Sobre la memoria histórica: ¿Dónde nos encontramos?

Artículo escrito por Alberto Alcolea (@ganymedw en Twitter), estudiante de Ciencias Políticas en la UC3M.

Cuando hablamos de memoria histórica, hablamos de un concepto denso y extenso, de un concepto que atraviesa la etapa más conflictiva de nuestra historia reciente, aquella que se erige, prácticamente, desde la proclamación de la II República y que llega hasta la época de la Transición, pasando por la Guerra Civil que acabó con una experiencia única en nuestra historia y que permitió la construcción y la consolidación de un régimen dictatorial cuya sombra aún nos acompaña a día de hoy.

La memoria histórica hace referencia a todo un movimiento social, cultural y político que enfrenta los crímenes cometidos por el franquismo y sus fieles; que no se reduce a un simple ejercicio de revisión histórica, sino que  aspira, amparado en los principios de justicia y democracia, a alcanzar, como señalaba Juan Luis Porcar, una reconstitución humana y política de la historia española del siglo XX. Esta reconstitución persigue unos objetivos muy claros: (I) desmantelar los diferentes mecanismos a través de los cuales se posibilitó el olvido de la barbarie y la justificación de su impunidad, y (II) acercar a quienes más sufrieron las consecuencias de la misma a una realidad en la que la dignidad, la verdad y la reparación estén verdaderamente presentes y no ocultas tras una opaca ventana de aparente concordia y (re)conciliación.

Alcanzar tales metas, evidentemente, no es una tarea sencilla. Afrontar las responsabilidades  de nuestro pasado supone un arduo  y convulso ejercicio que exige el compromiso y la unidad del aparato político-gubernamental, algo que se ha visto especialmente complicado en nuestro país desde que el proyecto democrático de finales de los 70 comenzase a dar sus primeros pasos hace ya más de 40 años; y es que, a estas alturas, no resulta revelador para nadie afirmar que el franquismo triunfó en aquella empresa que buscaba dejarlo todo “atado y bien atado”.

La Ley para la Reforma Política consagró un pacto de silencio, un voto de olvido gracias al cual se enterraron años de tiranía que inmediatamente florecerían en una democracia caracterizada por el consenso y la superación de aquellos episodios fatricidas cuyo recuerdo solo suponía la reapertura de incomodas heridas, heridas que unos supieron -o pudieron- cerrar mejor que otros.

Como consecuencia de lo anterior, se hizo imposible afrontar una rendición de cuentas que intentase devolver a las víctimas de la dictadura aquello que esta les había arrebatado. Es por ello por lo que no tardarían en alzarse voces críticas con lo que se consideraba un abandono premeditado de aquella parte del país que conoció la peor de las caras del franquismo. Diferentes asociaciones y colectivos clamaban contra el asimétrico resultado que había dejado tras de sí la Transición, perdonando grandes delitos y faltas más que cuestionables desde la perspectiva del derecho internacional.

No obstante, y pese a los esfuerzos realizados, resultaría realmente complicado conseguir que sus demandas fuesen escuchadas y apoyadas pues alrededor del nuevo proyecto constitucional se había construido un relato equidistante que junto con las ascuas del franquismo sociológico, alejaron del escenario político la urgencia y la necesidad de respetar un pasado sin el que no sería posible vislumbrar un verdadero horizonte democrático.

Así, pasarían años en los que la actividad relativa a la memoria histórica de España se limitaría a actos muy concretos por parte de las instituciones a través de los cuales se aprobarían y/o crearían decretos, leyes de amnistía o reparaciones económicas puntuales. Sería con la entrada de los 2000, cuando ante la inactividad de los diferentes actores y organismos políticos, aparecería la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que junto con la colaboración de diferentes colectivos, conseguirían revitalizar esta cuestión. Aunque no se alcanzarían logros excelsos, se permitió que muchos españoles, ignorados y desatendidos hasta entonces, pudieran recibir ayudas especialmente en lo referente a la búsqueda de los cuerpos de sus familiares. Además el trabajo de estas asociaciones traería consigo la intervención de la ONU que pediría a España que se responsabilizase de las víctimas de la guerra y del franquismo, dando un toque de atención al país que sentaría un precedente.

Una vez el PSOE de Zapatero se hiciera con el poder, se trataría de administrar las pretensiones relativas a nuestro pasado más inmediato, por lo que en 2007 se elaboraría la que hasta ahora ha sido la ley encargada de gestionar las mismas. De partida, ésta, no habría tenido en cuenta a las organizaciones y asociaciones que tiempo atrás habían luchado por su creación, por lo que sus contenidos, sus medidas y sus planes, no deparaban grandes auspicios: se encontrarían gravemente desconectadas de la realidad en torno a la que debía trabajar, aquella que había acompañado durante años a aquellos y aquellas para quienes las heridas nunca llegaron a sanar.

Con todo, la ley sería aprobada, y por primera vez en tiempos de democracia se encararía el pasado con un espíritu a priori motivado por la reparación moral y personal en vistas a fomentar  por un lado, la cohesión y la solidaridad de todos los españoles, y por otro, los valores y los principios democrático-constitucionales.

¿Qué proponía esta ley y qué nos ha traído desde entonces?

En primer lugar ser reconocería como injusta toda forma de violencia que tuviera orígenes políticos o religosos (por ejemplo, el exilio o las condenas), declarándose como ilegítimos a los órganos penales y administrativos del franquismo; sin embargo, no se determinaría expresamente ningún tipo de revisión de aquellos dictámenes que esto hubieran producido, por lo que el efecto práctico de este apartado de la ley quedaría reducido a contenido teórico vacuo que bajo ningún concepto estimulaba una verdadera recuperación y dignificación de la historia.

En lo que respecta a la reparación y al reconocimiento de quienes sufrieron esa violencia, se determinarían diferentes tipos de ayudas y compensaciones, aclarándose en todo momento que ni la Administración Pública ni ningún otro sector del Estado tendrían que asumir obligatoriamente indemnizaciones económicas o profesionales. De esta manera se ignoraría la resolución 95 de 1946 por la que ONU consideraba la necesidad de hacerse cargo del deber de asumir estas reparaciones.

Los principales problemas a este respecto versaban en torno a los plazos en los que debían reclamarse (siempre siendo el afectado quien tenía que acudir a la Administración) y en torno a las condiciones específicas de ciertas ayudas. Veamos algunos ejemplos:

– Los encarcelados durante la dictadura podrían percibir 6.010,12€ si hubieran pasado tres o más años en prisión, sumándose 1.202,02€ por tres años extra, no obstante, a esta compensación solo podrían acceder aquellos que tuvieran más de 60 años para 1990.

– Los cónyuges de quienes hubieran estado menos de tres años en prisión y hubieran sido condenados a muerte podrían recibir 9.616,18€, solo en caso de no haber recibido otro tipo de pensión

– Se otorgaría el derecho de percibir una cuantía de 135.000€ a los beneficiarios de quienes hubieran fallecido entre el 68 y el 77, teniendo un plazo de acceso a la misma de un año.

A continuación examinaremos una de las partes de mayor relevancia del texto: la relativa a la localización y la identificación de las víctimas. Los artículos de la ley en los que se abordan dichas cuestiones se caracterizan por ser laxos, por presentar un contenido ambiguo que delega la responsabilidad de la gestión de estas tareas en las comunidades, sin concretar un plan de actuación general. Además, se matiza que el papel de las administraciones debe centrarse en facilitar la búsqueda de desaparecidos y de colaborar con los afectados, es decir, no se habla de garantizarsiendo este, evidentemente, el rol que deberían asumir de cara a cumplir con -y a respetar a- los derechos humanos. En el momento en que tu ley para el tratamiento de la memoria histórica no determina que las Administraciones Públicas deben asumir completamente las competencias sobre una cuestión tan compleja y costosa como ésta, dejas desamparados a tus ciudadanos, quienes se verían obligados, en la mayoría de casos, a acudir a asociaciones y colectivos como los que se mencionaban anteriormente.

Como vemos, nos encontramos, a efectos prácticos, ante una suerte de privatización en tanto que se pondrían al servicio de los ciudadanos unas administraciones sin directrices claras en las que lo complejo del entramado y los procedimientos administrativos empujarían a las víctimas a la única alternativa que acababa por dibujarse para muchas de ellas: depender de sus contribuciones personales y de las ayudas de organizaciones externas al Estado. En este punto cabe recordar que finalizada la guerra y constituido finalmente el régimen de Franco en todo el país, la dictadura se encargó de localizar y entregar a sus familias a los miembros del bando nacional, mientras se olvidaba por completo a los republicanos.

Algo similar viene ocurriendo con lo relativo a la creación y la organización de archivos y documentos que expongan a la ciudadanía información sobre esta etapa de nuestra historia. La falta de recursos materiales y humanos por parte de la AP acabó por dejar a los afectados, una vez más, en manos de aquellos colectivos que ofrecieran su ayuda y pusieran a su disposición los documentos a los que hubieran podido acceder.

Otras medidas en torno a las cuáles no se determinaron unas directrices específicas son las referentes a los símbolos y monumentos que conmemorasen o exaltasen el golpe de estado militar, la guerra civil o la propia dictadura. Se señalaba que deberían retirarse todos estos elementos, excepto en aquellos casos en los que hubiera razones artísticas, artístico-religiosas o arquitectónicas de por medio. Dado que no se aclaró el papel de las Administraciones, se han sucedido numerosas polémicas que han desembocado en un cumplimiento relativo de los artículos que tratan estas cuestiones. El caso más paradigmático al respecto es el Valle de los Caídos, en cuya construcción trabajaron republicanos en condiciones deplorables que a su muerte serían enterrados allí, pasando a formar parte de todo un monumento al castigo y a la sumisión hacia el régimen. Esto es de vital importancia pues a pesar de la tardía exhumación del dictador, la zona sigue sin resignificarse, lo que deja los deberes claramente incompletos.

Desde Última Hora Noticias se encargaron de analizar los datos del INE relativos la número de calles existentes en las que se mencione “General Franco”, “Generalísimo” o “Francisco Franco”. Si bien el número ha descendido considerablemente aun quedan calles que recogen el nombre del caudillo a pesar de que han pasado 13 años desde que la ley entrase en vigor. Además no podemos olvidar el resto de calles que portan el nombre de políticos, militares y otras figuras destacadas simpatizantes del régimen.

Tal y como se señaló en TheEconomist, la ley acabo reduciéndose a una “mezcla de grandes gestos simbólicos con escasas medidas concretas”[1]. Posiblemente el ejemplo más claro de esto último se encuentra en el apartado de “Otras disposiciones”, en el que la ley reconoce el valiente y duro trabajo que están realizando las diferentes organizaciones y asociaciones comprometidas con la causa, organizaciones que no vieron más que aumentado el peso con el que debían cargar ante la inoperancia de este documento, especialmente durante los años del gobierno del PP en el que se redujeron a cero los euros que desde los presupuestos de destinarían a la recuperación y dignificación de la memoria.

Debemos tener en cuenta que los populares gobernaron desde 2011 hasta 2018, un periodo amplio en el que se vivió un total retroceso en esta materia. Esto era algo que podía preverse teniendo en cuenta que se opusieron a la misma y que en 2008 el propio Mariano Rajoy señalabaque “eliminaría todos aquellos artículos que hablan de dar dinero púbico para recuperar el pasado […] no daría ni un solo euro”[2].  Es difícil olvidar la famosa declaración del que fuera presidente del gobierno en referencia a esto mismo: “La dotación presupuestaria ha sido cero. La media es cero y fue cero todos los años”.Aquí podemos ver un resumen de la gestión de los PGE desde que se aprobase la ley (lógicamente, en millones):

Si atendemos al Boletín Gallego de Medicina Legal y Forense del 2012, podremos comprobar cuántas exhumaciones (número total de las mismas y número de personas rescatadas) ha realizado el país hasta 2011, año en que el PP llegó al poder.

Como vemos -y como era de esperar, hay una mejora con respecto a la situación de la que se provenía, pero ocurre que veníamos de 30 años de democracia en los que no se había producido ningún avance, por lo que alcanzar cierta mejora no debería ser una sorpresa. No podría decirse que esta ley ha sido un completo fracaso, un intento vacío por tratar de reparar y dignificar nuestro pasado: tanto los brigadistas como los familiares de exiliados consiguieron la nacionalidad sin renunciar a la suya previa; se redujeron notablemente los símbolos y monumentos franquistas y recientemente se consiguió exhumar a Franco (con un fondo, unas formas y un contexto abiertos claramente a debate).

No obstante, tampoco es correcto -ni mucho menos- celebrar con demasiada dicha su impacto, pues aún queda mucho por recorrer en materia tanto de Derechos Humanoscomo en lo referente a las responsabilidades que deben ser asumidas y atribuidas desde el 39: debe quedar claro qué nombres se olvidan y cuáles tienen un hueco en una democracia que quiera tomarse en serio a sí misma. En estesentido, tengamos en cuenta que la ley dejó marginadas cuestiones fundamentales como los robos de niños, el papel de la Iglesia y/o el expolio que realizaron los afines a Franco -que aún hoy en día disfrutan con total libertad y normalidad-.

Se hace necesario, y fundamental, un refuerzo de las capacidades materiales y organizativas de las AP y que se condene clara y directamente al régimen, declarándose nulas en pleno derecho -y no solo ilegítimas- las sanciones provenientes de aquella etapa, enfrentando el escudo para el franquismo que acabó suponiendo la Ley de Amnistía del 77. Recordemos que gracias a esta leyUCD consiguió que los funcionarios y los agentes públicos franquistas gozasen de indulto y además gracias a ésta, hasta ahora se han escudado aquellas investigaciones que tratasen de esgrimir diagnósticos sobre los crímenes de la dictadura, tal y como señalaba el profesor Rafael Escudero. 

Ejemplos de esto que se viene señalando en los anteriores párrafos los encontramos en nombres como Rodolfo Martín Villa, ministro de gobernación en el momento del asesinatos de los obreros de Vitoria-Gasteiz del 76 que acabó siendo consejero de Endesa; Antonio Barrea, vicepresidente primero del gobierno que acabó siendo consejero de Telefónica; Fernando Suárez, Carro Martínez, Utrera Molina, Licinio de la Fuente… nombres y más nombres que consiguieron un ticket directo a la democracia, siempre a la sombra del árbol que mejor cobijaba.

Ante las deficiencias de esta misma ley, el gobierno de coalición prometió que se trabajaría realmente en la búsqueda de la dignidad y la reparación de la memoria histórica de nuestro país, consiguiendo el pasado 15 de septiembre aprobar el anteproyecto de una nueva ley que parece haber escuchado las críticas que llevan años recibiendo a nivel tanto nacional como internacional: se retirarán honores, se suprimirán títulos nobiliarios, se acabará con la apología al franquismo, se reforzarán las multas y el papel del Estado y, entre otras medidas, se realizarán audiencias para investigar el expolio económico.

Hasta que no la veamos en funcionamiento no podremos comprobar si realmente se avanzará en esta materia o si por el contrario, seguiremos viviendo años de ambigüedad, de medidas tibias, de falta de organización administrativa y de amarga equidistancia y falsa neutralidad. Han pasado años más que suficientes para que se decida recalibrar el tratamiento de la memoria; muchos de los herederos del franquismo han tenido el tiempo suficiente para gozar de una vida cómoda y tranquila en la democracia totalmente alejados del remordimiento y el arrepentimiento (no olvidemos a González Pacheco), ante la atónita mirada de unas víctimas que solo esperan no volver a ser decepcionadas y abandonadas.

Hasta que veamos la nueva ley en funcionamiento en su forma definitiva solo nos queda esperar, sin olvidar, sin perdonar, sin dar un paso atrás.


[1] The Economist. Spain’s past. A rudeawakening

[2] ElDiario.es. Rajoy completa una legislatura de olvido económico a las víctimas del franquismo.

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