Fàtima Aatar
Traducción por Leila Sidqi
Publicación original: Horitzó
El Pacto de Migración y Asilo recientemente aprobado por la Unión Europea —que incluye un nuevo Reglamento de Retorno que endurece el control de los Estados miembro sobre el proletariado migrante— no es una parte menor en la reconfiguración reciente de la política migratoria comunitaria. Tampoco es un simple ajuste técnico destinado a hacer más eficientes los procedimientos ya existentes. Lo que está en juego en esta propuesta es algo más profundo: la consolidación de un nuevo momento en la gobernanza migratoria europea, en el cual la capacidad de clasificar, contener, inmovilizar y expulsar adquiere una centralidad cada vez mayor dentro del proyecto de integración supraestatal.
La propuesta fue presentada por la Comisión Europea el 11 de marzo de 2025 como un «sistema europeo común de retornos», con el objetivo declarado de hacer que los procedimientos sean «más rápidos, más simples y más efectivos» en toda la Unión. Esta formulación es importante porque revela, ya desde el punto de partida mismo, el sentido de la reforma. No se trata simplemente de expulsar más; se trata de darle forma institucional a una capacidad europea de retorno más homogénea, más coordinada y más estable.
La migración irregular se presenta aquí como un problema de gobierno que exige instrumentos comunes de ejecución, mecanismos compartidos de reconocimiento de decisiones, circulación transnacional de daros y una arquitectura normativa capaz de reducir los márgenes de fricción entre los Estados miembro. Lo que se está reforzando no es únicamente el retorno como política, sino el retorno y la expulsión como infraestructura europea.
El retorno no opera únicamente cuando una persona es efectivamente deportada, sino antes, como amenaza, como condición jurídica y como mecanismo de disciplina
Ahora bien, esta infraestructura no puede entenderse desde el lenguaje administrativo con el que la presentan las instituciones europeas. El retorno no aparece de la nada. Forma parte de un régimen de gobierno de la movilidad más amplio, en el cual Europa no busca simplemente cerrar las fronteras, sino seleccionar qué movilidades de la fuerza de trabajo son admitidas, cuáles son precarizadas y cuáles deben ser expulsadas. Esta es la clave del momento actual: la Europa Fortaleza no es una Europa sin entradas, sino una Europa de movilidad obrera jerarquizada.
Por ello, la distinción entre inmigración «deseada» e «indeseada» es fundamental. Las economías europeas siguen necesitando fuerza de trabajo migrante: en sectores cualificados, en servicios esenciales, en los cuidados, en la agricultura, en la hostelería, en la logística, en la limpieza, en la construcción o en el trabajo doméstico. Pero esta necesidad convive con una voluntad política de mantener a esta fuerza de trabajo en condiciones desiguales, temporales, revocables o directamente expulsables. Europa no rechaza toda migración; rechaza aquella que no puede ordenar según las necesidades del mercado, las jerarquías de la ciudadanía y los dispositivos de control,
El Reglamento de Retorno se inscribe en esta lógica. No es la otra cara de las políticas de inmigración selectiva, sino su complemento coercitivo. Puesto que hay migración «elegida», hay que producir también migración «rechazada». Puesto que determinados perfiles pueden ser incorporados como útiles, otros tienen que ser clasificados como irregulares, abusadores, falsos refugiados, excedentes o retornables. El retorno no es sólo una respuesta a la irregularidad: es una herramienta para producir institucionalmente la figura del indeseable.
Esto es lo que permite entender el sentido profundo del nuevo reglamento. La importancia de este cambio no es meramente burocrática. Tiene un significado político profundo. Lo que se está configurando es un espacio europeo en el que la irregularidad administrativa se convierte en una categoría cada vez más ejecutiva. Esto refuerza el carácter supraestatal del gobierno migratorio: no porque desaparezca la base estatal del poder, sino porque se densifican los mecanismos que permiten actuar de manera coordinada sobre la movilidad, la permanencia y la expulsión de obreros migrantes.
Aquí conviene introducir un concepto fundamental: la expulsabilidad. El retorno no opera únicamente cuando una persona es efectivamente deportada, sino antes, como amenaza, como condición jurídica y como mecanismo de disciplina. Una persona sometida a una orden de retorno, a un permiso frágil, a una renovación incierta o a una situación administrativa irregular no vive simplemente en una posición legal diferente; vive bajo una forma específica de poder. Puede ser localizada, inmovilizada, excluida de determinados derechos, amenazada con la expulsión y obligada a aceptar condiciones de vida y trabajo que serían más difíciles de imponer a otros segmentos de la clase trabajadora.
Esto es esencial para entender el carácter social del Reglamento. La política migratoria no regula sólo fronteras; regula también la fuerza de trabajo. En un mercado laboral europeo profundamente segmentado, el estatuto jurídico de las personas migrantes funciona como herramienta de jerarquización. No todos los trabajadores ocupan la misma posición ni tienen la misma capacidad de negociar, protestar, cambiar de trabajo, denunciar abusos u organizarse. Los trabajadores con permisos precarios, los solicitantes de asilo rechazados, las personas sin papeles o las que están sometidas a órdenes de retorno forman parte de un segmento de la clase trabajadora sometido a una presión específica: la posibilidad permanente de ser expulsado.
En este sentido, el régimen de retorno europeo no tiene que entenderse sólo como una política migratoria, sino también como una tecnología de gobierno de la fuerza de trabajo. La posibilidad permanente de expulsión actúa como un mecanismo disciplinario sobre sectores enteros de la clase trabajadora migrante, facilitando condiciones de precarización, subordinación y fragmentación. La irregularidad no es sólo una categoría administrativa; es una posición social producida políticamente y funcional a un mercado laboral segmentado.
Esta dimensión material del reglamento se combina, además, con una dimensión ideológica muy marcada. El texto parte de la premisa de que la baja tasa de retorno efectivo es una quiebra del sistema y que su superación exige más capacidad de coerción, más coordinación y menos espacios de indeterminación. Esta manera de plantear el problema no es neutral. Presupone una determinada construcción política de la migración: una en la que el desajuste central no es la insuficiencia de vías regulares, la desigualdad global, la precariedad de derechos o la fragilidad de las garantías, sino la dificultad para asegurar la salida de quienes son clasificados como expulsables, de la clase trabajadora excedentaria.
Aquí se da una inversión política decisiva. Las causas estructurales de la migración desaparecen del campo de visión: la división internacional desigual del trabajo, la historia colonial, la interdependencia económica, los efectos de los ajustes estructurales, la destrucción de economías agrarias, la precarización de los servicios públicos en las periferias o la transferencia constante de valor hacia los centros. En lugar de esto, el migrante irregular aparece como un problema de gobierno. Ya no se pregunta por qué determinadas poblaciones se ven empujadas a marcharse, sino por qué Europa no consigue retornar con rapidez suficiente a quienes llegan sin encajar en sus circuitos legales y económicos.
Esta es una de las grandes operaciones ideológicas del régimen migratorio europeo: convertir un fenómeno producido por el orden global en una cuestión de orden interno. La migración deja de aparecer como una consecuencia de un sistema mundial profundamente desigual y pasa a presentarse como una presión externa sobre Europa. De esta manera, la responsabilidad histórica y política de los centros capitalistas queda borrada, mientras se refuerza la imagen de una Unión que sólo estaría defendiendo sus fronteras ante una llegada desordenada.
La política migratoria no regula sólo fronteras; regula también la fuerza de trabajo.
La migración se convierte así en un campo privilegiado para la producción de poder supraestatal: un terreno en el que la UE ensaya formas de unificación coercitiva que, pese a apoyarse en los Estados, tienden a superar la pura fragmentación nacional. Pero también se convierte en un campo privilegiado de gobierno de la fuerza de trabajo. El retorno no es sólo una política de frontera; es una tecnología de división, jerarquización y disciplinamiento. Divide entre ciudadanos y no ciudadanos, entre regulares e irregulares, entre migrantes útiles y migrantes rechazados, entre trabajadores relativamente protegidos y trabajadores sometidos a una inseguridad jurídica permanente; todo en beneficio de la explotación capitalista y sus oligarquías.
Por ello, el debate sobre el nuevo Pacto de Migración y Asilo y el Reglamento de Retorno va más allá de la cuestión migratoria estricta. Lo que revela es una tendencia más amplia de las democracias occidentales hacia formas de gobernanza cada vez más autoritarias, centradas en la vigilancia, la trazabilidad, el control preventivo y la restricción de derechos. La migración se convierte así en el laboratorio político en el que se ensayan mecanismos que después tienden a extenderse al conjunto de la sociedad.
En un contexto de crisis estructural del capitalismo y la consiguiente necesidad de ahogar las condiciones de vida y los derechos y libertades de la población trabajadora, los Estados europeos refuerzan progresivamente sus capacidades coercitivas. Esta tendencia autoritaria se aplica de forma avanzada sobre aquellos sectores de la clase trabajadora más vulnerables, precarizados y jurídicamente desprotegidos. Es en este sentido que las políticas europeas de control de la migración forman parte de un proceso más profundo: la transformación de las democracias europeas en formas de gobierno cada vez más orientadas al control directo de la población trabajadora, a la gestión securitaria de la pobreza y al disciplinamiento del conjunto del proletariado.