La transversalidad es un concepto nuevo y poderoso en la actualidad que hace referencia a la línea maestra de las políticas comunitarias sobre igualdad de oportunidades. Su finalidad es establecer un marco de actuación en el que todas las actividades políticas contribuyan a eliminar las desigualdades y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Además, tiene como objeto que todas las acciones de los diferentes ámbitos sociales, culturales, educativos, políticos, económicos, se analicen teniendo en consideración que hombres y mujeres no se encuentran en la misma posición social y que esa diferente posición determina los efectos que para cada uno de los colectivos (el de las mujeres y el de los hombres) tendrán las propuestas de transformación social que se diseñen. La transversalidad surge a partir del principio de que la democracia constituye uno de los valores fundamentales de la Unión Europea, y para su plena realización requiere que toda la ciudadanía, mujeres y hombres, participen y esté representada de forma igualitaria en la economía, en la toma de decisiones y en la vida social, cultural y civil.
Este concepto que surge a partir del Día internacional Contra la Violencia de Género cada 25 de Noviembre tiene su origen en uno de los crímenes más reivindicados en Latinoamérica. De hecho, desde 1981, se conmemora cada 25 de Noviembre el Día Contra la Violencia de Género en esta parte del mundo. Los movimientos feministas de la región, con una de las tasas más altas de violencia contra la mujer, acuñaron esa fecha en honor a las hermanas Mirabal- Minerva, Patria y M.Teresa- asesinadas el 25 de Noviembre de 1960, por orden del dictador Rafael Léonidas Trujillo en República Dominicana, por ser opositoras al régimen. Sus cuerpos aparecieron llenos de golpes y dentro de un vehículo para simular un accidente. Sin embargo, nunca hubo dudas de que se trató de un crimen y sirvió como detonante para la caída del Régimen de Trujillo.
Las hermanas Mirabal se convirtieron en un símbolo de la lucha contra las violencias machistas; una lacra global y multiuniforme que tiene consecuencias devastadoras en todo el planeta. Ya que según las estadísticas los diferentes tipos de violencias como la sexual, económica, psicológica, el acoso o la multilación genital son consideradas graves agresiones de los derechos humanos que afectan al 70% de las mujeres de todo el mundo. De ahí, que años más tarde, en 1999, la ONU declarara cada 25 de noviembre “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, en honor a las hermanas Mirabal. La ONU convocó a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y a las organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo diferentes actividades dirigidas a sensibilizar a la sociedad civil respecto a este problema en este día como una celebración internacional. El hecho de que el fenómeno de la violencia de género comenzara a implicar a todos los poderes públicos en el avance de la igualdad entre hombres y mujeres para garantizar la erradicación de la discriminación dirigida hacia una mitad del mundo (las mujeres) y asegurar el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones de todas las personas, nos invita a poner de manifiesto el término “transversalidad”.
La transversalidad o mainstreaming de género, se definió por el Consejo de Europa en 1999 como “la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que la perspectiva de la igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas” y constituye una de las principales estrategias para construir una sociedad igualitaria entre las mujeres y los hombres de Europa.
En 2007, a nivel estatal, también se definió la transversalidad en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, estableciendo un marco general de intervención de todos los poderes públicos con relación a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres e implicando a todas las Administraciones Públicas para que lo integren, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. Esto significa que todos los organismos gubernamentales han de convertirse en elementos activos y asumir su responsabilidad de trabajar fomentando la igualdad entre mujeres y hombres desde sus distintas áreas de actuación.
La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en las políticas generales implica al menos dos tipos de cambio en el modelo de gestión de las mismas: el primero, se trata de un cambio procedimental sobre las formas de hacer y actuar de la actividad administrativa poniendo en el centro de las políticas cada situación y posición social de mujeres y hombres, con la finalidad de satisfacer de forma equitativa las necesidades de ambos sexos. El segundo modelo se trata de un cambio estructural, que estaría dirigido a revisar las estructuras y formas de organización de la Administración Pública, para erradicar, desde su base, los elementos estructurales que hacen que se mantengan las desigualdades sociales entre ambos sexos.
Por eso, plantear la transversalidad en la violencia de género significa tener en cuenta a la mitad de la población: las mujeres. Para reconocer su aportación en diferentes ámbitos de la vida y poner en valor como les corresponde lo femenino en términos de prestigio, reconocimiento y remuneración. Y también implica la consideración de una presencia proporcional de las mujeres en los lugares de responsabilidad, en los ámbitos de control de la ciencia, la economía, la política.
Por Encarnación Reyes. (Graduada en Ciencias Políticas) – @encarnireyes7 en Twitter.