Traducción por Iker Suárez
Publicación original: Horitzó
Esta semana, el Gobierno español y Podemos han pactado la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas migrantes que ya viven en el territorio del Estado. La aprobación de este Real Decreto desencalla una situación de bloqueo que se alargaba desde hacía más de año y medio, tras la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la campaña y plataforma RegularizaciónYa.
Con este nuevo episodio de regularización, el movimiento migrante y antirracista articulado en torno a la campaña ha logrado uno de sus objetivos centrales desde su nacimiento: presionar al Gobierno para que conceda una regularización masiva que permita a los migrantes en situación administrativa irregular acceder a derechos básicos hasta ahora sistemáticamente negados. No debemos olvidarlo: la regularización extraordinaria acordada esta semana es el resultado de una carrera de fondo sostenida durante años por organizaciones, asociaciones y comunidades migrantes, que han hecho de la reivindicación de papeles para todos un eje central de su acción política. En este sentido, la campaña de promoción de la ILP debe ser reconocida como uno de los principales vectores de la lucha de la población trabajadora migrante por la defensa de sus derechos políticos en los últimos años.
Con la aprobación de la regularización extraordinaria, nos encontramos ante un acontecimiento que hay que celebrar: cientos de miles de personas saldrán formalmente de la invisibilidad jurídica y algunas de ellas, con suerte, también de la indigencia social y económica a la que están sometidas tras haber abandonado sus países de origen, arriesgado sus vidas para llegar a Europa y, finalmente, asentarse en el territorio, donde subsisten en condiciones de extrema privación y discriminación racial.
Esta medida puede suponer una conquista de derechos civiles y políticos para más de medio millón de personas que, hasta ahora, se encontraban en una situación de total exclusión administrativa y, en consecuencia, expuestas a múltiples formas de supervivencia económica, así como a una política persecutoria y represiva sostenida por parte de las fuerzas policiales, que operan bajo sesgos claramente racistas.
En paralelo a la celebración inmediata de esta regularización, consideramos necesario ofrecer una breve lectura en clave comunista que permita desglosar algunos de los elementos centrales de su significado político de época. Se trata de interrogarnos sobre los escenarios que abre este episodio y de qué manera debe orientarse la cuestión a partir de ahora, para que no funcione exclusivamente como una respuesta administrativa y se convierta en una palanca eficaz para la construcción de un bloque proletario. En un contexto de creciente autoritarismo político y de ataque a las condiciones de vida de la clase trabajadora, la cuestión clave no es solo qué concede esta regularización, sino qué posiciones de fuerza contribuye a generar para la lucha social y política que tenemos por delante. Algunos apuntes:
En un contexto de clara aceleración del desmantelamiento del viejo paradigma socialdemócrata en toda Europa —sustituido progresivamente por gobiernos autoritarios, reaccionarios y abiertamente fascistas—, Pedro Sánchez continúa su carrera por reposicionarse como la figura de referencia del progresismo institucional europeo. Desde su vanidosa propaganda sobre la paz en Palestina a nivel internacional hasta su insistencia en la política interna en proyectar la viabilidad y la efectividad de unas medidas sociales cada vez más insuficientes para contener la miseria creciente de amplios sectores de la población, el presidente del Gobierno español se esfuerza por presentarse como la cara amable, responsable y “humanista” de un orden liberal en crisis.
“Que esta regularización llegue ahora, tras años de bloqueo de la ILP impulsada por el movimiento migrante autoorganizado, no es una coincidencia: se trata menos de una victoria moral de las instituciones que de un cálculo político en un contexto de desgaste del gobierno y de reconfiguración del panorama electoral”
Esta operación de marketing político no puede entenderse sin su reverso: la necesidad de marcar un antagonismo simbólico con los proyectos abiertamente reaccionarios que hoy capitalizan el descontento social. En este sentido, la sombra de la extrema derecha norteamericana y su despliegue represivo contra la población migrante funciona como un espejo deformante pero útil. Las políticas racistas y antiproletarias impulsadas en Estados Unidos —con un papel central de agencias como ICE, responsable de redadas, detenciones masivas, deportaciones y violencia sistemática contra personas racializadas — funcionan como espantapájaros perfecto para legitimar, por contraste, un modelo reformista decadente que todavía se presenta como garante de los derechos, a pesar de que en la práctica reproduzca las mismas lógicas de control, exclusión y explotación de la población trabajadora en general y de los sectores migrantes en particular.
En primer lugar, hay que señalar con claridad que esta regularización es una medida excepcional, estrictamente coyuntural y que no altera en absoluto la estructura que produce y reproduce la irregularidad administrativa. La Ley de Extranjería sigue plenamente vigente como mecanismo central de disciplinamiento de la fuerza de trabajo migrante. Una ley que no es una anomalía, sino una pieza clave de la gestión colonial del trabajo al interior del centro capitalista: establece jerarquías internas dentro del proletariado, segmenta la clase trabajadora y garantiza la existencia de un ejército de reserva especialmente vulnerable, sometido a mayores niveles de explotación, precariedad y violencia.
En este marco, tener papeles no equivale a tener derechos reales. La regularización no elimina la provisionalidad estructural: renovaciones constantes, dependencia del contrato, colapso administrativo, burocracia infinita, imposibilidad de acceder a citas, maltrato institucional y una vigilancia policial atravesada por el racismo. El resultado es una fuerza de trabajo formalmente “regular” pero materialmente disciplinada, siempre bajo la amenaza de volver a caer en la irregularidad. Esta medida, por lo tanto, no desmonta el dispositivo, sino que simplemente reajusta temporalmente algunas de sus partes.
En segundo lugar, es fundamental desmontar el relato de la concesión benevolente. No estamos ante un gesto humanitario del gobierno, sino ante una instrumentalización política de la vulnerabilidad del proletariado migrante en clave electoralista.
Las derechas construyen una imagen de la población migrante como enemigo interno: la criminalizan, la responsabilizan de la crisis social y la utilizan para cohesionar un proyecto reaccionario que repasa y acentúa las fronteras al interior de la clase proletaria. Las izquierdas, por su parte, instrumentalizan a la misma población como sujeto pasivo de políticas “progresistas”, con el objetivo de ampliar o conservar su espacio electoral, proyectar una imagen humanitarista y, al mismo tiempo, neutralizar la conflictividad social.
Que esta regularización llegue ahora, tras años de bloqueo de la ILP impulsada por el movimiento migrante autoorganizado, no es una coincidencia: se trata menos de una victoria moral de las instituciones que de un cálculo político en un contexto de desgaste del gobierno y de reconfiguración del panorama electoral.
Por último, y quizás lo más importante, hay que decirlo sin rodeos: en la política burguesa no hay gestos gratuitos. Esta regularización se inscribe en un momento de crisis profunda del pacto social del trabajo. El desempleo estructural, la intermitencia laboral, el empobrecimiento generalizado y el aumento de la explotación afectan a capas cada vez más amplias de la clase trabajadora. Al mismo tiempo, el Estado español se enfrenta a una crisis demográfica marcada por el envejecimiento de la población y el estancamiento —o incluso el descenso— de la población activa.
En este contexto, la regularización masiva no es tanto una respuesta a una demanda de derechos como un intento desesperado de garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. El capital español necesita trabajadores y trabajadoras: en sectores precarizados, con salarios bajos, con poca capacidad de negociación colectiva. Esta regularización extraordinaria supone una incorporación más eficiente al circuito de explotación de los trabajadores migrantes, personas que ya estaban trabajando, a menudo al margen de la economía. Es una operación de racionalización del mercado laboral en un momento de crisis, no una ruptura con el modelo.
También es necesario hacer una advertencia: esta medida extraordinaria, favorable a una parte importante del proletariado de nuestro país, conlleva un grave riesgo de desmovilización de los sectores migrantes en lucha. En particular, Podemos busca canalizar cualquier atisbo de activación política de estos sectores mediante su giro a la izquierda y discursivamente radical, que pretende hacernos olvidar que formaron parte del gobierno que cometió la masacre de Melilla. Integrar, desmovilizar y transformar en oportunismo parlamentario lo que podría ser el inicio de una política contestataria: este es el objetivo.
Del mismo modo, esta conquista tendrá que defenderse con uñas y dientes. Su aplicación efectiva aún no está garantizada, ni tampoco se conocen con certeza los términos concretos en los que se desplegará. Por lo tanto, será necesario seguir de cerca las condiciones de su cumplimiento, fiscalizar su ejecución y promover su defensa sin concesiones, ante el riesgo de que la regularización acabe diluida, restringida o subordinada a criterios administrativos y políticos que la vaciarían de su alcance real y masivo.
“No estamos ante un gesto humanitario del gobierno, sino ante una instrumentalización política de la vulnerabilidad del proletariado migrante en clave electoralista”
Por lo tanto, es imprescindible poner a disposición de este proceso todo el conjunto de organizaciones, sindicatos y plataformas que puedan garantizar, caso por caso, que todas las personas potencialmente beneficiarias puedan acogerse a la medida. Sabemos que las instituciones, administraciones y departamentos competentes, construidos sobre los cimientos antiproletarios del Estado burgués, dificultarán el acceso mediante bloqueos burocráticos, requisitos engañosamente complejos y procedimientos disuasorios que limitan el ejercicio efectivo de los derechos que corresponden legalmente. Además, hay que tener en cuenta que, más allá de los titulares propagandísticos, el gobierno de Pedro Sánchez aún puede descuartizar la medida, diluir su alcance o restringir su aplicación a determinados casos; y, en escenarios futuros, la presión de la derecha parlamentaria podría intentar paralizar su aplicabilidad tal como la hemos conocido hasta ahora.
En consecuencia, la aprobación de esta regularización no solo exige una defensa inmediata y concreta, sino que también puede ser un elemento de lucha política en torno al cual reagrupar a diferentes sectores proletarios, contribuyendo así a preparar el terreno para una nueva fase de la lucha de clases, en la que el auge de la reacción intentará profundizar las divisiones internas del proletariado y fragmentar cada vez más a sus sectores. Ante estos intentos de fragmentación, habrá que oponerles las prácticas constituyentes de un bloque proletario unificado en torno a la solidaridad efectiva entre los diferentes sectores de la clase obrera, garantizando la plena participación política de las fracciones más desprotegidas, especialmente el proletariado migrante.
Este bloque no puede depender del aparato del progresismo ni de la retórica de la igualdad de derechos: su fuerza reside en su independencia política y operativa, y en su capacidad para reanudar y relanzar la lucha revolucionaria con criterios de clase universal. Esto significa que el conjunto de sectores de la clase trabajadora debe asumir como propias las reivindicaciones y luchas de los hermanos migrantes —desde la derogación de la Ley de Extranjería y el cierre de los CIEs, hasta la defensa contra las redadas policiales racistas—, transformando estas acciones en elementos estructurales y estratégicos para la cohesión y el refuerzo de la nueva política proletaria.
En última instancia, el éxito de esta medida dependerá de nuestra capacidad de convertir la ocasión de una conquista parcial en una plataforma de fuerza política, donde la solidaridad de clase no sea solo retórica, sino una práctica concreta de coordinación, vigilancia y defensa, capaz de resistir los intentos de desmantelar los derechos de los diferentes sectores proletarios, que la reacción tratará de desatar.