia un análisis histórico centrado en lo político-militar, dado que este ha sido el factor que más ha determinado la retórica antiamericana de la izquierda española desde un primer momento. Sin embargo, este plano más político tiene unas determinaciones económicas que deben tratarse de forma específica. En torno a la cuestión arancelaria han emergido los conflictos más importantes en la última década y es la principal controversia que ha movido el discurso anti-Trump durante estos últimos meses. En las últimas semanas los planes de rearme europeo han llevado el debate sobre la relación entre Europa y EEUU hacia la política industrial militar. La tendencia hacia la desindustrialización y la estructura de la OTAN han lastrado por décadas el desarrollo este sector en el continente europeo y el giro de Trump en su política exterior está forzando un cambio de tendencia relanzando ciertos sectores del capital europeo. En cualquier caso, en otros sectores como la agricultura, la UE mantenía (y mantiene) una posición destacada. En consecuencia, este está siendo uno de los principales campos de batalla en el actual contexto de competencia interimperialista y reajuste de las relaciones entre EEUU y la UE. Por ello, este artículo más allá de caracterizar en términos generales lo cambios en la política comercial global de las últimas décadas, a propósito del conflicto arancelario, se centrará en las determinaciones actuales de la producción agraria y cómo estas revelan que el nacionalismo económico, ya sea de carácter progresista o reaccionario, es un callejón sin salida.
Política aduanera y crisis de acumulación
Durante el primer mandato de Donald Trump la imposición de aranceles por parte de EEUU ya fue noticia. No disponemos de espacio para profundizar en un análisis pormenorizado de la evolución de las imposiciones a los productos importados a EEUU. Sin embargo, sí debemos señalar que esta política comercial agresiva se despliega en dos planos esenciales, que nos muestran una vez más el carácter estructural y tendencial de la guerra comercial en el contexto de un capitalismo en crisis y una supremacía geopolítica estadounidense con cada vez más grietas. Una vez más, centrar el debate en la supuesta insensatez trumpiana es un grave error: las continuidades entre la política comercial de la Administración Biden con la anterior (y la actual) Administración Trump son mayores que las discontinuidades. Si partimos de la constatación de que en un momento en que se arrastra una crisis de acumulación desde hace décadas los enfrentamientos entre bloques económicos por salvaguardar su posición[1] —en un juego de suma cero— y de que como bien señalaba Rosa Luxemburgo «las aduanas hoy ya no sirven como como medio de protección de [la] industria capitalista, sino como medio de lucha de un grupo capitalista nacional frente a otro»[2], observamos cómo demócratas y republicanos han moldeado en los últimos años una nueva política comercial que deja atrás el anterior «sistema abierto» en el que a través del superávit comercial EEUU había basado su hegemonía desde el final de la II Guerra Mundial. El sistema de Bretton Woods, con el patrón-dólar y la regulación aduanera de la OMC como pilares, tenían su base en la primacía estadounidense en la producción y exportación. La emergencia de nuevas potencias industriales exportadoras sería una dinámica clave en la crisis de sobreproducción que puso fin al ciclo keynesiano-fordista en los 70, dando el primer golpe a la política comercial «abierta» de EEUU. La posición de China como gran potencia desde la década de 2010 ha sido el segundo golpe, que ha convertido el proteccionismo en el sentido común de la política exterior estadounidense y ha situado a la OMC prácticamente como una reliquia de la situación de la posguerra mundial[3]. Michael Pettis y Matthew C. Klein identifican este punto de inflexión, en el que Trump sería solo la expresión más descarnada y explícita de la rapiña imperialista:
«Una de las primeras decisiones de Donald Trump como presidente fue sacar a Estados Unidos del TPP. La Asociación de Comercio e Inversión Transatlántica —el otro gran acuerdo comercial negociado por la administración Obama— también parece, en el momento en que estamos escribiendo esto, muerta. En los años transcurridos desde que asumió el poder, Trump ha impuesto aranceles punitivos a todo, desde las lavadoras coreanas hasta el acero canadiense y casi todas las importaciones estadounidenses de China. El efecto neto ha sido doblar los ingresos aduaneros entre finales de 2017 y mediados de 2019. Las amenazas de Trump podrían expandir la base arancelaria aún más yendo en contra de las importaciones de vehículos desde Europa. Aunque algunas de estas acciones son impopulares, muchos de los líderes demócratas, incluyendo muchos de los que se presentan a la presidencia en 2020, apoyan los aranceles impuestos a los bienes chinos. […]
Cuando ese sistema se puso en marcha por primera vez, el tamaño de la economía estadounidense era aproximadamente igual al de todo el resto del mundo. Hoy, sin embargo, Estados Unidos supone menos de una cuarta parte de la producción total. En comparación con hace setenta años, el resto del mundo es ahora tres veces mayor que Estados Unidos, lo que significa que América tiene mucha menos capacidad de absorber los desequilibrios del ahorro del resto del mundo. Si el porcentaje estadounidense de la economía mundial sigue contrayéndose, la carga impuesta a los estadounidenses seguirá aumentando hasta que, por pura aritmética, el sistema quiebre. Y, no obstante, no hay nadie en la clase dirigente estadounidense que se haya sentido cómodo desafiando este sistema hasta recientemente[4].»
Sin embargo, tal y como señalaba Michael Roberts[5] las tesis de Pettis y Klein acaban siendo una apología del proteccionismo estadounidense. Su enfoque sitúa las causas del giro arancelario en exterioridades como los intereses chinos o alemanes, en vez de señalar cómo la crisis industrial estadounidense (que no es sino reflejo de la crisis industrial global) determina los cambios en la política industrial. En definitiva, acaba siendo una apelación a la clase política estadounidense a que defiende su interés nacional.
Sea como fuere, en 2018, durante la primera Administración Trump, bajo la justificación compartida demócrata-republicana de proteger a producción nacional LOS EEUU impusieron una serie de aranceles a las importaciones de productos europeos. Si bien uno de los conflictos más destacados fue el conflicto entre Boeing y Airbus en la industria aeronáutica, en el caso español, las exportaciones agroalimentarias (que constituyen casi un quinto del total de las exportaciones españolas[6]) fueron las más afectadas. Se aplicaron imposiciones a las exportaciones de vino, aceite, queso o cítricos. Una de las medidas más sonadas fue el arancel a la aceituna negra, protagonista de una disputa que llegó hasta la OMC[7]. Entre 2021 y 2022, con la presidencia de Biden, fueron retirados muchos de estos aranceles a la UE. No obstante, esto no constituye un cambio de paradigma, sino que es fruto de un nuevo contexto de colaboración entre la UE y EEUU contra Rusia, que a raíz de la crisis energética supuso un impulso para la posición económica estadounidense a través de las exportaciones de gas natural licuado. Basta ver que allí donde se mantuvo la situación, como con respecto a China, los demócratas recrudecieron aún más la guerra comercial: la Chips Act o algunas medidas de la IRA (Inflation Reduction Act)[8] son ejemplo de ello. La «estrategia industrial americana moderna» de Biden necesitaba tanto de esta política comercial agresiva como la Trumponomics. Como bien señala Merchant:
«Una característica clave de la IRA es su descarado proteccionismo para la fabricación estadounidense de automóviles eléctricos, que como era de esperar hizo saltar las alarmas en Bruselas y Seúl, cuyas exportaciones la Ley pretende explícitamente clausurar. Como política claramente mercantilista con el objetivo de aumentar el crecimiento de EE.UU. a expensas de sus competidores, la IRA ya está desencadenando una carrera armamentística internacional hacia el mercantilismo general, con la Unión Europea apresurándose a aplicar sus propias subvenciones proteccionistas. […] Estados Unidos está formando alegremente un pelotón de fusilamiento circular con sus supuestos «aliados», con indicios de que ya está en marcha una carrera mundial hacia el fondo del proteccionismo[9].»
Puede que Trump sea quien apriete el gatillo de los aranceles, pero ha sido Biden quien uno a uno ha ido colocando a sus aliados en la tapia.
En cualquier caso, podemos comprobar que las exportaciones agrarias no se vieron fuertemente modificadas por esta política proteccionista ni por los cambios de 2021-2022. La tendencia entre 2018 y 2022 fue de un crecimiento paulatino[10]. Sin embargo, la situación del campo español no ha sido precisamente de estabilidad y bonanza. De nuevo, debemos dejar los análisis simplistas que buscan explicaciones unívocas en enemigos externos, y penetrar en la interioridad contradictoria de esa abstracción que acostumbramos a denominar «campo». Y es que lo primero de todo es deshacerse de un lenguaje que bajo términos abstrusos (como ya hemos comprobado que sucede también en las relaciones internacionales) esconde las lógicas del capital y la lucha de clases.
Caracterizando la agricultura hoy
Uno de los argumentos más extendidos durante estas semanas es que los aranceles se conforman como uno de los mayores problemas para la producción agraria española, puesto que lastran la capacidad de exportación y, por consiguiente, los ingresos del sector. ¿Pero la situación crítica de la actividad agraria, su difícil sostenimiento, es debido a esto? ¿se cumplirán los terribles augurios de uno de estos enfant terribles tuiteros a sueldo de Sumar que alertaba de cómo Trump iba a «matar de hambre a los aceituneros de Jaén y los ganaderos de Castilla y León»? Quitemos toda la paja y vayamos al grano. Primera cuestión: no existe un «interés general» del campo, la categoría abstracta de «productores» (curiosamente compartida por la dictadura franquista y cierto imaginario izquierdista al que se apela con expresiones como «aceituneros de Jaén») es una mistificación del conflicto de clase que se da en este sector como en cualquier otro de la economía. Algunas organizaciones comunistas que han usado este término deberían pensárselo dos veces antes de asumirlo. Segunda cuestión: hemos señalado cómo la política arancelaria hacia la producción agropecuaria europea se suaviza desde 2021, mientras que las protestas del sector —no solo en España, sino también en otros países como Alemania o Francia— tuvieron su momento álgido durante la primera mitad del año pasado. Esto apunta a que las causas de la crisis del sector no están determinadas de forma suficiente por un factor externo como los aranceles estadounidenses.
La cuestión agraria ha generado no pocos debates en el seno del marxismo, dado que esta actividad ha ocupado un lugar particular dentro de las relaciones de producción capitalistas desde un primer momento: «a pesar de ser el lugar de nacimiento del capitalismo, la agricultura permaneció bastante recalcitrante a la subsunción real hasta bien entrado el siglo XX»[11]. Esto es, formalmente las relaciones en el campo tomaron formas capitalistas (producción para el mercado, salarios, rentas), pero la organización y el proceso del trabajo o los medios de producción empleados eran prácticamente los mismos. Hasta mediados del siglo XX la figura del «campesino» como productor, esto es, como propietario de sus medios de producción —de sus tierras— y de una parte de su producto, como productor no subsumido por la compulsión material hacia la dependencia exclusiva de la venta de su fuerza de trabajo, era la realidad de un porcentaje importante de la población mundial, incluyendo los países europeos. La introducción de nuevas tecnologías fertilizantes (proceso Haber-Bosch) y de mecanización (lo que incluía una dependencia total de los combustibles fósiles) y la nueva división global del trabajo tras la II Guerra Mundial[12] vinieron a cambiar por completo la situación, culminando le proceso de subsunción real a través del control de la capacidad reproductiva de las plantas, esto es, la «[inscripción] de la lógica de la valorización en la estructura biofísica de las plantas»[13]. Esto supuso la ruptura del sistema cerrado en el que el productor campesino ocupaba el lugar central; la mercantilización de los insumos necesarios para el cultivo supone un salto cualitativo. En palabras de Marx:
«si la propia agricultura se basa en actividades científicas, si requiere maquinaria, fertilizantes químicos adquiridos a través del comercio, semillas de países lejanos etc., y si la manufactura rural patriarcal ya ha desaparecido […], entonces la fábrica de maquinaria, el comercio exterior, la artesanía, etc., aparecen como necesidades de la agricultura […]. En este caso, la agricultura ya no encuentra las condiciones naturales de su propia producción dentro de sí misma, de manera natural, espontánea y a mano, sino que estas existen como una industria independiente y separada de ella[14].»
Esto es, la agricultura no es un campo cerrado, es solo un eslabón separado que necesariamente necesita de otros para llevar a término el proceso de producción. El pequeño campesino francés en 1900 o el terrateniente andaluz en 1936 no necesitaban de «procesos industriales de producción»[15] separados. De esta subsunción real de la agricultura, por la cual pasa a ser una actividad —escindida de sus condiciones— más de una cadena de valorización, se deriva la posición particular del «agricultor» hoy. Si dejamos fuera de la ecuación a los jornaleros —actividad en la que el proletariado migrante tiene un papel fundamental en el caso español—, aquellos pertenecientes al sector primario no son más que un batiburrillo de pequeña burguesía rural —firme militante de la ideología de las clases medias— totalmente dependiente (y subordinada) a las cadenas de producción de insumos y sin el control sobre su producción del que disfrutaban hace décadas[16]. Las modificaciones en el precio de los insumos (especialmente el combustible) o de la relación con distribuidores pueden cambiar sus condiciones de un día para otro. En su búsqueda de maximizar el beneficio —la burguesía rural (autónomos agrarios, sociedades limitadas o anónimas, cooperativas, etc.) sigue siendo burguesía, parece que a veces hay que recordarlo—, a pesar de que su situación sea precaria y sujeta a la incertidumbre del mercado, tratarán de explotar al máximo la fuerza de trabajo empleada —de ahí las pésimas condiciones del sector—, así como los medios de producción —sobrexplotando el suelo, empleando abusivamente agroquímicos, etc.—. Un breve apunte demográfico antes de continuar: solo el 3,5% de la población activa de la UE estaba empleada en el sector primario en 2022. Un 3,7% en España[17], siendo en 1976 el 21, 6%[18]; entre 1960 y 1981 el número de empresarios agrícolas pasó de 241 000 a 34 000 y el de campesinos sin asalariados de 2 398 000 a 658 000[19].
Ahora bien, teniendo presente que la actividad agraria es solo una parte de un proceso industrial de producción que, en términos marxianos, tiene «transferidas sus condiciones producción fuera de sí»[20], la cuestión que nos ocupa es que uno de esos lugares donde se encuentran las condiciones de su reproducción es el Estado. La forma concreta en que se da esto es la subvención, principalmente la PAC (Política Agraria Común), que supone en torno al 40% del presupuesto de la UE. Pero también en el caso español (y de forma similar en otros países miembro) bonificaciones de hasta el 35% del gasóleo agrícola[21] y del 15% en fertilizantes[22], deducciones fiscales del 15% en el IRPF[23] o toda una plétora de ayudas y subvenciones autonómicas[24]. Asimismo, debemos mencionar otro mecanismo que contribuye al sostenimiento de las condiciones de reproducción de muchos productos agrícolas: la diferenciación cualitativa creada y garantizada por el Estado —fomentada desde la UE también— entre productos con un mismo valor de uso. Nos referimos a las Denominaciones de Origen, la noción de «Marca España», etc. Esta diferenciación cumple una serie de objetivos: desde la satisfacción del consumo aspiracionista de las clases medias a la revalorización de las exportaciones, pasando por el despliegue de una ideología nacionalista o regionalista.
Debemos deslindar tres planos en este papel actual del Estado con respecto a la producción agraria. El primero de ellos, en un nivel de abstracción mayor, nos lleva a recordar que el Estado funciona como garante de la reproducción de capital. Los dos siguientes aparecen en primera instancia como contradictorios con respecto al primero, pero en cuanto se profundiza en ellos se desvela su coherencia. Si el objetivo es garantizar la mayor eficiencia en el proceso de valorización, esta pequeña burguesía rural aparece como un obstáculo ante las tendencias de concentración del capital, división del proceso de producción y deslocalización. Bien: la producción no flota sobre sus condiciones concretas y dentro de estas se encuentra el necesario dominio de clase para garantizar la incorporación de fuerza de trabajo (por muy reducida que sea esta), esto es, el dominio político se constituye como el segundo plano en que se hace necesaria la intervención del Estado a través de la subvención directa a esta burguesía rural. Los propietarios rurales son un actor ineludible en el mantenimiento del orden capitalista en el campo, su colusión con la administración municipal, autonómica o estatal (tan bien personificada en el Estado español en cuerpos de seguridad como la Guardia Civil) les convierte en una mediación fundamental del dominio político del Estado en parte importante del territorio. Por último, el tercer plano también se deriva del dominio político, si bien en vez de proyectarse hacia el interior lo hace hacia el exterior. Si en este caso la UE opta por subvencionar una actividad agraria deficitaria, cuando la deslocalización o la importación directa de ciertos productos sería más eficiente de acuerdo con la lógica mercantil, es por un interés geopolítico. «Independientemente del pequeño porcentaje del PIB que represente o de la pequeña parte del trabajo social total que requiera, la agricultura sigue siendo el sector en el que se producen las necesidades más básicas de la vida. Posee una importancia cualitativa»[25]. El control sobre una actividad básica para el sostenimiento de la reproducción social tiene un valor geopolítico intrínseco. No podemos reducir el poder militar de los Estados a la fortaleza de su ejército o de su producción industrial. El mantenimiento de las capacidades productivas agroalimentarias (que perfectamente encajan en la retórica de la UE sobre la «autonomía estratégica») es esencial en un conflicto bélico, como cualquiera que haya jugado a videojuegos de estrategia militar sabe.
Asimismo, en el marco de disputa interimperialista que caracteriza el orden internacional en el capitalismo la competencia entre productos es un aspecto clave. Frente a países de Asia, África y América Latina en los que gracias al menor coste de la fuerza de trabajo los precios son menores, los subsidios directos europeos que garantizan parte importante del ingreso de los agricultores posibilitan una bajada de los precios que permite la competencia de los productos europeos (con mayores costes laborales) en estos países del Sur global, reforzando la posición europea. Es decir, resulta absurdo la habitual crítica a una política arancelaria que pretenda proteger la producción nacional como parece ser la línea política trumpiana a la vez que se defiende un sistema de subvenciones como la PAC que cumple el mismo objetivo de mantener unos precios competitivos en los productos nacionales (en este caso, a nivel interestatal europeo).
Un aspecto en el cual podemos comprobar cómo la actividad agraria está sometida a las tensiones geopolíticas y el militarismo creciente es el de las consecuencias que tendría la incorporación de Ucrania a la UE, como de hecho se propone en el borrador del acuerdo de paz para Ucrania presentado hace unas semanas por la Administración Trump[26]. La incorporación de un país cuyo PIB per cápita ronda el 20% de la media mundial (frente el 300% de la UE)[27], pero que cuenta con unas de las tierras más productivas del mundo (el famoso chernozem) —cubriendo la mitad de las exportaciones de aceite de girasol, casi un 10% de las de trigo, un 12% del maíz y un 20% de la colza[28]— supondría una restructuración total de la PAC, que llevaría a una crisis de enorme calado en países como Francia o España. Los bloqueos de los agricultores polacos —país furibundamente atlantista y con una de las posiciones más firmes en el apoyo militar a Ucrania— a la entrada de grano ucraniano barato en el mercado comunitario han sido un primer aviso. El sostenimiento de la producción agraria y la población dedicada a este sector está entrando en abierto antagonismo con la posición geopolítica europea en relación con EEUU, y la presidencia de Trump solo agitará aún más este avispero.
Otra de las cuestiones que contribuirá más a acelerar las contradicciones en esta amalgama de producción agraria y relaciones internacionales que hemos dejado fuera de la ecuación es la crisis ecológica. Sería imposible en el reducido espacio de este artículo realizar un análisis exhaustivo, pero no podemos obviarlo[29]. Así, solo señalaremos un aspecto de gran utilidad para comprender cómo en las actuales condiciones en la que la producción agraria ve sus condiciones de reproducción escindidas esta se sostiene sobre una finísima capa de hielo: los seguros agrarios. Los fenómenos meteorológicos extremos (como la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana el pasado mes de octubre), las condiciones climáticas sostenidas de temperaturas por encima de la media en distintas épocas del año o las disrupciones en las cadenas de suministros y las consecuentes subidas de precios (combustibles, fertilizantes, alimentación para el ganado) llevan a un aumento de la siniestralidad en el campo: cosechas arrasadas, destrucción de infraestructuras o muerte de ganado. En consecuencia, el papel de las aseguradoras es central en la actividad agraria. La precaria situación de las explotaciones agrarias y la creciente siniestralidad implican una cantidad ingente de gastos de aseguramiento. En el caso español, el riesgo tiene un valor económico tan elevado que se hacen necesarios dos mecanismos: un acuerdo de coaseguro (esto es, una sociedad participada por distintas compañías de seguros ante la imposibilidad de hacer frente por separado a las contingencias) y la subvención estatal directa (el Estado se mantiene como garante último —y legislador de las condiciones[30]— de la garantía de las condiciones de reproducción de la actividad agraria). Estos son Agroseguro S.A. y ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios, dependiente del Ministerio de Agricultura). Las primas (esto es, los pagos de los asegurados correspondientes al riesgo cubierto) de Agroseguro en 2023 alcanzaron un valor que rozaba los mil millones de euros[31]. La siniestralidad durante ese mismo año se valoró en más de 1200 millones de euros, esto es, el 168% de las primas, siendo un 56,5% superior al ejercicio de 2022[32] y mayor en los sectores de herbáceos extensivos y olivar[33]. La relación de los siniestros con respecto a las pólizas fue del 84% en 2023, mientras que en los años anteriores se había mantenido entre el 35-50%[34]. ENESA presupuestó casi 400 millones de euros en subvenciones al seguro agrario[35] (aunque Agroseguro señala más de 486 millones de euros recibidos en subvenciones en 2023[36]. De nuevo, la rentabilidad del campo y las condiciones para que el proceso de valorización de la producción agraria continúe están situadas en el capital financiero (aseguradoras) y el Estado. Un capital financiero muy vulnerable en las actuales condiciones de incertidumbre económica y, sobre todo, un Estado cada vez más tensionado por su papel sosteniendo la rentabilidad en diversos sectores y a unas «poblaciones sobrantes»[37] cada vez más amplias.
Por último, observamos cómo en la misma línea se dan las contradicciones en torno a la regulación medioambiental. Ante la situación de caída de la rentabilidad, aumenta la «intensificación del agotamiento de los recursos para mantener la ganancia», lo que acelera la destrucción medioambiental, que, ahondando en esta quiebra del metabolismo con la naturaleza, redunda en unas condiciones cada vez más adversas para la reproducción de la actividad agraria. Así, la regulación de cuestiones como el riego o el empleo de pesticidas pretenden proteger esas condiciones naturales necesarias, pero simultáneamente erosionan la rentabilidad de la explotación[38], entrando en un círculo vicioso irresoluble alimentado por la «direccionalidad»[39] de un capital, siempre dispuesto a «derribar sus propias barreras y producir por encima de sus propios límites»[40]. Frente a las interpretaciones vulgares que separan las distintas problemáticas del modo de producción capitalista, que acaban siendo apologistas del Estado («regular los precios»; «prohibir las importaciones», «dar ayudas») o del propietario rural, la única vía es comprender que
«las contradicciones y conflictos asociados a cada polo no pueden tratarse independientemente de los asociados a otros polos. Así, la dinámica inherente a un polo limita el margen de maniobra del Estado para abordar los otros. Esta «perversa trinidad» conduce a una agravación de las tensiones en el seno del Estado capitalista, lo que se traduce en una incapacidad cada vez mayor de este último para desempeñar su papel en la sociedad capitalista al tiempo que mantiene su forma liberal[41].»
«Productores»: el cottagecore hecho posición política
En estas condiciones, debemos observar la forma en la que se ha articulado el descontento de un sector cuantitativamente reducido, pero con gran capacidad de incidencia. Desde la invasión rusa de Ucrania y la subsiguiente crisis energética que encareció los combustibles (tanto gas como petróleo, lo cual tiene un impacto directo en una agricultura totalmente dependiente de estos insumos fósiles), las protestas han sacudido el campo europeo, especialmente entre finales de 2023 y los primeros meses de 2024. La composición de estas se ha caracterizado por la hegemonía de los propietarios rurales —los jornaleros, por ejemplo, no han tenido ninguna presencia— articulados en las organizaciones agrarias —un híbrido corporativista (el sujeto «productor») entre patronal y sindicato, desde la mayoritaria y más derechista ASAJA (Asociación agraria de Jóvenes Agricultores), a COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) o UPA (Unión de Pequeños Agricultores)— y con una clara recepción política capitalizada principalmente por Vox —las provincias con mayor peso del sector primario son uno de sus graneros de votos: en Murcia, ambas Castillas, Andalucía o Comunidad Valenciana—. Esto es, se han orientado en un sentido claramente reaccionario. El discurso se ha movido en dos ámbitos: la denuncia a los «intermediarios» (distribuidoras, supermercados) como encarecedores de los productos (lo cual sirve para granjearse la simpatía de los consumidores) y la competencia externa, esto es, importaciones de otros productos e imposición de aranceles. Decimos que las demandas se articulan de forma reaccionaria porque partimos de que la actividad agraria actual (y la del último medio siglo) existe únicamente en unas condiciones históricas concretas que la constituyen: la escisión de sus «condiciones naturales de su propia producción […] como una industria independiente y separada de ella» integración interestatal en el mercado internacional y los intereses geopolíticos de la UE. No existe ni puede existir una producción agraria en base a intereses nacionales en el grado actual de desarrollo capitalista. No existe ni puede existir una producción agraria sin «intermediarios», dependencia de multinacionales, subvenciones o insumos fósiles en el grado actual de desarrollo capitalista. Los procesos de subsunción en el capital son irreversibles (que no eternos ni insuperables); no solo en el campo, sino en la industria, por ejemplo. Las llamadas a la soberanía nacional son tan absurdas como clamar por la vuelta de los gremios. Esto no significa que los Estados no sean soberanos, sino que esta soberanía —en forma de fijación de precios (indirectamente esto es lo que son las subvenciones o los aranceles), control de las importaciones o regulación legal— se encuentra en la estructura supraestatal de la UE, como síntesis del poder político de las burguesías nacionales europeas, adecuada al actual grado de desarrollo de la acumulación de capital en el centro imperialista.
En cualquier caso, lo que comparten esta articulación conservadora de las protestas actuales y la retórica izquierdista abonada a la reivindicación de la soberanía nacional y a la denuncia de la «opresión» por parte de potencias extranjeras como EEUU (también a través de lo que consideran sus proxys, como Marruecos), es el sujeto de los «productores» y el Estado-nación como instrumento de refugio ante la crítica situación.
Como señala de forma clara y concisa Jamie Merchant en un artículo publicado en este medio hace poco más de un año, a propósito del nacionalismo económico financiero: «el análisis flota libremente en un reino etéreo de abstracciones vacías, desprendido de las condiciones históricas concretas que intenta captar»[42]. Este es el marco común a todas las formas de nacionalismo económico, ya sea en el comercio, las finanzas, la industria (ese fetiche en mucho pretendido discurso comunista que en el fondo no es más que chatarra socialdemócrata caduca) o en el caso que nos interesa aquí, el sector agrario. El nacionalismo económico, desde medidas proteccionistas a las políticas de nacionalización, es un callejón sin salida. Actualmente se trata de un espejismo para las clases medias bajo amenaza de la proletarización y los sectores más atrasados de las burguesías nacionales, así como una condena para las clases proletarias, que una vez más ven anulada su independencia política en aras de los intereses de la nación y la producción. En en cualquier momento histórico el nacionalismo económico e incluso las diversas formas de socialismo nacional han sido una trampa para la independencia política del proletariado, aunque estas formas pudieran ser de interés para las capas más avanzadas de la burguesía o desarrollase las fuerzas productivas (como en el caso del «socialismo en un solo país»).
Hace más de un siglo a la hora de construir las tesis para la acción política en el campo se partía de la conciencia de que «[la agricultura] no ha[bía] sido industrializada por conveniencia de la propia burguesía, suponiendo que el agricultor aislado sería el elemento de conservación más eficaz para la persistencia del régimen económico implantado por ella»[43], y por ello podían tener sentido las consignas bolcheviques en torno a la apropiación directa de la tierra por parte de los campesinos —si bien ya podían advertirse los problemas para la transformación socialista de la economía que se podían derivar de esta defensa del pequeño campesinado[44]—. Hoy no podemos permitirnos seguir haciéndonos trampas al solitario. Debemos partir del análisis planteado en el que la actividad agraria permanece escindida de sus condiciones de reproducción, determinadas por una larga cadena de producción industrial —cada vez más tensionada por la competencia mercantil y el conflicto interimperialista— en la que el Estado tiene un papel fundamental. Solo la planificación económica racional que permitiría la propiedad colectiva con la desaparición de las clases propietarias moribundas del campo y la toma del poder político que anule los intereses nacionales e imperialistas de los Estados capitalistas se conforma como vía para sostener la vida en zonas rurales y el metabolismo con la naturaleza quebrado por la «perversa trinidad del capitalismo tardío». Los estallidos «grises» propios de esta agudización de las contradicciones son cada vez más frecuentes: un amplio, diverso y contradictorio abanico de protestas rurales, disturbios en los extrarradios urbanos o revueltas antigubernamentales. La disyuntiva de la crisis está en si se convierte en un campo de acción reaccionario (refuerzo del Estado nacional, socialchovinismo, bienestarismo socialdemócrata recluido a la población nacional) o si por el contrario la acción se dirige a construir la alternativa revolucionaria, esto es, la organización política independiente del proletariado, como única clase capaz de anular estas condiciones de barbarie.
[1] «El militarismo está estrechamente ligado a la política colonial, a la política tarifaria y a la política internacional» Rosa Luxemburgo, «Utopías pacifistas» en Leipziger Volkszeitung, 1911, http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/luxembr/d/luxemburgode0008.pdf, citado en Pablo C., «Militarismo y capital. Los gastos militares y la necesidad imperialista del capitalismo», Arteka, nº50, mayo de 2024, p. 20.
[2] Rosa Luxemburgo, Reforma o revolución, Madrid, Capitán Swing, 2019, p. 45.
[3] Como bien resume Endnotes: «Los mercados de productos manufacturados se estaban saturando y cada vez más se daba el caso de que unos pocos países eran capaces de suministrar bienes manufacturados a todo el mundo (en la actualidad, una empresa china produce más de la mitad de los microondas del planeta). De ahí la crisis subsiguiente de la relación capital-trabajo o, dicho de otro modo, la crisis conjunta de sobreproducción y subconsumo, que estuvo marcada por un descenso global de la tasa de ganancia que desembocó en una multiplicación de formas de desempleo y de empleo precario. A medida que el acuerdo entre capital y trabajo se vino abajo, después de haber tenido siempre como fundamento unas tasas de crecimiento saludables a escala mundial, los salarios se estancaron.
En todos los países el capital se volvió aún más dependiente del comercio internacional, pero a partir de ahora los capitales de algunos países solo podrían ampliarse a expensas de los de otros», Endnotes 2, Madrid, Ediciones Extáticas, 2021, pp. 53-54.
[4] Michael Pettis y Matthew C. Klein, Las guerras comerciales son guerras de clases, Madrid, Capitán Swing, 2023, p. 337.
[5] Michael Roberts, «La guerra comercial de Trump y el debate sobre sus consecuencias», Sin Permiso, 13 de febrero de 2025, https://www.sinpermiso.info/textos/la-guerra-comercial-de-trump-y-el-debate-sobre-sus-consecuencias
[6] Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Informe mensual de comercio exterior, noviembre de 2024, p. 12.
[7] Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, «La UE da el siguiente paso en la OMC contra los aranceles estadounidenses sobre las aceitunas españolas», /https://comercio.gob.es/es-es/NotasPrensa/2023/Paginas/Comisi%C3%B3n-Europea–sobre-la-solicitud-a-la-OMC-que-EEUU-cumpla-las-medidas-por-el-arancel-de-la-aceituna-negra.aspx
[8] Marco d’Eramo, «Circuitos de guerra», El Salto/Sidecar, 22 de noviembre de 2022, https://www.elsaltodiario.com/sidecar/circuitos-de-guerra-biden-eeuu-china
[9] Jamie Merchant, «Las consecuencias económicas del neokeynesianismo», 26 de octubre de 2023, https://contracultura.cc/2023/10/26/las-consecuencias-economicas-del-neokeynesianismo/
[10] https://oec.world/es/profile/bilateral country/esp/partner/usa?depthSelector=HS4Depth&dynamicBilateralTradeSelector=year2022&measureBilateralTradeSelector=vizValueOption1&compareExports0=comparisonOption1
[11] Søren Mau, Compulsión muda. Una teoría marxista del poder económico del capital, Madrid, Ediciones Extáticas, 2023, p.331.
[12] Mau, p. 332.
[13] Mau, p. 338.
[14] Citado en Mau p. 340, cursivas nuestras.
[15] Mau, p. 341.
[16] Mau, p. 341.
[17] Instituto de Estadística de Catalunya, «Porcentaje de la población ocupada en agricultura. Cataluña, España y Unión Europea-27. 2009–2023», https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10110&lang=es
[18] Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Población Activa (EPA), III Trimestre, 1976, citado en Emmanuel Rodríguez López, El efecto clase media. Crítica y crisis de la paz social, Madrid, Traficantes de Sueños, 2022, p. 95.
[19] INE, Censos de población y vivienda, citado en Rodríguez López, p. 74.
[20] Citado en Mau, p. 341.
[21] Ministerio de Hacienda, Agencia Tributaria, «Reducción por adquisición de gasóleo agrícola: 35 por 100»,https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2023/c09-rendimientos-actividades-economicas-eo-fores/determinacion-rendimiento-neto/fase-2-determinacion-rendimiento-neto-minorado/reduccion-adquisicion-gasoleo-agricola-35-100.html
[22] Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), «Los agricultores y ganaderos tendrán reducciones fiscales excepcionales por la adquisición de gasóleo y fertilizantes», https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/los-agricultores-y-ganaderos-tendr%C3%A1n-reducciones-fiscales-excepcionales-por-la-adquisici%C3%B3n-de-gas%C3%B3leo-y-fertilizantes/tcm:30-637072
[23] La Moncloa, «El Gobierno publica la orden con una rebaja del 15 % en el IRPF 2023 para 800.000 agricultores y ganaderos», https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/paginas/2024/190424-gobierno-orden-rebaja-irpf-agricultores.aspx
[24] Comunidad de Madrid, https://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/ayudas-subvenciones-sector-agrario-agroalimentario
[25] Mau, p. 345.
[26] «Tregua para Pascua, paz para el 9 de mayo. El plan de 100 días de Trump para Ucrania se debate en círculos políticos», Strana.Ua,26 de enero de 2025, https://strana-today.translate.goog/news/478985-peremirie-k-paskhe-mir-k-9-maja-v-politkruhakh-obsuzhdaetsja-100-dnevnyj-plan-trampa.html?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sc
[27] József Böröcz, «El declive global de la UE y la des-emancipación y re-racialización de Ucrania», 7 de enero de 2024, https://www.elsaltodiario.com/analisis/declive-global-union-europea y Ángel Ferrero, «Ucrania, ¿qué integración?», 19 de noviembre de 2023, https://www.elsaltodiario.com/ucrania/ucrania-integracion
[28] https://elordenmundial.com/wp-content/uploads/2022/07/el-mapa-agricola-ucrania.png
[29]. Un excelente análisis sobre la interrelación entre crisis ecológica, políticas de transición verde, acumulación y gobierno de la población en Ilias Alami, Jack Copley y Alexis Moraitis, «La «perversa trinidad» del capitalismo tardío: gobernar en una era de estancamiento, humanidad sobrante y colapso medioambiental», 10 de agosto de 2023, https://contracultura.cc/2023/08/10/la-perversa-trinidad-del-capitalismo-tardio-gobernar-una-era-de-estancamiento-humanidad-sobrante-y-colapso-ambiental/
[30] MAPA, «Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)», https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organismos-publicos/enesa/
[31] Agroseguro, Informe anual 2023, p. 18.
[32] Agroseguro, p. 19.
[33] «El seguro agrario en cifras. Resultado de la serie 2023 en el ejercicio 2023», https://agroseguro.es/el-seguro-agrario-cifras-2023/#page=33
[34] «El seguro agrario en cifras. Evolución del número de pólizas y siniestros» https://agroseguro.es/el-seguro-agrario-cifras-2023/#page=34
[35] Agroseguro, pp. 12-13
[36] «Evolución de las subvenciones y del capital asegurado», https://agroseguro.es/el-seguro-agrario-cifras-2023/#page=36
[37] Ilias Alami, Jack Copley y Alexis Moraitis, p. 14
[38] Claro ejemplo de ello es la cesión de la UE ante las protestas de los agricultores, retirando el plan de reducción de los pesticidas, «La UE retira el plan de reducir un 50% los pesticidas ante las protestas del sector agrícola», El Periódico, 6 de febrero de 2024, https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20240206/ue-retira-plan-reducir-50-97835613
[39] Ilias Alami, Jack Copley y Alexis Moraitis, p. 14
[40] Karl Marx, El Capital, vol. III
[41] Ilias Alami, Jack Copley y Alexis Moraitis, pp. 14-15.
[42] Merchant, «Fantasías de secesión», https://contracultura.cc/2024/01/23/fantasias-de-secesion-una-critica-al-nacionalismo-economico-de-izquierdas/
[43] Partido Comunista de España (S.E. de la I.C.), Estatutos y tesis aprobados en el I Congreso (1922), Madrid, Mnemosyne, 2022, p. 38
[44] Rosa Luxemburgo, La Revolución rusa, Barcelona, Página Indómita, 2017, pp. 79-87.