Ilias Alami, Jack Copley y Alexis Moraitis
Traducción: Alfonso Fernández
1. Introducción
«La política climática mundial […] es probablemente el único ámbito político que no afecta al clima», observa Tadzio Müller (2021), cofundador del movimiento alemán por la justicia climática Ende Gelände. En su hipérbole, este comentario apunta hacia una verdad crucial: en los más de treinta años transcurridos desde la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los Estados han fracasado rotundamente a la hora de detener el implacable ascenso de las emisiones mundiales de carbono (Friedlingstein et al., 2021). Sin embargo, en todo el espectro político, se entiende que los Estados son los vehículos clave para evitar la catástrofe climática: sólo el Estado puede elevarse por encima del ruido de la sociedad civil para trazar una visión vinculante a largo plazo para la descarbonización. Para las organizaciones intergubernamentales, el papel del Estado debe consistir en transformar los incentivos del mercado para que los inversores y los consumidores puedan descarbonizar con confianza sus actividades (Copley, 2022). Para los socialdemócratas y los socialistas democráticos, los Estados están actualmente en deuda con los intereses del capital fósil y con las anticuadas doctrinas neoliberales –no tomarán las medidas climáticas necesarias a menos que se les presione (Aronoff et al., 2019). Incluso en el ala radical del movimiento climático, y para los defensores del sabotaje de las infraestructuras fósiles como Andreas Malm, el objetivo último es provocar la acción del Estado (Malm, 2020). Como señala Rübner Hansen (2021), «lo que se necesita, según Malm, no es la abolición tanto del capital como del Estado[…] sino la abolición del capital fósil por el Estado».
Existe, por tanto, una tensión entre el hasta ahora sombrío historial de la política climática estatal y la omnipresencia de las visiones estatales de la descarbonización. Esto plantea un importante rompecabezas para los estudiosos de la ecología política, la teoría política medioambiental y la economía política internacional. ¿Depende estructuralmente el Estado capitalista de la acumulación alimentada por combustibles fósiles (Altvater, 2007)? ¿O la actual dependencia fósil del Estado es meramente contingente, de modo que los fracasos pasados de la política climática no excluyen la posibilidad de que surja un verdadero «Estado verde» (Eckersley, 2004)? Un dinámico cuerpo de literatura ha trazado el espacio entre estos dos polos –descomponiendo el Estado en sus ramas constituyentes, ideologías, prácticas de gobernanza e intereses de clase en competencia, revelando así posibles aperturas para que los movimientos ecologistas ejerzan su influencia (Paterson, 2016; Newell, 2021; Death, 2016). Estos planteamientos convergen en torno al consenso de que los inminentes trastornos sociales y económicos del cambio climático forzarán de alguna manera un «retorno» del Estado (Parenti, 2015). Sin embargo, la cuestión de la forma particular y el carácter de clase del Estado que surgirá de estas transformaciones continúa abierta (Toscano, 2020).
Esta literatura ha tendido a evaluar este rompecabezas en términos generales –indagando sobre los atributos inherentes al Estado capitalista y sus implicaciones medioambientales, abstraídas de tal o cual coyuntura histórica. Se ha prestado menos atención a cómo la capacidad ecológica del Estado está condicionada por un conjunto particular de tendencias seculares interconectadas que caracterizan el desarrollo capitalista, a saber, el colapso medioambiental, el estancamiento económico y la multiplicación de la población sobrante. Estas tres tendencias están necesariamente implícitas en el perpetuo impulso del capitalismo por aumentar la productividad del trabajo a través de la sustitución de capital variable (fuerza de trabajo) por capital constante (medios de producción). Este artículo explora precisamente los desafíos únicos que estas crisis interrelacionadas de la sociedad capitalista «tardía» plantean para los proyectos de Estado verde. Como tal, sigue los pasos del trabajo de Mann y Wainwright (2018) sobre la reconfiguración de la soberanía y la autoridad (geo)política en una era de cambio climático (Mann y Wainwright, 2018). Coincidimos con Hunter (2021: 184) en que «el catastrófico cambio climático y la degradación ecológica elevan las apuestas para la crítica del Estado capitalista». Sin embargo, añadimos que una crítica adecuada debe reconocer el capitalismo como un sistema social con un patrón direccional de desarrollo histórico, lo que lleva a una agravación de las tensiones en el corazón del Estado capitalista y a una reconfiguración de los dilemas a los que se enfrenta en relación con la descarbonización y la transformación medioambiental.
Planteada de este modo, la cuestión no es simplemente si el Estado puede estar a la altura del desafío del cambio climático, sino cómo los Estados se esfuerzan por gobernar las crisis cruzadas de la catástrofe climática, el estancamiento económico y la población sobrante. La gestión de cualquier polo individual de este trilema tiene efectos colaterales impredecibles para la gestión de los otros, lo que hace que la tarea de la gobernabilidad del Estado sea tensa y contradictoria. Frente a esta «perversa trinidad», insiste este artículo, la gobernanza tiende a desbordar cada vez más los límites de la tradición liberal. Las acciones extraordinarias y permanentes de los bancos centrales, la vigilancia militarizada de los pobres y las fuertes respuestas políticas a los llamados desastres naturales ponen de manifiesto la creciente dificultad que encuentra el Estado para desempeñar su papel mientras mantiene su forma liberal. Por lo tanto, proponemos enriquecer los debates sobre el futuro medioambiental del Estado capitalista recurriendo a la crítica de la economía política de Marx, que se encuentra en una posición única para identificar, en el presente, las transformaciones futuras potenciales del Estado capitalista.
Este trilema de la gobernanza se ilustra con el caso del boom de la energía solar fotovoltaica (FV). La electricidad generada por energía solar fotovoltaica, ampliamente aclamada como ejemplo de la capacidad de una política inteligente y del dinamismo del mercado para impulsar conjuntamente la descarbonización, alcanzó paridad de precios con las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles en la década de 2010. Sin embargo, las mismas fuerzas que impulsaron las reducciones de precios en la electricidad generada por energía solar fotovoltaica, es decir, el aumento espectacular en la productividad y la escala de la fabricación de paneles solares, han generado condiciones de exceso de oferta y caída de la rentabilidad. Ante la lógica contraproducente de este boom energético, los Estados se ven obligados a buscar más allá de las herramientas liberales para reavivar el dinamismo de la industria solar y cumplir así los objetivos de descarbonización. Esto incluye la continuación indefinida de subvenciones solares que violan la ortodoxia presupuestaria liberal, la financiación de tecnologías de automatización solar que exacerban la superfluidad del trabajo y la redistribución de la fabricación de paneles solares a Estados con regímenes laborales autoritarios. La energía solar fotovoltaica es un microcosmos de la situación general que enfrentan los Estados en su lucha por gobernar las tendencias seculares de desarrollo del capitalismo.
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