Lorién Gómez, militante de la Coordinadora Juvenil Socialista de Zaragoza
El pasado día 16 de octubre se cumplieron 6 meses en prisión de 4 de los 6 de Zaragoza. Condenados tras 5 años de juicios a 4 años y 9 meses sin otra prueba que el testimonio de la Policía. Su delito: movilizarse contra la ultraderecha. Y al igual que en las distintas movilizaciones que han tenido lugar durante los últimos años, el movimiento antifascista zaragozano respondió a la altura, con una multitudinaria manifestación que concluiría a las puertas del CSO Kike Mur.
Esa misma semana, Pedro Santisteve, exalcalde de Zaragoza con ZEC entre 2015 y 2019, publicaba un artículo en defensa de la libertad de los 6 de Zaragoza donde aseguraba que el encarcelamiento de los jóvenes antifascistas venía provocado por la falta de respeto a las «garantías procesales», lo que facilitaría el «activismo judicial» de algunos jueces escorados ideológicamente hacia la derecha. Según Santisteve, el problema, además, vendría dado por dos causas: «la crónica escasez de jueces» y «la insuficiente formación constitucional de los mismos»[1]. En síntesis, el argumento de Santisteve sería que este ataque a los derechos políticos está provocado por la falta de constitucionalismo. Vayamos por partes.
En primer lugar: debemos contextualizar el caso y enmarcarlo dentro del verdadero papel que desempeñan los Estados en el modo de producción capitalista. Como sabe el lector, el de los 6 de Zaragoza está lejos de ser un caso aislado, provocado por algunas «manzanas podridas» que contaminan el verde árbol del poder judicial. Desgraciadamente, ejemplos como los 6 de la Suiza, los jóvenes de Altsasu, las causas penales por «terrorismo» por la organización del Tsunami Democràtic o los numerosos casos de infiltraciones policiales en movimientos sociales ponen de manifiesto el pan de cada día de la clase trabajadora organizada. Su objetivo, declarado o no, no es otro que el disciplinamiento de la clase obrera. Algo que también hemos visto en Zaragoza a través los desalojos del CSC Luis Buñuel o del CSO Loira, así como con las multas a la PAH por parar desahucios, entre muchas otras.
Todos los casos mencionados son muestras de un proceso de limitación de nuestros derechos políticos a través de castigos ejemplarizantes: por ejemplo, el caso de las 6 de la Suiza es un ataque a nuestra libertad sindical, el caso de los 6 de Zaragoza un ataque a nuestro derecho a la protesta y las numerosas infiltraciones policiales un ataque a nuestro derecho de asociación, y así sucesivamente. Derechos como el de asociación, reunión, intimidad, de conciencia, de protesta o de libertad de expresión, etc, son imprescindibles, pues sin ellos toda autoorganización política de la clase trabajadora está puesta en entredicho. Pero no constituyen únicamente esferas de libertad negativa ⸺de autodefensa⸺ que «constitucionalizan» el despotismo de las relaciones de clase; sino que son, sobre todo, los condicionantes político-legales que posibilitan la extensión de las ideas socialistas[2].
En este contexto, los ataques a los derechos políticos no son sino la manifestación del giro autoritario que están tomando los Estados capitalistas en el presente contexto de crisis y caída de la ganancia. Una crisis que arrastra el capitalismo desde el agotamiento del ciclo fordista de acumulación en los 70 y la ofensiva neoliberal contra la clase trabajadora que culminaría en las políticas de austeridad de la Gran Crisis Financiera de 2008, y que, en la actualidad, cobra forma bajo un nuevo keynesianismo de guerra orientado hacia la primacía del gasto represivo-militar en detrimento del gasto en servicios públicos, pensiones y prestaciones sociales, todo ello bajo el telón de fondo de una creciente desmovilización política de la clase trabajadora auspiciada por los sindicatos y partidos socialdemócratas[3].
En este sentido, debemos recordar que la función básica del Estado es la garantía de la dinámica general de la acumulación de capital y la reproducción de las relaciones de clase que le son parejas a través del sometimiento del proletariado. Esto quiere decir que, en última instancia, hasta el Estado más democrático-constitucional encierra un componente de autoritarismo, pues es un aparato de dominación de clase. Por supuesto, el ordenamiento jurídico e institucional concreto, así como los distintos mecanismos de integración/exclusión política de las clases subalternas, varían históricamente en función de las necesidades que impone el ciclo de acumulación. Es por eso que el paulatino desmantelamiento de las dimensiones asistenciales de los Estados de Bienestar conformados durante la segunda mitad del siglo XX conlleva el refuerzo de sus dimensiones represivo-penales. Es decir, lo que estamos viviendo no es una falta de «constitucionalismo», sino la respuesta que están dando los Estados capitalistas a un periodo histórico caracterizado por la crisis. A menudo ello aparece legitimado ideológicamente bajo distintas formas de «populismo punitivo», en un intento por securitizar el discurso mediático, criminalizando a la clase trabajadora con el objetivo de extender socialmente el miedo y, a su vez, favorecer mayores demandas de «seguridad». Y esta es, además, una de las puntas de lanza del proyecto reaccionario de la ultraderecha y del fascismo, el cual busca conectar supuestos «problemas securitarios» ⸺ya sean originados por organizaciones obreras, por la inmigración o por los okupas⸺, proponiendo así el uso extensivo del derecho penal como forma de resolución de los problemas sociales. Como señala Ibai Julián, se trata «de definir un “enemigo común” y conseguir adhesión sobre las medidas antiproletarias entre las masas» bajo el relato de la comunidad nacional en decadencia[4]. En definitiva, el auge reaccionario en el que nos hallamos inmersos no puede entenderse desligado de la crisis del capitalismo occidental y del creciente autoritarismo de los Estados[5].
En segundo lugar: debemos estudiar esta deriva autoritaria en el Estado español y el papel histórico que está desempeñando la socialdemocracia en él. Aunque este proceso es generalizable al resto de formaciones capitalistas, por razones de espacio y de concreción nos ceñiremos al caso mencionado. Aquí comenzaría a verse de forma más cruda a partir de las reformas de corte represivo implementadas bajo el gobierno del Partido Popular en los años posteriores a la Crisis de 2008 (al igual que en el resto de Estados occidentales) como la ampliación de la Ley de Seguridad Privada de 2014, y, sobre todo, la reforma y endurecimiento del Código Penal de 2015 y la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana ⸺más conocida como Ley Mordaza⸺, también aprobada en 2015, la cual aumentaba las restricciones sobre la libertad de expresión y sobre otras actividades que hasta entonces no se consideraban infracciones, aumentaba considerablemente el poder policial ⸺de ahí, en parte, que la «credibilidad policial» que critica Santisteve haya ganado más peso⸺, e introducía una reforma sobre la Ley de Extranjería que autorizaba las devoluciones en caliente.
Sin embargo, después de su llegada al poder en 2019, la socialdemocracia no ha puesto marcha atrás, ni un ápice, esta oleada de ataques contra nuestros derechos políticos. No solo es que la haya mantenido, sino que, de facto, la ha reforzado. Y lo ha hecho porque este es un proceso que va más allá de si el color de los gestores políticos de turno es más conservador o más progresista, ya que, en última instancia, tiene que ver con la respuesta que da el Estado capitalista al «problema» que supone la garantía del orden social en momentos de crisis sistémica. Es aquí donde debemos situar movimientos como la reforma del Código Penal de 2022, que pena con hasta 18 meses de prisión los hurtos leves reincidentes, la ya mencionada jurisprudencia que comienza a asentarse contra el sindicalismo tras la sentencia del Tribunal Supremo y la posterior ratificación del Tribunal Constitucional sobre las 6 de la Suiza, o las deportaciones de «migrantes irregulares» ⸺esto es, de población completamente desprovista de derechos políticos⸺ emprendidas por el Gobierno, entre muchos otros. Por mencionar el recurrente caso de la Ley Mordaza: el 65% de las sanciones de esta ley han sido impuestas durante los cinco años del «gobierno más progresista de la historia», frente a las impuestas entre 2015 y 2018 durante el mandato del PP, y ello a pesar de los sucesivos anuncios de formaciones como Sumar o EH Bildu de su «derogación». De hecho, de los 54 artículos y disposiciones adicionales de la ley, el reciente pacto entre PSOE y Bildu tan solo modifica cuatro[6]. Además, en el presente contexto bélico y de reorientación presupuestaria hacia el gasto militar, todo apunta a que la deriva autoritaria del Estado y los ataques contra los derechos políticos se seguirán agudizando.
En tercer lugar: no debemos olvidar que una de las principales bazas electorales de la socialdemocracia, desde el gobierno de PSOE-Sumar hasta Podemos, pasando por EH Bildu, ERC, Compromís o la Chunta Aragonesista, así como de sus filiales municipalistas, sigue siendo la galvanización del miedo al «fascismo» en busca de rédito político inmediato. Es la pescadilla que se muerde la cola: la socialdemocracia azuza el temor a la ultraderecha mientras que su función como gestora del capital apuntala las condiciones de miseria de los trabajadores y el creciente autoritarismo Estado, generando así de manera constante las condiciones que posibilitan el auge de la reacción.
En definitiva, la cuestión fundamental no reside en tener mejores o peores intenciones sobre qué hacer respecto desde las instituciones a este u otro caso de represión ⸺tampoco de la «formación constitucional» de los jueces⸺, sino de comprender que la socialdemocracia, como proyecto político, no ha dado ni va a dar marcha atrás a un proceso de endurecimiento penal que le es funcional en un contexto de crisis y de recortes en gasto social. Frente a los continuos ataques contra estos, y frente a la instrumentalización electoralista que hace de ello la socialdemocracia, apostamos por seguir construyendo un poder social basado en la independencia política de la clase trabajadora. Desde el Movimiento Socialista consideramos que una buena herramienta para avanzar en estos objetivos es el debate y la discusión racional entre las organizaciones de clase, y es por ello que queremos hacer una invitación general a la Jornada de lucha por los derechos políticos, la cual tendrá lugar en el Centro Cívico Tío Jorge el próximo domingo 1 de diciembre y contará con la participación de representantes de los 6 de Zaragoza, la PAH, del CSO Loira y de la CNT. Os esperamos.
[1] Santisteve, Pedro. Los ‘6 de Zaragoza’ y la quiebra de las garantías constitucionales. El Periódico de Aragón, 25 de octubre de 2024. Disponible en: https://www.elperiodicodearagon.com/opinion/2024/10/25/6-zaragoza-quiebra-garantias-constitucionales-110280112.html
[2] Julián, Ibai. La deriva autoritaria del Estado y la lucha por los derechos políticos. Los derechos políticos en el punto de mira, Arteka, 2023. Disponible en: https://gedar.eus/es/arteka/estatuaren-bilakaera-autoritarioa
[3] No es nuestro objetivo extendernos en un proceso histórico sumamente complejo y solo podemos referir aquí a generalidades. No obstante, consideramos imprescindible referenciarnos a él para comprender la deriva autoritaria de los Estados en la que estamos inmersos. Para profundizar tanto en la coyuntura económica actual como en las transformaciones del capitalismo occidental en las últimas décadas, véase C. Ruiz, Pablo, Economía política del declive: acumulación y lucha de clases ante una era de catástrofes, en Marx XXI. Independencia política, ContraCultura, 2024, pp. 45-83. Disponible en: https://contracultura.cc/marx-xxi-independencia-politica-i-2/.
[4] Julián, Ibai. La deriva autoritaria del Estado y la lucha por los derechos políticos. Los derechos políticos en el punto de mira, Arteka, 2023. Disponible en: https://gedar.eus/es/arteka/estatuaren-bilakaera-autoritarioa
[5] No me es posible extenderme más en esta cuestión por razones de espacio. Para profundizar, véase Gómez, Lorién, Estrangular al tigre. Reseña a La nostalgia fascista del futuro, ContraCultura, 18 de septiembre de 2024. Disponible en: https://contracultura.cc/2024/09/18/estrangular-al-tigre-resena-de-la-nostalgia-fascista-del-futuro/
[6] Jugo, Ainhoa. ¿Qué queda intacto de la Ley Mordaza? Gedar, 7 de octubre de 2024. Disponible en: https://gedar.eus/es/kolaborazioak/mozal-legearen-erreforma