Traducción por Alfonso Fernández
El popular libro de texto de Ravenhill define el «enfoque central» de la Economía Política Internacional (EPI) como «la interrelación entre el poder público y el privado en la asignación de recursos escasos» (Ravenhill 2017, p. 21). Aunque el énfasis en la escasez no es universalmente compartido, es ampliamente aceptado que la relación entre las esferas pública y privada es la materia de la EPI. Como escribe Watson (2005, p. 21), «la mayoría de las contribuciones a la bibliografía de la EPI se han formulado en términos de la relación causal entre una entidad llamada “Estados” y otra llamada “mercados”». Mientras que solo los enfoques más tradicionales enmarcan a los Estados y los mercados en un «tira y afloja en el que más mercado equivale a menos Estado» –como argumentaban las primeras intervenciones en el «debate sobre la globalización» de la EPI–, sigue siendo supuestamente habitual conceptualizar lo público y lo privado como ámbitos estrictamente separados (Clift 2014, p. 168). De hecho, como afirma Bruff (2011, p. 84), «no son solo las contribuciones más dominantes las que despliegan una dicotomía Estado/mercado, sino también las perspectivas autoproclamadas críticas». Según esta autocomprensión generalizada, la EPI sigue estando definida fundamentalmente por un enfoque dualista de los Estados y los mercados.
Sostenemos que esta caracterización está desfasada. Dentro de la EPI, cada vez hay más consenso en que «los sistemas de mercado y los sistemas políticos son co-constitutivos» (Broome 2014, p. 12). Mientras que la noción de una estricta división entre Estado y mercado se mantiene a menudo como la corriente dominante de la EPI, frente a la cual las teorías de la co-constitución política/económica se presentan como una contracorriente radical, nosotros argumentamos que ha surgido una especie de consenso crítico en torno al concepto de la constitución mutua de los Estados y los mercados. Este enfoque abarca una amplia gama de intervenciones de la EPI, incluidas las tradiciones feministas y pos/decoloniales, que han llamado la atención sobre cómo los fenómenos del mercado se entrelazan con estructuras políticas de género y raciales (Bakker y Silvey 2008, Elias y Roberts 2018, Tilley y Shilliam 2018). La tesis de la constitución mutua pone de relieve el papel del Estado en el apuntalamiento de la evolución del mercado, demostrando el entrelazamiento de los mercados en las estructuras institucionales, ideológicas y político-jurídicas nacionales. Dentro de esta literatura, muchas intervenciones clave se basan específicamente en el concepto de imbricación [embeddedness][1] de Polanyi (Cohen 2008, p. 116). Como escriben Block y Somers (2014, p. 37), la innovación de Polanyi consistió en insistir en que los mercados «no son naturales ni autónomos, sino que están profundamente imbricados en el ejercicio del poder y la autoridad del Estado». Los Estados no intervienen a expensas de los mercados, sino que los mercados sólo existen porque los Estados los producen y los regulan. Aunque no cabe duda de que esto es cierto, en la EPI contemporánea esta idea «se toma con demasiada frecuencia […] como conclusión y no como principio del análisis» (Burnham 2011, p. 478). La afirmación de que la autoridad política y económica constituyen conjuntamente toda la realidad social humana corre el riesgo de caer en la trivialidad si no se desarrolla más en una teoría de la dinámica históricamente específica del capitalismo.
Este artículo insiste en que el enfoque de la constitución mutua de la EPI no logra comprender cómo el mercado capitalista depende por completo de los Estados y, al mismo tiempo, constituye una lógica social automática que se impone a los Estados. Partiendo de la lectura de la obra de Marx desde la perspectiva de la «forma-valor» (véase Pitts, 2019), proponemos que el concepto de enajenación de Marx es más adecuado para captar esta doble vertiente. Al forjar y reproducir las relaciones monetarias capitalistas a nivel nacional y a través de los sistemas monetarios internacionales, los Estados producen accidentalmente una dinámica global de competencia económica por el tiempo de trabajo que los subordina a sus dictados. El dinero es el sistema nervioso central que transmite los cambios en la productividad laboral de una parte de la sociedad a la otra, prometiendo la ruina económica para las empresas si este nuevo estándar no puede igualarse (Rubin 1973). Mientras que la construcción y el mantenimiento de este sistema monetario son «asuntos de Estado», la creación de mercados desencadena una lógica autónoma propia (Bonefeld 2014, p. 182). La enajenación, por lo tanto, denota no sólo un sentimiento de extrañeza, sino la pérdida real de control por parte de las instituciones políticas sobre las relaciones sociales que crean (Postone 1993, p. 159). El reto al que se enfrentan los Estados a la hora de gestionar este sistema de competencia perpetua, argumentamos, puede entenderse como la política contradictoria de gobernar la enajenación: los Estados deben navegar por un camino entre disciplinar las relaciones sociales nacionales de acuerdo con los promedios del mercado mundial, a fin de mantener la viabilidad de la economía nacional, y posponer estas presiones competitivas para garantizar la estabilidad social nacional. El enfoque de la constitución mutua no logra captar la dinámica desbocada del desarrollo capitalista, por la que los Estados producen inconscientemente una lógica de enajenación que escapa a su control. Además, su énfasis unilateral en la función creadora de mercado de los Estados pasa por alto la naturaleza contradictoria de la gobernanza de la enajenación.
Comenzaremos analizando las distintas variantes de la tesis de la constitución mutua. Durante el «debate de la globalización», algunos académicos insistieron en que la globalización económica no implicaba la retirada del Estado, sino más bien una transformación e incluso una expansión de las actividades estatales. La idea de que la actividad del mercado siempre está imbricada en las instituciones políticas y las normas ideológicas era fundamental para muchos de estos argumentos. A continuación, examinamos las deficiencias del enfoque de la constitución mutua. Mientras que esta última tiende a plantear la imbricación y la desimbricación del mercado como condiciones mutuamente excluyentes, nosotros argumentamos que los mercados capitalistas están simultáneamente enraizados en instituciones políticas, sociales y culturales y se caracterizan por una lógica automática. A continuación, este artículo explora la política de gobernanza estatal de esta dinámica social de enajenación. Afirmamos que tanto la corriente neoliberal como la keynesiana del pensamiento liberal son lentes útiles, aunque parciales, para entender cómo los Estados se ven obligados a promulgar tanto disciplina económica como medidas paliativas para gestionar las fuerzas contradictorias de la competencia del mercado mundial y las preocupaciones por la legitimidad nacional.
La idea de que los Estados y los mercados constituyen un todo social entretejido es más antigua que el propio campo de la EPI. Sin embargo, dentro de los límites disciplinarios de la EPI propiamente dicha, el debate más sostenido sobre la constitución mutua del Estado y el mercado surgió del «debate sobre la globalización». Este debate se centró en la globalización de las relaciones económicas tras la desaparición del sistema de Bretton Woods y sus implicaciones para la capacidad de gobierno de los Estados (Mittelman 2000, Cameron y Palan 2004, Philips 2005). La primera andanada de este debate la protagonizaron los argumentos «globalistas», que insistían en la «retirada» del Estado contemporáneo (Strange, 1996) o en su «extinción» (Held, 1995) ante las «olas» de capital mundial sin restricciones. Estos planteamientos se basaban en la idea de que los Estados y los mercados están inmersos en una lucha de poder de suma cero (Sørensen 2004). Una respuesta importante a esta concepción dicotómica de los Estados y los mercados fue el enfoque del «Estado competidor» (Cerny 1997, Hirsch 1997, Jessop 2003). Este enfoque sostenía que, ante la globalización económica, los Estados no retroceden, sino que «internalizan» cada vez más la lógica competitiva del mercado, dando prioridad a la «empresa, la innovación y la rentabilidad» de la economía nacional por encima de la solidaridad social nacional (Cerny 1997, p. 260). Al argumentar que a través del proceso de globalización «las fronteras entre el Estado y el mercado se difuminan», el enfoque del Estado competidor apuntaba a la co-constitución de la actividad política y económica (Cerny 1997, p. 267). Sin embargo, más adelante, en el debate sobre la globalización, surgiría un enfoque de constitución mutua más exhaustivo por parte de los estudiosos de la EPI, basado en el concepto de imbricación propuesto por primera vez por Polanyi.
La tesis de la constitución mutua, sostenemos, es emblemática del «giro polanyiano» en la EPI, que se ha esforzado por desvelar los poderes estatales intervencionistas que sustentan el mercado neoliberal (Knafo 2020). Directa o indirectamente, la tesis de la constitución mutua se inspira en la noción de imbricación, ya que trata de poner de relieve la interpenetración de los procesos políticos, institucionales y económicos. El concepto de imbricación de Polanyi ha sido objeto de diversas interpretaciones, desde el énfasis de Granovetter (1985) en la imbricación del comportamiento económico de los agentes en redes de relaciones sociales, hasta la visión holística de Block (2003) de la «economía siempre imbricada», que sostiene que ningún sistema económico puede desvincularse de su contexto cultural y social. Los relatos de la constitución mutua de la EPI se inspiran en Polanyi y en el concepto de imbricación para contrarrestar la rígida dicotomía Estado-mercado del enfoque globalista, afirmando en su lugar su relación entrelazada (Amoore 2002, p. 49, Cohen 2008, p. 116, Holmes 2018, p. 21).
Dentro del debate sobre la globalización, el campo de la Economía Política Comparada (EPC) cuestionó la convergencia institucional frente a la globalización asumida por los relatos existentes y, en su lugar, hizo hincapié en las variaciones nacionales de las adaptaciones de los Estados al cambio económico (Crouch y Streeck 1997, Hollingsworth y Boyer 1997, Hall y Soskice 2001, Amable 2003, Campbell 2004). La EPC defiende el principio básico de la escuela de las Variedades de Capitalismo (VC), a saber, que la globalización conduce a adaptaciones diferenciadas, en lugar de a la homogeneización, ya que las economías políticas nacionales responden a los acontecimientos externos basándose en las características peculiares de su estructura institucional nacional de relaciones de mercado (Hall y Soskice 2001, Hancké 2009, p. 4). Ya sea en su vertiente granovetteriana o polanyiana, la EPC está influida por el concepto de imbricación (Peck y Theodore 2007, p. 751, Jackson y Deeg 2008, p. 683, Clift 2014, p. 209). Más concretamente, la tradición comparada se basa en una noción de «imbricación institucional», según la cual los agentes del mercado siempre operan dentro de un contexto social e institucional determinado que, en última instancia, condiciona sus estrategias económicas (Weiss 2010, p. 183). A pesar de los retos económicos internacionales comunes a todos los Estados, la EPC muestra que la adaptación de los Estados a las presiones liberalizadoras no puede desvincularse de los compromisos y negociaciones políticas mediadas institucionalmente dentro del orden social nacional (Amable 2003, 2017, pp. 3-9, Hancké et al. 2007, pp. 19-23, Hall y Thelen 2009).
Aunque los enfoques de la EPC no se centran por igual en las relaciones entre el Estado y el mercado –el papel del Estado brilla por su ausencia en los análisis de la VC (Clift 2014, p. 201)–, su descripción de la globalización como fuente de diversidad transnacional sugiere que el cambio económico siempre está «condicionado institucionalmente» (Hall 2007, p. 76), en lugar de ser impuesto por los mercados globales de forma disciplinaria. Otros estudiosos de la EPC son más partidarios de hacer hincapié en el papel del Estado en el nacimiento de las distintas especies nacionales de capitalismo (Levy et al. 2006, Molina y Rhodes 2007, Jackson y Deeg 2008, pp. 699-700, Schmidt 2009). En este sentido, a medida que las tradiciones políticas nacionales y los patrones de acción del Estado se imprimen en las diversas trayectorias de ajuste económico de las naciones, se revela que el Estado hace mucho más que internalizar mecánicamente los imperativos externos del mercado (Vail 2018). De hecho, el enfoque comparativo destaca que los Estados tienen una capacidad de «creación y configuración de mercados» que varía según el país, lo que apunta a la relación entrelazada entre Estados y mercados (Clift y Woll 2012, p. 310).
Los enfoques constructivistas coinciden en considerar que los Estados y los mercados mundiales son «mutuamente constitutivos» (Geske 2000). Su co-constitución se pone de relieve a través del papel de los factores ideológicos en la configuración de las trayectorias económicas (Cameron y Palan 2004, Seabrooke 2007, Blyth 2013). De hecho, los mercados no son autónomos, en la medida en que son dotados de significado y finalidad por agentes políticos (Abdelal 2009). Basándose a menudo en la crítica de Polanyi al laissez-faire, estos enfoques destacan que la separación entre mercado y Estado se basa en una «ficción» ideológica (neoliberal) (Peck 2010, Maucourant y Plociniczak 2013). Como tales, las distintas prácticas de creación de mercados, desde las neoliberales hasta las socialdemócratas, pueden considerarse a través del concepto de «imbricación ideológica», que denota la forma en que los paradigmas ideológicos «conforman, estructuran y cambian los regímenes de mercado» (Somers y Block 2005, p. 260).
La imbricación ideacional encaja bien con las ideas de la llamada teoría de la globalización de tercera ola (véase Bruff 2005, Berry 2011). Para esta escuela, es la interpretación de la globalización por parte de los agentes políticos, y no la globalización en sí misma, lo que conduce a resultados políticos específicos, como la liberalización comercial/financiera (Lister y Marsh 2006). Por ejemplo, los responsables políticos pueden apelar a interpretaciones subjetivas de la globalización como una restricción estructural para implementar preferencias políticas neoliberales contingentes (Hay y Rosamond 2002, Watson y Hay 2003). Son las «percepciones cognitivas» de los responsables políticos sobre los fenómenos económicos conjeturales las que enmarcan las respuestas institucionales a la evolución del mercado, en contraposición a las fuerzas del mercado global (Blyth 2001, 2002, Campbell 2004, Abdelal et al. 2010). Desde este punto de vista, las relaciones entre el Estado y el mercado se construyen «discursivamente» –no son los mercados fuera de control los que predeterminan la política estatal, sino «el mito creído de los mercados desimbricados» (Caporaso y Tarrow 2009, p. 596, énfasis nuestro; véase también Hay 2002.
Aunque algunos enfoques comparativos y constructivistas de la constitución mutua se han acercado indirectamente al pensamiento polanyiano añadiendo un giro institucionalista o ideológico al concepto de imbricación, la tesis de la constitución mutua ha encontrado sus defensores más radicales en los enfoques que se basan directamente en la noción polanyiana de imbricación. Tales enfoques siguen la propuesta de Polanyi de que la economía, de mercado o no, siempre está «enredada en instituciones, económicas y no económicas» (Polanyi 1957, p. 250, véase Gemici 2008). En contraposición a una esfera autónoma, el mercado se considera parte orgánica de un conjunto social más amplio (Block y Somers 1984, Polanyi 2001, p. xxiii). El funcionamiento del mercado no se reduce a las transacciones económicas entre individuos atomizados y racionales, sino que está inevitablemente enredado en una red más amplia de relaciones no económicas y repercute en las disposiciones jurídicas, culturales y políticas de una sociedad determinada (Barber 1995, Krippner 2001).
La concepción neopolanyiana de la economía como «siempre imbricada» (Barber 1995, Block 2003) se aleja radicalmente de la dicotomización analítica de lo político y lo económico en esferas distintas de organización social y, en su lugar, destaca la «constitución mutua del Estado y la economía» (Block y Evans 2005, p. 506, Krippner y Álvarez 2007, p. 233). En lugar de disciplinar a los Estados, los mercados dependen de la constante intervención estatal para regular el trabajo, la tierra y el dinero, las «mercancías ficticias» que, en ausencia de regulación política, no se negociarían en los mercados (Block 2003, p. 282). Como revela el pensamiento polanyiano, al Estado se le encomienda una función de «creación de mercado» (Levy 2006, p. 44), ya que los mercados «se crean y se sostienen en última instancia a través de los mecanismos del Estado» (Underhill y Zhang 2005, p. 8). El concepto de Underhill de «condominio Estado-mercado» capta bien la visión imbricada de la economía mundial, ya que se interpreta que la gobernanza mundial no pertenece exclusivamente a la esfera del mercado o del Estado, sino que constituye un todo orgánico formado por la influencia ejercida mutuamente por los agentes políticos y económicos (Underhill 2000).
Así, desde una perspectiva neopolanyiana, la era de la globalización neoliberal no ha anunciado la transición de un sistema de imbricación en el mercado a una reducción generalizada de los poderes intervencionistas del Estado. El neoliberalismo simplemente representa una articulación diferente de la imbricación (Cahill 2014, Vogel 2018, p. 133). La economía neoliberal sigue incrustada en una constelación históricamente específica de paradigmas ideológicos, acuerdos institucionales y equilibrios de fuerzas de clase (Cahill 2018). Concretamente, la desregulación de los mercados financiero y laboral no señala la retirada del Estado, sino la aparición de una forma cualitativamente alterada de gestión política de estas esferas (Block 2007, Krippner 2007). Fundamentalmente, para la EPI neo-polanyiana, ningún proyecto de instauración de un mercado autorregulado, como el neoliberalismo, puede tener éxito. Basándose en la noción de Polanyi del doble movimiento, se sugiere que el contramovimiento, o la resistencia de la sociedad a los efectos dislocadores del mercado, plantea obstáculos a la plena liberalización económica y obliga al Estado a desplegar medios reguladores que garanticen «cierto nivelumbral de imbricación» (Block y Somers 2014, p. 93; véase también Porter y Craig 2004, Sanbrook 2011).
Mientras que la EPI neopolanyiana hace todo lo posible por demostrar el carácter totalmente imbricado de los mercados, una lectura alternativa y crítica de la obra de Polanyi cuestiona la aplicabilidad de la «imbricación» al capitalismo. Lacher (2019) muestra que el concepto de «economía siempre imbricada» oscurece la novedad central del pensamiento de Polanyi, que buscaba demostrar que la lógica autorreguladora del mercado era incompatible con los intentos de imbricar la economía poniéndola bajo control social. Esta lectura «dura» de Polanyi contrasta con la interpretación «blanda» de la EPI neopolanyiana (véase Dale, 2016; Goodwin, 2018), ya que llama la atención sobre las tendencias de desimbricación del mercado: mientras que en las sociedades precapitalistas la actividad económica se fijaba dentro de las convenciones sociales existentes, el mercado capitalista se caracteriza por un principio de organización históricamente novedoso, por el que diferentes actividades sociales se subordinan a la lógica autónoma del mercado (Cangiani, 2017). Esta interpretación distingue de manera crucial entre el carácter instituido y el carácter imbricado de las economías. Mientras que el primero sugiere que cada sociedad institucionaliza, de diferentes maneras, su producción y distribución, el segundo se refiere esencialmente a la mezcla de lo económico con otras esferas sociales (Harvey 2007, p. 165, Machado 2011, p. 136). La desvinculación connota que la sociedad está efectivamente subordinada al mecanismo de precios del mercado, ya que el valor de los bienes, la tierra y los ingresos es dictado automáticamente por las fluctuaciones de la oferta y la demanda, en lugar de ser administrado directamente por los actores sociales (Machado 2011). Aunque socialmente instituido, el mercado capitalista escapa al control consciente de sus creadores e impone su propia racionalidad a la sociedad, según esta lectura. Como dice Dale (2010, p. 202), «que el mercado liberal esté “imbricado” en el sentido de “instituido” […] no niega su “desimbricación” a otros niveles».
La crítica al Polanyi «blando» puede dirigirse contra la tesis de la constitución mutua en su conjunto. Las variedades de constitución mutua que aquí se discuten –la economía «condicionada institucionalmente», la construcción ideacional de los regímenes de mercado y el «mercado siempre inbricado»– sugieren que los Estados están internamente relacionados con los mercados e integran activamente sus economías en la escala global de formas diversas y políticamente imbricadas. Sin embargo, si se tienen en cuenta todas las implicaciones de la función creadora de mercado del Estado, se podría argumentar que, aunque la actividad del mercado esté respaldada por la autoridad estatal, el movimiento del mercado puede escapar al control político y atar inadvertidamente las manos del Estado. Como sostenemos, la constitución mutua de los Estados y los mercados engendra su subordinación mutua a la lógica disciplinaria de la competencia capitalista.
De la constitución mutua a la enajenación
La literatura de la EPI sobre las relaciones entre el Estado y el mercado presenta un binario de posibilidades: o bien el mercado se desintegra y escapa a su anclaje en las relaciones sociales, como sugerían los primeros relatos globalistas, o bien el mercado se inserta en una matriz de relaciones sociopolíticas y, por tanto, predomina la política, como sostiene la tesis de la constitución mutua. Sin embargo, como ya se ha mencionado, la lectura rigurosa de Polanyi sugiere que la novedad histórica de la sociedad de mercado reside en su doble cara, ya que la economía está diseñada socialmente y constituye una fuerza desimbricada que domina todas las demás esferas sociales.
En esta sección, argumentamos que esta doble vertiente, exclusiva del capitalismo, se capta mejor mediante el concepto de enajenación de Marx. Aunque Block (2003) subraya enfáticamente la incompatibilidad de la teoría de Marx y el relato «siempre imbricado» de las relaciones entre Estado y economía, otros han señalado las similitudes entre la interpretación dura de Polanyi y el planteamiento de Marx del capitalismo como un sistema económico que, aunque socialmente constituido, somete a las instituciones socioculturales a su propia lógica de reproducción (Cangiani 2011, p. 198, Dale 2011, p. 333). Más concretamente, el concepto de enajenación trasciende la dicotomía imbricado/desimbricado al expresar cómo las personas producen colectivamente un sistema económico que, a su vez, las disciplina. Los mercados dependen para su funcionamiento de normas culturales, formas de conocimiento y actos performativos. Además, los Estados sustentan cada momento del circuito del capital, forjando el marco jurídico de las transacciones de mercado, vigilando las formas culturales que sustentan el funcionamiento del mercado y gobernando el dinero. Sin embargo, el capitalismo también escapa al control de los participantes que le dan vida y se impone a ellos como una fuerza impersonal. Al plantear este argumento, nos basamos en la tradición marxista de la forma-valor que analiza las formas sociales históricamente específicas que constituyen la sociedad capitalista –en particular el intercambio monetario como forma de socialización capitalista– y la manera en que estas formas adquieren una lógica de autorreproducción que domina las vidas de los mismos individuos que las crean (Postone 1993, Bonefeld 2014, Pitts 2019). Aplicada al estudio de las relaciones entre el Estado y el mercado, la interpretación de la enajenación desde el punto de vista del valor sugiere que es el papel del dinero en la mediación de la productividad social del trabajo lo que explica cómo el mercado depende de la intervención del Estado y ejerce una fuerza disciplinaria sobre la política económica.
Dinero y enajenación en el mercado mundial
El papel de la enajenación en el sistema teórico de Marx ha sido fuente de controversia desde la publicación en 1932 de sus Manuscritos de París (Musto 2010, p. 82). En ellos, Marx sostenía que la enajenación de los trabajadores en el capitalismo tenía cuatro aspectos: la enajenación del producto de su trabajo, del propio proceso de trabajo, de sus semejantes y de su propio «ser gnérico» (Marx 1992). Este argumento se ha interpretado de varias maneras. Una lectura común afirma que la enajenación debe entenderse como una categoría experiencial: como una violencia ejercida sobre las subjetividades de los trabajadores bajo el capitalismo (véase Fromm 2013). Para Althusser (2005), este subjetivismo era una característica de los primeros escritos «humanistas» de Marx que precedieron a su posterior obra «científica» (es decir, El capital). No obstante, esta noción fue rotundamente criticada por estudiosos como Mészáros (1970) y Ollman (1971), que argumentaron que la enajenación seguía siendo un principio central de la crítica madura de Marx a la economía política. Para Mészáros, la enajenación en el capitalismo está estrechamente vinculada a la institución de la propiedad privada, que transforma la interacción metabólica de los seres humanos con la naturaleza en una herramienta de opresión de clase; mientras que para Ollman, la enajenación es el resultado de la división del trabajo, que alcanza su fase más avanzada en la sociedad capitalista (Clarke 1991, pp. 69-71).
Sin embargo, para varios autores dentro de la tradición de la forma-valor, Marx ni abandona la enajenación en sus escritos posteriores ni la utiliza de la misma manera en toda su obra. Por el contrario, como escribe Heinrich (2016, p. 96), Marx desarrolla la enajenación desde una teoría de la deshumanización individual hasta una teoría general de «la incapacidad de los seres humanos para controlar las relaciones sociales que producen» (véase también Rubin 1973). Según esta lectura, que adopta este artículo, las personas no se sienten simplemente enajenadas porque los capitalistas se apropien de los productos de su trabajo ni por la monotonía de la división del trabajo. Están enajenados porque su universo social está regulado por un mecanismo social automático que han creado accidentalmente pero que no pueden dominar (Postone 1993, p. 159). Como explica Smith (1993, p. 126), «todo El capital puede leerse como un análisis ampliado de un fenómeno de “enajenación objetiva”», es decir, «la enajenación de los seres humanos de una condición de dominio sobre sus asuntos». La raíz de esta forma históricamente única de enajenación colectiva se encuentra en el modo capitalista de socialización humana, a saber, el intercambio de mercancías mediado por el dinero.
El dinero ha existido desde la antigüedad y ha desempeñado diversas funciones económicas, ceremoniales, religiosas y políticas (Davies 2002). De hecho, el Imperio Romano contaba con un sistema monetario avanzado, en el que la moneda circulaba dentro de sus «vastos dominios» y «más allá de las fronteras imperiales» con el fin de facilitar el comercio, extraer tributos y pagar a los ejércitos (ibíd., p. 90). Sin embargo, esta complejidad monetaria «constituía un fino barniz de sofisticación» sobre lo que era principalmente una economía de subsistencia: la gran mayoría de los trabajadores romanos eran campesinos que producían directamente para su propio consumo (Hopkins 1980, p. 104). El dinero desempeña un papel muy diferente en la sociedad capitalista debido a la universalización de la dependencia del mercado (Wood 2002). En un sistema en el que los productores privados especializados son formalmente independientes entre sí y a la mayoría de la población se le niega el acceso directo a lo que necesita para sobrevivir, el dinero constituye el «punto de unión» entre los individuos atomizados y permite la formación de un único «sistema unificado» (Rubin 1973, pp. 7-10).
El dinero capitalista puede comprar cualquier tipo de producto o servicio, independientemente de sus cualidades corporales, siempre que tenga un precio. Los tipos de trabajo cualitativamente distintos se hacen iguales a los ojos del dinero ya que, a través de su lente, todo bien se considera el producto del «trabajo humano indiferenciado» (Marx 1976, p. 204). En otras palabras, los productos de diferentes actividades laborales se «homogeneizan» y se distinguen únicamente por el precio que obtienen en el mercado (Saad-Filho 2019, p. 53). El dinero garantiza la intercambiabilidad de las mercancías, al desempeñar el papel de un «lenguaje universalmente comprendido» (Simmel 2004, p. 210), siendo los precios los “nombres-dinero» que atribuye a las diferentes mercancías vendibles (Marx 1976, p. 195). De hecho, la «impersonalidad e incoloridad» del dinero permite la conmensuración objetiva de diferentes productos mediante el establecimiento de diferentes relaciones cuantitativas de equivalencia entre ellos, expresadas en precios (Simmel 1991, p. 19). Al despojar a las mercancías de sus cualidades físicas, las relaciones monetarias representan esencialmente la relación entre diferentes cantidades de tiempo de trabajo (Rubin 1973, p. 156).
Sin embargo, no es el tiempo de trabajo invertido en los lugares de trabajo individuales lo que determina el valor de los distintos productos sectoriales, sino el tiempo promedio que las empresas de todo el nexo de mercado invierten en su producción (Heinrich 2012, p. 51). Lo que Marx denominó «tiempo de trabajo socialmente necesario» (1976, p. 129) constituye el «criterio externo» que comunica el valor económico de los productos individuales y coordina un sistema de producción descentralizado y privado (Marx 1993, p. 269). Los distintos métodos y tecnologías de producción utilizados por las empresas existentes para ampliar sus cuotas de mercado dan lugar a niveles medios de productividad, que el dinero traduce en precios de referencia a los que hay que ajustarse para competir de forma rentable en el mercado. Al participar en el intercambio de mercancías, los productores individuales se someten «a la prueba del mercado» (Clarke 1991, p. 107), ya que su solvencia depende de su capacidad para atenerse a los niveles medios de productividad (McNally 1993, p. 179). El intercambio capitalista genera así una norma de mercado imperiosa que escapa al control de los agentes participantes y, en cambio, los domina como una cuestión de supervivencia en el mercado (Tombazos 2014).
En cierto modo, la competencia de mercado concreta el adagio de que «el tiempo es oro» (Lotz 2014, p. 55). Para cada empresa, la realización de todo el valor latente de sus productos depende de su capacidad para producir «a tiempo», situando los costes de producción por debajo de los precios de mercado (Bonefeld 2010, p. 269). El dinamismo de este sistema se debe al mecanismo de la competencia, ya que los aumentos generales de la productividad son experimentados por los productores individuales como una restricción externa a la que deben ajustarse «bajo pena de ruina» (Marx 2010b, p. 353). Aunque socialmente constituido, el intercambio capitalista da lugar en última instancia a una forma abstracta y temporal de dominación, ya que la viabilidad de las empresas depende de su posición en relación con los niveles medios de productividad a los que ellas mismas contribuyen (Postone 2015, p. 14). La forma históricamente específica de socialización bajo el capitalismo genera una lógica económica que está enajenada del conjunto social más amplio.
Las características de enajenación del intercambio capitalista se amplifican aún más por el hecho de que la valoración de mercado de la productividad de las empresas opera a escala mundial (Bonefeld 2014). De hecho, las convincentes normas de productividad descritas por Marx son esencialmente un fenómeno del mercado mundial, ya que la medida del valor no se establece a nivel nacional, «sino por el tiempo medio necesario de trabajo en el mercado mundial» (Marx 2010a, p. 384, énfasis en el original). El tiempo de trabajo socialmente necesario, en cierto sentido, «dicta el ritmo», ya que la conmensuración de las mercancías en el mercado mundial da lugar a la productividad global y a los niveles de precios (Tomba 2012, p. 168). Existe una lógica distributiva en el mercado mundial que funciona de forma cuasi-automática, ya que asigna beneficios bajos, medios o altos a capitales individuales en función de si se quedan atrás, igualan o superan los niveles promedios de productividad.
Este mecanismo competitivo da lugar a tasas de desarrollo desiguales entre y dentro de los espacios geográficos nacionales (Smith 2010), ya que los productores avanzados que lideran la carrera obligan indirectamente a los menos desarrollados a ponerse al día y alcanzar la frontera de productividad que ellos establecen (Barker 2006). Tomemos, por ejemplo, la «desindustrialización prematura» experimentada por los países de renta baja y media del Sur Global (véanse Dasgupta y Singh 2006, Rodrik 2016). En el Norte Global, la desindustrialización, comúnmente definida como la disminución de la proporción de empleo industrial, fue el resultado de la llamada «maduración económica» de las sociedades, en la que la creciente productividad manufacturera y el relativo estancamiento de la demanda de manufacturas hicieron que una gran parte de la mano de obra industrial fuera progresivamente redundante (véase Rowthorn y Wells 1987). Sin embargo, los países del Sur Global no se desindustrializan porque hayan alcanzado la misma madurez industrial. Su desindustrialización prematura se debe en gran medida a los enormes aumentos de productividad de la industria manufacturera mundial y a la consiguiente caída de los precios lograda por las naciones avanzadas o por los países de industrialización tardía como China, que ahora «desalientan la entrada de los recién llegados a los países en desarrollo» (Rodrik 2015, p. 8). Así, la interacción entre la disminución de los tiempos de producción y la competencia internacional eleva la frontera de productividad que uno debe alcanzar para ser rentable en el mercado mundial.
En resumen, el dinero es a la vez un vínculo socializador que une a las empresas privadas y a los consumidores en el mercado mundial y una tecnología social de enajenación que somete a los agentes del mercado a la tiranía de los promedios mundiales de productividad.
Entre la creación de mercado y la dominación impersonal
Del mismo modo que los agentes individuales del mercado contribuyen a la creación de normas de productividad que inadvertidamente acaban dominándolos, también los Estados individuales constituyen las condiciones de la competencia del mercado mundial sobre las que, una vez establecidas, pierden en gran medida el control.
Dentro del mercado nacional, la conmensuración competitiva de los distintos bienes sería imposible sin la autoridad del Estado para imprimir y establecer una «referencia monetaria obligatoria» como medio de cambio (de Brunhoff 2003, p. 45). Al mismo tiempo, al entrelazar sus monedas nacionales en el mercado de divisas, los Estados dan lugar conjuntamente a un sistema de conmensuración del mercado mundial, ya que los tipos de cambio funcionan «como el ojo de una aguja a través del cual los precios de todos los bienes y servicios nacionales se vinculan y comparan con los precios de la producción extranjera» (Cohen 2015, p. 62). Por lo tanto, son los Estados los que impulsan la carrera por los promedios de productividad mundial, ya que los tipos de cambio permiten comparar la productividad de las empresas que operan a nivel nacional en relación con las condiciones del mercado mundial (Kettell 2004). Al mismo tiempo, al enredar las monedas nacionales en la red de monedas mundiales, los Estados se someten a la dinámica temporal de la competencia mundial (Clarke, 1988). Para los Estados, el hecho de no alcanzar los niveles de productividad mundiales se traduce en diversas formas de crisis, como la degradación financiera, los déficits de la balanza de pagos, la lucha de capitales, los ataques especulativos contra las monedas, etc., que exigen medidas correctoras para aumentar la productividad nacional (Bonefeld 2000, p. 38). Aunque el desarrollo de la dinámica del mercado mundial depende de la autoridad estatal, el mercado también constituye el terreno de la propia dominación del Estado.
Por una parte, el Estado desempeña un papel de creador de mercado, como sugiere el enfoque de la constitución mutua. De hecho, el funcionamiento del mercado depende de ciertas garantías que no puede ofrecer por sí mismo, como una mano de obra fácilmente empleable o una moneda fiable que funcione como medio oficial de circulación. Como señaló Polanyi (2001), el trabajo y el dinero son «mercancías ficticias» cuya existencia como artefactos vendibles se debe a acuerdos institucionales y legales reforzados por el Estado (Cahill 2014, p. 71). Esto se ve respaldado por las teorías cartalistas del dinero, según las cuales éste es «una criatura del Estado» (Lerner 1947). Para estas teorías, el dinero no surge de la necesidad espontánea de los agentes del mercado de disponer de un medio de intercambio neutral, sino de la imposición por parte de los Estados de una unidad contable normalizada para medir las obligaciones fiscales y de deuda de sus súbditos (véase Knapp 1924). La aparición de las monedas nacionales ha sido históricamente «un proceso intensamente político» que los Estados iniciaron tanto para satisfacer sus propias necesidades financieras como para forjar mercados nacionales (Helleiner 2003, p. 2). Así pues, la (re)producción de mercados depende de la autoridad política de los Estados y, en este sentido, los mercados pueden entenderse como instituidos políticamente.
Por otra parte, empero, el papel del Estado como creador de mercados constituye la fuente de su propia enajenación, ya que el dinero es a la vez creación y disciplina del Estado. Aunque el dinero y los mercados son creaciones estatales, adquieren una dinámica que disciplina el comportamiento del Estado. En la Gran Bretaña de los siglos XVII y XVIII, las relaciones modernas entre el Estado y las finanzas nacieron de la necesidad del Estado de librar sus guerras imperiales (Clapham 1966). De hecho, el Banco de Inglaterra, fundado por el Estado y gestionado de forma privada, ayudó a los esfuerzos bélicos del Estado a cambio de futuros reembolsos de intereses financiados con los impuestos, y en el proceso emitió y volvió a comercializar billetes que representaban deuda estatal en mercados secundarios (McNally 2014, pp. 13-14). Aunque promulgado por el Estado, este proceso sometía cada vez más las finanzas públicas a los mercados financieros internacionales, ya que la viabilidad de la deuda estatal dependía de su veredicto (McNally 2014, p. 25). La creación de mercados y dinero es un ejercicio dirigido fundamentalmente por el Estado, pero la política económica se ve, a su vez, moldeada, alterada y reglamentada por las propias creaciones del Estado. La creación de dinero es un «poder limitado», ya que el Estado no puede controlar todo el contexto en el que opera el dinero, como la confianza de los mercados financieros, las acciones estratégicas de otros Estados, los flujos internacionales de capital, etc. (Beggs 2017, p. 470). Que el Estado cree dinero no es suficiente; debe «actuar estratégicamente en o sobre la situación del mercado» para defender su valor internacional (Beggs 2017, p. 472). Aunque es una condición previa esencial para el funcionamiento de los mercados, la gestión del dinero por parte del Estado reproduce de hecho las «restricciones basadas en el mercado sobre la formulación de políticas» (de Brunhoff 1978, p. 82).
Los efectos disciplinarios del mercado mundial no se ejercen de manera uniforme en todo el planeta, ya que el Sur Global es más vulnerable a las fluctuaciones violentas de los mercados de capitales (Alami 2018). De hecho, la economía mundial se caracteriza por una distribución desigual del poder monetario, lo que da lugar a «jerarquías en las relaciones monetarias» (Cohen 2015). Ante los desequilibrios de la balanza de pagos, los países situados en la parte superior de la cadena pueden confiar en su acceso al crédito mundial o en su fondo de reservas de divisas para defender el valor de su moneda y retrasar los costes del ajuste interno (Cohen 2015). En este sentido, los países que emiten la principal moneda de reserva mundial, como Estados Unidos en la actualidad, disfrutan de un «privilegio exorbitante» (Eichengreen 2011). Estas jerarquías constituyen jerarquías temporales en un sistema competitivo más amplio, en el que el poder se ejerce de manera heterónoma y se experimenta de manera desigual en las economías nacionales. El poder monetario de los distintos países describe el grado de maniobra que tienen los Estados individuales para responder a la fuerza impersonal de la competencia mundial. Aunque pueda parecer que los Estados aflojan las presiones de la competencia, «ciertamente [no] eliminan estas limitaciones», sino que simplemente encuentran una forma de sortearlas temporalmente sin sanciones inmediatas (de Brunhoff 1978, p. 93).
La complicidad de los Estados en la reproducción de un sistema enajenado de competencia global tiene implicaciones cruciales para la EPI. Los enfoques de la constitución mutua se han esforzado esencialmente por encontrar un equilibrio entre el poder agencial del Estado y las fuerzas estructurales del mercado. Este esfuerzo tiene sus limitaciones, ya que sigue sin estar claro «quién o qué ejerce realmente la autoridad» (Cohen 2007, p. 117). Las dificultades que encuentra la EPI para responder a esta pregunta se derivan de su concepción tradicional del poder «como una entidad que es detentada, tramada o ejercida» por determinadas instituciones políticas o económicas, en lugar de un fenómeno fundamentalmente más abstracto (Amoore 2002, p. 59). Por lo tanto, los enfoques de la constitución mutua no tienen en cuenta que el poder en la economía mundial puede no estar situado ni en el Estado ni en el mercado, ni simplemente compartido entre ellos, sino ejercido de forma impersonal sobre los agentes del Estado y del mercado. Nuestro enfoque basado en el valor no pretende encontrar el equilibrio correcto entre la autoridad del Estado y la del mercado, sino demostrar que la constitución mutua de Estados y mercados crea «un poder social ajeno» que los subordina mutuamente a la dinámica temporal de la competencia capitalista (Marx 1993, p. 197, énfasis en el original). Al crear y reproducir mercados, los Estados se someten a la lógica fugitiva del intercambio capitalista, que les obliga a defender la productividad nacional frente a las medias mundiales en aras de su propia supervivencia institucional.
La política del gobierno de la enajenación
En este artículo se ha argumentado que la EPI puede comprender mejor la dinámica capitalista si se pasa de enmarcar la interacción Estado-mercado en términos de constitución mutua a explorar cómo los Estados producen accidentalmente una lógica de enajenación de la competencia que, a su vez, los domina. En esta sección, argumentamos que este cambio conceptual tiene implicaciones significativas para la forma en que la EPI entiende la naturaleza de la gobernanza estatal de la sociedad capitalista, que denominamos la política del gobierno de la enajenación. Comenzamos explorando la naturaleza contradictoria de esta forma de gobierno en el contexto de Bretton Woods, antes de estudiar cómo se ha articulado este dilema de gobierno dentro de la economía política liberal y, por último, debatimos cómo los Estados se ven arrastrados simultáneamente en direcciones opuestas por las fuerzas de la competencia mundial y la legitimidad nacional.
Los Estados de la sociedad capitalista se enfrentan a un dilema. Como sostiene Holloway (1995, p. 124), «existe una no coincidencia territorial básica» entre la escala global de las relaciones sociales capitalistas y las fronteras nacionales del Estado. Ambas escalas territoriales implican imperativos distintos, aunque interrelacionados, para el Estado. En primer lugar, como ya se ha dicho, al integrar la escala nacional en la red de relaciones de valor mundiales mediante la convertibilidad de su moneda, los Estados contribuyen a un sistema enajenado de competencia sin fin. Los gobiernos deben utilizar el aparato estatal para sortear con éxito estas presiones competitivas o enfrentarse a una serie de sanciones impersonales. En segundo lugar, la legitimidad del gobierno no sólo se deriva del éxito de la economía nacional a la hora de competir en la escena mundial, sino también del papel ostensible del Estado como «encarnación del interés general de la sociedad» (Clarke 1988, p. 128). Si los gobiernos fracasan estrepitosamente a la hora de movilizar las instituciones estatales para satisfacer las demandas de la población, se enfrentan a sanciones democráticas en las urnas o en las calles. La gobernanza de la enajenación, sostenemos, significa la necesidad de que los Estados concilien su aquiescencia a los dictados enajenados de la competencia mundial con la construcción de un proyecto político nacional legítimo.
Sin embargo, tal reconciliación es efímera y está preñada de su propia desintegración. La continua necesidad de competir por la productividad del trabajo no casa bien con los proyectos políticos estables a largo plazo. Quizás sea útil discutir brevemente el «liberalismo integrado» del sistema de gobernanza mundial de Bretton Woods, ya que a menudo se entiende como un intento exitoso de integrar la competencia mundial en un marco político de democracia de masas (Ruggie 1982). Este «paraíso perdido» (Eichengreen 1994, p. 1) se consiguió eliminando las barreras comerciales e imponiendo la convertibilidad de la moneda, al tiempo que se permitía a los gobiernos aislar en cierta medida sus proyectos políticos nacionales de las fuerzas económicas mundiales mediante ajustes de los tipos de cambio, restricciones a la movilidad del capital y la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar a los Estados que sufrían escasez de divisas (Cohen 1977, pp. 91-2). No obstante, el funcionamiento real de Bretton Woods revela cómo muchos Estados se enfrentaban a una batalla cada vez más intensa entre las presiones de la competencia internacional –que se manifestaban en el deterioro de la balanza de pagos, la especulación con las divisas y la disminución de las reservas– y las demandas de una clase trabajadora con derechos –que se expresaban a través de derrotas electorales, huelgas o disturbios–. Como observó Eichengreen (1994, p. 2), una vez agotado el potencial de crecimiento reprimido por la Depresión y la Segunda Guerra Mundial, y cuando empezaron a erosionarse las barreras a los flujos mundiales de capital, los gobiernos se vieron de nuevo «divididos entre el mantenimiento del equilibrio exterior y la financiación de objetivos como el Estado del bienestar europeo y la guerra estadounidense de Vietnam».
En Gran Bretaña, esta contradicción adoptó la forma del modelo de desarrollo «stop-go» (Brittan 1971). Durante el periodo «go», los gobiernos británicos estimulaban la demanda para aumentar el empleo y proteger su legitimidad política. Sin embargo, sin un aumento simultáneo de la competitividad económica nacional, el incremento de la demanda tendería a aumentar las importaciones, ejerciendo presión sobre la balanza por cuenta corriente y agotando las reservas. Esto provocaría la especulación contra la libra y una crisis monetaria. Los gobiernos se verían obligados a poner fin a la crisis: se endurecería la política monetaria y fiscal, se produciría una contracción económica y se recuperarían la balanza de pagos y las reservas (Cairncross 1995, p. 14). El ciclo volvía a empezar. Aunque Gran Bretaña era quizás el único país que carecía de una planificación a largo plazo, incluso el dirigismo francés constituía un compromiso incómodo que pronto empezó a desmoronarse. El Estado dirigista utilizó una serie de instrumentos políticos para coordinar sus industrias nacionalizadas y su sistema financiero nacional con el fin de casar el rendimiento económico global de Francia con la política de masas de la V República (Clift 2017, p. 517). Sin embargo, el fracaso a la hora de contener el crecimiento de la renta nacional dio lugar a una economía propensa a la inflación que paralizó la competitividad nacional, haciendo a su vez necesarias frecuentes devaluaciones de la moneda (Knapp y Wright 2006, p. 461). Tras las revueltas de mayo de 1968, cada vez resultaba más difícil disciplinar la mano de obra de acuerdo con los promedios mundiales de productividad. Divididos entre el mantenimiento de la competitividad nacional y la paz social, los gobiernos franceses pusieron en marcha una serie de medidas paliativas, como las subvenciones a los sectores en crisis, que erosionaron aún más la competitividad nacional, llevando a Francia al precipicio de la inviabilidad económica (Levy 2008).
La naturaleza contradictoria de la gobernanza de la enajenación –es decir, la tensión entre la necesidad de que el Estado responda a la competencia global y mantenga un orden social legítimo y gobernable– es una preocupación central de la economía política liberal. De hecho, para Smith (2001, p. 947), la división capitalista del trabajo aumenta la opulencia de la nación, pero también engendra una marcada desigualdad que «excita la indignación de los pobres», que el Estado debe atemperar mediante la creación de un marco legal y moral que socialice a los trabajadores en la sociedad mercantil. Esta inquietud es una constante que recorre el canon liberal, aunque las necesidades contrapuestas de adherirse a los dictados competitivos mundiales y apaciguar las presiones populares se articulan mejor en dos polos opuestos del pensamiento liberal: el neo/ ordoliberalismo y el keynesianismo.
El neo/ordoliberalismo transmite particularmente bien la necesidad del Estado de cumplir con las presiones de enajenación de la competencia global, y sugiere un paradigma legal dentro del cual esto podría lograrse. Para Hayek, la coordinación inconsciente del sistema de mercado –o «catalaxia»– sólo puede funcionar dentro de un marco jurídico regulado por el Estado: «Una catalaxia es, por tanto, el tipo especial de orden espontáneo producido por el mercado a través de personas que actúan dentro de las normas del derecho de propiedad, responsabilidad civil y contractual» (1982, p. 109). Para los ordoliberales, el Estado no debe «permitirse convertirse en presa de los intereses sociales en conflicto», ni estar en deuda con una «ciudadanía democrática de masas» (Bonefeld 2016, p. 3). En su lugar, se requiere un Estado fuerte e imparcial que proporcione la base legislativa para proteger la economía de los monopolios o el exceso de democracia, y hacer cumplir los resultados del mercado. En la práctica, esto sugiere un «marco (constitucional) basado en normas» en el que el poder discrecional del gobierno esté limitado por salvaguardias institucionales (Feld et al. 2015, p. 2). Tales salvaguardias no deben forjarse simplemente a nivel nacional. Más bien, los neoliberales abogan por un complejo sistema de gobernanza global, que Slobodian (2018) denomina «ordoglobalismo», constituido por una estratificación multiescalar de tratados internacionales e instituciones supranacionales que pueden «encapsular» completamente el cableado del capitalismo frente a la interferencia democrática. Tomemos, por ejemplo, el caso de las normas sobre ayudas estatales, que limitan el apoyo estatal a las empresas privadas alegando que distorsionan la competencia –un gobierno puede tener prohibido rescatar a una empresa en quiebra y evitar despidos masivos por los tratados de la Unión Europea (UE) o las reglas de la Organización Mundial del Comercio que están consagradas en sus propias leyes nacionales (Moraitis 2019). De este modo, la tendencia de la sociedad a retraerse ante la implacable disciplina de la competencia capitalista puede neutralizarse por completo.
Sin embargo, según una segunda corriente de pensamiento liberal, la tradición neo/ordoliberal es políticamente ingenua, ya que es incapaz de abordar la cuestión de la legitimidad (Gamble 1996, p. 46, Gray 2015). El keynesianismo expresa una conciencia del espectro de la revuelta y una voluntad política de suspender las normas del mercado para paliar el malestar. Nos referimos aquí al keynesianismo no como una doctrina económica estricta, sino siguiendo a Mann (2018), como una vertiente claramente ansiosa del pensamiento liberal que surgió de la Revolución Francesa. El keynesianismo, para Mann (ibíd., p. 95), entiende que la política de la necesidad no puede suprimirse mediante la legislación: «El pueblo debe ser alimentado, o hará lo que sea necesario para alimentarse». El capitalismo genera tanto miseria como niveles de civilización sin precedentes históricos, pero la primera siempre amenaza con desbordarse de sus confines y «desbordar la segunda». Esto requiere un Estado pragmático y discrecional que actúe para aliviar la peor indigencia a fin de evitar «la destrucción de las formas económicas existentes en su totalidad» (Keynes 2013, p. 380). El impulso keynesiano se expresa también a través de iniciativas de gobernanza mundial, como el intento de Bretton Woods de proteger los Estados de bienestar nacionales restringiendo los flujos de capital. Sin embargo, también adopta la forma de violaciones nacionales de los códigos neoliberales de gobernanza global; por ejemplo, el incumplimiento por parte de los Estados europeos de las normas presupuestarias de la UE para apaciguar a los electores nacionales (Kalan et al., 2018). No obstante, esto no significa en absoluto que el keynesianismo simpatice con la política de masas (Dunn, 2018). Más bien, comparte con el neo/ordoliberalismo el deseo de una gobernanza económica despolitizada, con las palancas de la gestión de la demanda manejadas por «una élite aislada y burocrática» (Bulpitt 1986, p. 27). Así pues, esta vertiente del liberalismo confía a tecnócratas ilustrados el poder de resistir a las presiones impersonales del capitalismo, en determinados momentos cruciales, con el fin de evitar la agitación popular.
Tanto el neo/ordoliberalismo como el keynesianismo expresan verdades fundamentales (aunque parciales) sobre la política de gobernar la enajenación. Al intentar casar la adhesión a la lógica autónoma del capitalismo con la creación de un proyecto político legítimo, la gobernabilidad estatal recurre necesariamente a estrategias de disciplina y paliación tecnocrática. En este sentido, las críticas keynesianas a la nefasta influencia de las ideas neoliberales sobre los gobiernos en la era posterior a Bretton Woods y las críticas neoliberales a las raíces keynesianas de la indisciplina presupuestaria son incompletas. Tampoco son simplemente «ideas peligrosas» (Blyth, 2013), sino que aquellos encargados de la gobernabilidad del capitalismo tienden a llegar a tales conclusiones como una cuestión de necesidad. La despolitización de la gobernabilidad económica otorga a los formuladores de políticas autonomía de las presiones políticas populares al establecer «reglas automáticas o pilotos» (Bulpitt 1986, p. 28). Esto permite a los gobiernos racionalizar la economía nacional de acuerdo con los promedios mundiales, sin verse obstaculizados por preocupaciones de legitimidad política (Burnham 2001, Krippner 2011). Sin embargo, tales estrategias no pueden desterrar las cuestiones de legitimidad: frente al malestar social generado por los efectos dislocadores de la competencia del mercado, los responsables políticos a menudo se ven obligados a adoptar «la mentalidad activista, racionalista y de lucha contra las crisis del keynesianismo» (Tooze 2018). Por lo tanto, los gobiernos buscan «ganar tiempo» empleando medidas paliativas que violan las normas de la gobernanza basada en reglas para apaciguar a las fuerzas populares (Streeck 2014).
Este carácter dual de la gobernanza de la enajenación, cuando se reconoce, suele enmarcarse secuencialmente. La mayoría de las interpretaciones del doble movimiento de Polanyi describen una dinámica pendular, en la que los períodos de desarraigo de la disciplina del mercado son seguidos por períodos de reintegración en nombre de la cohesión social (Dale 2012). Sin embargo, las estrategias de disciplina despolitizada y paliación a menudo se implementan al mismo tiempo, como respuestas ad hoc y contradictorias a las presiones vinculantes de las relaciones de valores mundiales y la legitimidad nacional. Tal formulación de políticas híbridas se puede observar en las acciones de uno de los últimos decanos del neoliberalismo.
El argentino Mauricio Macri llegó al poder en 2015 luego de la crisis del modelo argentino de «populismo orientado a la exportación» (Richardson 2009), que había visto cómo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner utilizaban los ingresos en dólares de las exportaciones de soja durante el auge de las materias primas de la década de 2000 para financiar un nuevo «contrato social», que incluía importantes disposiciones en materia de bienestar y subsidios estatales (Murillo 2015, Wylde 2016, Giraudo 2019). Estos ingresos en dólares habían contrarrestado el hecho de que Argentina había sido expulsada de los mercados de crédito mundiales desde 2001. Sin embargo, cuando el fin del auge de las materias primas puso de manifiesto la cada vez menor viabilidad de esta estrategia basada en las exportaciones, Macri ganó la Presidencia con la promesa de lograr la reinserción de Argentina en la economía mundial en condiciones competitivas (Macri 2016). Su Gobierno trató de despolitizar el aparato estatal, reordenando los ministerios de economía con «tecnócratas bien considerados» (The Economist 2015). Esto permitiría a Macri introducir una batería de reformas destinadas a garantizar el acceso de Argentina a los mercados de crédito, reducir el déficit fiscal y, en última instancia, aumentar la competitividad nacional. Se saldaron las obligaciones pendientes de la deuda, se abolieron los controles de cambio, se liberalizaron las restricciones a la importación, se subieron los tipos de interés, se recortaron drásticamente las subvenciones estatales y se anunciaron despidos en el sector público, con planes adicionales para liberalizar los mercados laborales y mejorar las infraestructuras (CSIS 2019).
No obstante, temeroso de que demasiado dolor económico comprometiera su legitimidad y devolviera a Kirchner al poder, Macri protegió los programas de bienestar de la era Kirchner, pagados mediante un endeudamiento masivo en los mercados mundiales (Kerner, 2018). Este enfoque gradualista fracasó. El valor del peso se desplomó en la primavera y el verano de 2018, a medida que el sentimiento del mercado mundial se agriaba ante el lento progreso de Macri, obligando a Argentina a negociar un préstamo con el FMI (Mander 2018). Sin embargo, incluso bajo la cobertura política de las condicionalidades del FMI, Macri fue incapaz de aplicar un repentino shock de austeridad debido a la creciente movilización popular contra sus reformas. En lo que The Economist (2019) denominó su «último tiro de dados», Macri recurrió al control de precios de productos «esenciales» para aliviar la miseria de la población. Con todo, esto no pudo evitar sus malos resultados en las elecciones primarias de agosto de 2019, tras las cuales su Gobierno dio a conocer otra batería de medidas de alivio social que provocaron una nueva caída de la cotización del peso, lo que finalmente condujo a su destitución en las elecciones generales de octubre (Mander y Smith 2019, Mander y Stott 2019). El gobierno de Macri, entonces, atrapado entre las presiones gemelas del mercado mundial y la sociedad civil nacional, se vio obligado a operar desesperadamente las palancas tanto de la disciplina despolitizada como de la paliación. En lugar de señalar la naturaleza excepcional de la economía política argentina, sostenemos que este caso es una ilustración extrema de una antinomia fundamental en el corazón de la política del gobierno de la enajenación.
Esta «contradicción en movimiento», sostenemos, no queda bien reflejada en el concepto de constitución mutua de Estados y mercados ni en la noción de imbricación (Marx 1993, p. 706). Aunque los mercados sólo pueden existir dentro de un marco institucional, jurídico y cultural vigilado por los Estados, el movimiento de los mercados no puede reducirse a este marco. Por el contrario, siguiendo el planteamiento de Marx sobre la enajenación, la organización de la sociedad de acuerdo con las líneas capitalistas crea una lógica de mercado autónoma que, aunque sigue siendo totalmente dependiente para su funcionamiento de los acuerdos institucionales de la sociedad burguesa, domina esa sociedad. Los esfuerzos de los Estados por gobernar este sistema deben entenderse como la gobernanza de la enajenación, es decir, el reto tanto de garantizar la viabilidad de la economía nacional en un contexto de competencia mundial sin fin por la productividad del trabajo como de satisfacer las demandas de la ciudadanía independientemente de las condiciones del mercado, todo ello bajo la bandera de un único proyecto nacional.
Conclusión
Tras el debate sobre la globalización, la EPI ha llegado a cuestionar la visión dicotómica de los Estados y los mercados como protagonistas de una lucha de suma cero. A menudo con la ayuda del concepto polanyiano de imbricación, ha surgido un consenso cada vez mayor en torno a la constitución mutua de los Estados y los mercados, según el cual la evolución del capitalismo se entiende como el resultado de «procesos contingentes y profundamente políticos de creación de mercados y de re-regulación» (Clift 2014, p. 326). Las distintas corrientes de la EPI examinadas aquí –la EPC, la constructivista y la neopolanyiana– representan diferentes articulaciones de la idea de una relación co-constitutiva entre Estados y mercados. Sin embargo, el reconocimiento de la complementariedad de los Estados y los mercados no debería constituir la «última palabra» de la EPI sobre esta cuestión. De hecho, la dependencia del mercado de prácticas políticas y normas sociales específicas es una preocupación central, no sólo de la EPI polanyiana, sino también de los teóricos liberales desde Smith hasta Hayek. Así pues, la «imbricación política» de los mercados corre el riesgo de convertirse en una noción «banal» si no se sitúa en el contexto de la lógica de enajenación históricamente novedosa del capitalismo (Dale 2011, p. 331). Si reconocer la constitución mutua de los Estados y los mercados constituye el primer paso de cualquier análisis serio de la EPI, el segundo debe consistir en examinar la dinámica que desencadena su co-constitución.
Para elucidar estas dinámicas, desarrollamos una lectura de la «forma-valor» del concepto de enajenación de Marx, que entiende la economía capitalista como el producto de prácticas sociales específicas que, sin embargo, encierran a los actores sociales en una lógica de desarrollo apremiante. En el mercado capitalista, el intercambio mediado por el dinero conmensura diferentes bienes según un criterio universal: el tiempo promedio de trabajo socialmente necesario para su producción. El intercambio de mercado genera «una lucha competitiva por alcanzar o superar los niveles promedios de productividad» establecidos internacionalmente, ya que las empresas se ven obligadas a mantenerse en línea con los precios del mercado mundial (McNally 1993, p. 179). Este proceso de conmensuración competitiva sólo puede producirse mediante la sanción por parte del Estado de una moneda nacional única y convertible internacionalmente que vincule la industria nacional a la competencia extranjera. Inadvertidamente, los propios Estados se convierten en objeto de fuerzas competitivas impersonales, ya que la riqueza producida a nivel nacional se evalúa en relación con los estándares de productividad del mercado mundial. Los Estados se convierten en los artífices de su propia enajenación a medida que su poder de creación de mercado crea dictados competitivos abstractos que deben luchar por cumplir.
Esto tiene profundas implicaciones para la conceptualización de la gobernanza estatal del capitalismo, que no se recoge adecuadamente en la literatura sobre la constitución mutua. Lo que en este artículo se ha denominado la política del gobierno de la enajenación entraña un peculiar dilema por el que los Estados deben sincronizar la economía nacional con el ritmo del mercado mundial y, al mismo tiempo, garantizar la gobernabilidad del orden social interno. Esta ansiedad está en el corazón de la gobernanza liberal y se expresa en las tradiciones neo/ordoliberales y keynesianas: la primera articula la necesidad del mercado de un «Estado fuerte» para aislar el funcionamiento de la economía del exceso de democracia y la segunda subraya la necesidad de paliativos tecnocráticos para aplazar las ramificaciones políticas de la pauperización. Ambas corrientes del liberalismo articulan correctamente, pero de forma unilateral, las tensiones a las que se enfrentan las élites políticas a la hora de formular un proyecto nacional único que se atenga a los promedios mundiales de productividad y a las necesidades de la sociedad civil.
En un intento de superar las limitaciones de la tesis de la retirada del Estado, la literatura sobre la constitución mutua arroja luz sobre los poderes de creación de mercado del Estado. Sin embargo, pasa por alto la forma de poder fundamentalmente abstracta e impersonal que caracteriza a la economía mundial, que no está ni en manos del mercado ni del Estado, sino que se ejerce en última instancia sobre los agentes del mercado y los responsables políticos mediante las normas de productividad socialmente establecidas del mercado mundial. Aunque la competencia mundial se sustenta en la acción de los Estados, constituye al mismo tiempo un imperativo enajenado e impuesto desde el exterior, ya que las condiciones antagónicas del mercado mundial obligan a las economías nacionales a producir «a tiempo» para garantizar su propia supervivencia.
[1] [N. del trad.] El término «embeddedness» no tiene una traducción lo suficientemente exacta en las ciencias sociales. Sin embargo, aquí se opta por «imbricación» debido al uso común de esta palabra en las traducciones al español más recientes de la obra de Polanyi.