Slingers Collective
Traducción por KimJongDos
Publicación original en: Slingers Collective
Tras el comienzo de una nueva fase de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, justificada como una «intervención humanitaria» para «liberar al pueblo de Irán» de la República Islámica, cientos de civiles ya han muerto en la tercera semana de la guerra. Entre ellos se incluyen alumnas de primaria en la ciudad de Minab. También han sido objeto de ataques altos cargos de la República Islámica y altos mandos militares. Se han causado daños importantes a infraestructuras urbanas en todo el país.
La oposición intervencionista, así como algunos de sus defensores, han intentado justificar las muertes de civiles y la destrucción de infraestructura. Tras los ataques a depósitos de petróleo e infraestructuras energéticas, uno de sus principales argumentos es que el objetivo principal es la destrucción de la República Islámica. Por lo tanto, la destrucción de infraestructura se considera como un «coste colateral» de este objetivo. De forma similar, las muertes de civiles se tratan como un efecto secundario. Este texto responde a este tipo de argumento que justifica ataques imperialistas. Lo hace a través de un breve vistazo a la experiencia de la reconstrucción de Irak tras la ocupación estadounidense en 2003.
Para los iraníes que estos días escuchan una y otra vez la frase «la destrucción de la infraestructura de Irán no importa, construiremos otra mejor después», la experiencia de Irak puede presentarse ante sus ojos como un experimento histórico a gran escala, un experimento que permite observar la verdadera lógica de la guerra en la era del imperialismo tardío a nivel de sus mecanismos económicos, institucionales y políticos.
La reconstrucción de Irak tras la invasión de 2003, iniciada por decisión de la administración de George W. Bush, se convirtió en uno de los proyectos de reconstrucción más costosos y, al mismo tiempo, más controvertidos de la historia contemporánea. No obstante, no basta con examinar los gastos o los proyectos individuales para entenderlo; para tener una comprensión más profunda, hay que tener en cuenta dos conceptos clave: la «guerra privada» y «la lógica de la destrucción para la reconstrucción».
El concepto de «guerra privada», usado en muchos análisis de economía política sobre la ocupación de Irak, se refiere a una situación en la que el papel de las empresas privadas en la guerra y la ocupación alcanza un nivel sin precedentes. Las tareas que antes monopolizaba el Estado y los ejércitos se subcontratan a empresas privadas.
En la guerra de Irak, este proceso se produjo a una escala poco común. La empresa de seguridad Blackwater participó en las operaciones de protección y de seguridad. La empresa petrolífera Halliburton obtuvo importantes contratos de logística y energía. Gigantes de la ingeniería y de la construcción, como Bechtel y Parsons Corporation, se involucraron en proyectos de reconstrucción de infraestructuras.
En un modelo como este, los Estados desencadenan la guerra bajo el pretexto de la democracia, los derechos humanos y otras falsas justificaciones. Pero los beneficios que genera la guerra se canalizan rápidamente hacia una red de empresas privadas. Desde el principio, la guerra se define y se diseña en función de los intereses de estos contratistas, y más aún, en torno a la continuación del ciclo de beneficio y acumulación de capital.
Bajo esta lógica, la guerra, la destrucción de infraestructura y la forma más elevada de dominación –la ocupación– se llevan a cabo con la cooperación y la complicidad de las empresas privadas. La reconstrucción se confía a menudo a las mismas empresas o a redes económicas cercanas a ellas.
Se puede ver un ejemplo concreto y a gran escala de este mecanismo en Irak. En ese país, la herramienta central de la economía de reconstrucción era un tipo de contrato específico conocido como un contrato «coste más». Con estos contratos, las empresas no recibían no solo los costes del proyecto, sino un porcentaje fijo adicional del beneficio.
En una estructura de este tipo, cuanto más largo y costoso resulta un proyecto, mayores son los beneficios de una empresa. Este modelo invierte, en la práctica, la lógica económica de la reconstrucción. En lugar de completarse los proyectos de forma eficiente y rápida, como cabría esperarse de una «reconstrucción», los retrasos, el aumento de los costes e incluso la ineficiencia se traducen en mayores beneficios para las empresas.
Por esta razón, muchos de quienes se oponían a la ocupación de Irak han afirmado que la reconstrucción de posguerra no fue simplemente una parte de la lógica económica de la guerra privada. También sirvió como medio para la extracción de recursos, la imposición de la inestabilidad económica y la consecución de los objetivos políticos y económicos del Estado ocupante.
Para comprender plenamente esta lógica, también hay que tener en cuenta la cuestión de la destrucción de infraestructuras. Una pregunta que se ha planteado repetidamente es la siguiente: ¿por qué se atacaron determinadas infraestructuras durante la guerra de Irak, a pesar de que el gobierno de Sadam podría haber sido derrocado sin su destrucción total? ¿Por qué se volvió a atacar la red eléctrica de Irak, cuando ya había sido gravemente dañada durante la guerra del Golfo y solo estaba parcialmente reparada en 2003?
La respuesta se encuentra en un marco que puede llamarse la «lógica de la reconstrucción de posguerra». Si no se destruye la infraestructura, no surge un mercado de reconstrucción. Las grandes empresas de ingeniería y contratistas necesitan proyectos colosales y costosos para mantener sus operaciones y sus beneficios. La guerra puede crear este mercado.
La experiencia de Irak proporciona muchos ejemplos de esta situación.
En el sector eléctrico, se esperaba que, tras la caída del gobierno de Sadam Hussein, la red energética del país mejorase rápidamente. En realidad, en muchas regiones las condiciones empeoraron con respecto a las que había antes de la guerra.
Una razón fue la instalación de equipo que fallaron rápidamente sin piezas de repuesto y con contratos de mantenimiento exclusivos con esas mismas empresas occidentales. Como resultado, las infraestructuras que supuestamente se habían construido con fines de modernización generaron una dependencia técnica a largo plazo de esas mismas empresas extranjeras.
Otro ejemplo lo encontramos en el proyecto de la planta de tratamiento de agua de Nasiriya. Se consideraba el mayor proyecto de reconstrucción del sector del agua de Irak. Sin embargo, durante años funcionó a solo un veinte por ciento de su capacidad. Esto no se debió a la escasez de agua, sino a la falta de adecuación entre las tecnologías seleccionadas y las condiciones locales y la capacidad técnica. Esto representa una forma de «ingeniería de la dependencia», en la que la destrucción a gran escala garantiza contratos rentables.
Quizás el ejemplo de Bechtel pueda ayudar a explicar la lógica detrás de la entrada de estas compañías en proyectos de reconstrucción.
En el 2000, el Banco Mundial presionó al Gobierno de Bolivia para que privatizara sus servicios de agua en el departamento de Cochabamba. La herramienta para ejercer esta presión, como en otros casos similares, fue condicionar el pago de los préstamos a la privatización.
La única empresa que se benefició de esta privatización fue un consorcio en que Bechtel era el dueño mayoritario. Como resultado del contrato con el Gobierno boliviano, esta empresa recibió una concesión de 40 años por valor de 2.500 millones de dólares para prestar servicios de agua y alcantarillado a los residentes de Cochabamba, así como de generación de electricidad y de riego agrícola.
El resultado fue que el precio del agua ascendió casi inmediatamente un 35%. Al segundo mes, el aumento llegó al 60%, y en algunos casos incluso más. Los residentes indígenas, cuyos ingresos mensuales totales rondaban los 100 dólares, se vieron obligados a pagar al menos 20 dólares al mes por agua. La empresa llegó incluso a hacerse con el control del agua de lluvia.
Finalmente, el asunto se convirtió en una insurrección popular que obligó al gobierno a dar marcha atrás y cancelar la privatización del agua. Bechtel abandonó Bolivia y posteriormente presentó una reclamación de 25 millones de dólares en concepto de indemnización.
Esta misma empresa se incorporó en 2003 a la reconstrucción del Irak ocupado mediante un contrato de 680 millones de dólares con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. De este modo, la guerra y la ocupación de Irak se convirtieron directamente en una herramienta para compensar a una empresa que había sido expulsada de otra parte del mundo.
La gestión de los ingresos petroleros de Irak fue igual de controvertida. Tras la ocupación, y en virtud de la Resolución 1843 del Consejo de Seguridad de la ONU, los ingresos petroleros de Irak se centralizaron en una cuenta en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
El propósito oficial de este mecanismo era proteger los activos de Irak frente a las reclamaciones de los acreedores de la época de Sadam Hussein. Legalmente, la propiedad de estos ingresos seguía correspondiendo al Estado iraquí. Pero, en la práctica, el acceso a estos recursos se canalizaba a través de mecanismos financieros vinculados al Gobierno de los Estados Unidos. Los críticos describieron esta práctica como una forma de «tutela financiera». Argumentaban que, en práctica, Bagdad tenía que operar dentro de un sistema financiero bajo la influencia de Washington para poder utilizar sus propias reservas de divisas.
Además del mecanismo de extracción de los ingresos petroleros, la gestión de los recursos en efectivo también se convirtió en objeto de controversia. En los primeros años tras la ocupación, se enviaron por vía aérea 12.000 millones de dólares en efectivo a Irak para cubrir los gastos inmediatos del gobierno provisional y de los proyectos de reconstrucción. Los informes del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Irak mostraron que la supervisión de estos fondos era muy ineficaz. Una gran parte del dinero nunca fue auditada en su totalidad. De este modo, uno de los mayores saqueos organizados de las últimas décadas tuvo lugar en el marco de la reconstrucción del Irak ocupado.
Uno de los ejemplos más simbólicos de ineficiencia en los proyectos de reconstrucción fue el proyecto de la Academia de Policía de Bagdad. Lo llevó a cabo DynCorp. El proyecto costó unos 75 millones de dólares.
Los informes oficiales lo criticaron por graves defectos técnicos. Los techos tenían goteras. El alcantarillado no funcionaba correctamente. Incluso hubo informes de fugas de aguas residuales por los techos. Muchas de las instalaciones de formación estaban incompletas o eran inutilizables. Al final, algunas partes del proyecto se abandonaron completamente, mientras que el contratista ya había recibido el importe del contrato, incluyendo los beneficios.
Al mismo tiempo, la Autoridad Provisional de la Coalición, dirigida por Paul Bremer, emitió una serie de órdenes económicas que «liberalizaron» ampliamente la economía iraquí. Estas órdenes permitieron a empresas extranjeras tener la propiedad total de muchos sectores. Redujeron drásticamente los aranceles comerciales. Abrieron el sistema bancario iraquí a la inversión extranjera.
Sin embargo, el sector petrolero quedó excluido de la privatización directa. Su importancia estratégica era tan elevada que, incluso dentro de este marco económico, no se propuso su transferencia total a empresas privadas. Estos contratos permitían a las empresas extranjeras participar en la gestión y la explotación de los yacimientos petrolíferos sin tener la propiedad formal.
Demos un paso atrás respecto a estas experiencias y volvamos a la pregunta inicial. ¿La destrucción de la infraestructura de un país lleva necesariamente a una mejor reconstrucción? La experiencia de Irak dice que no.
En las décadas que siguieron a la guerra, la red eléctrica iraquí ha seguido enfrentándose a escaseces de producción y a apagones generalizados. El acceso al agua potable sigue siendo limitado en muchas zonas. Muchos de los costosos proyectos de reconstrucción quedaron sin terminar. Otros funcionan a muy baja capacidad.
Por el contrario, muchas empresas contratistas extranjeras obtuvieron enormes beneficios de la guerra y los contratos de reconstrucción.
Desde esta perspectiva, la lógica de la guerra privada no consiste necesariamente en destruir infraestructura para construir después una «versión mejorada». En muchos casos, esta lógica convierte la destrucción, la crisis y la costosa reconstrucción en un ciclo económico. Este ciclo es muy rentable para los actores de la guerra.
La experiencia de Irak debería recordarnos que, en las guerras contemporáneas, bombardear infraestructura no es solo un acto militar para doblegar a los gobiernos. También es el comienzo de un periodo en el que la reconstrucción no significa «construir mejor». Significa saqueo y una profunda miseria económica y política para el pueblo.
La reconstrucción de Irak no se pareció en nada al Plan Marshall. Algunos defensores descarados de la agresión militar contra Irán, que no solo justifican, sino que apoyan la destrucción de infraestructura, esperan un resultado similar para un Irán liberado. Pero el Plan Marshall no fue un mero proyecto de reconstrucción en países devastados por la Segunda Guerra Mundial. También fue una herramienta para consolidar al bloque occidental frente a la Unión Soviética y para fortalecer las economías de los países alineados con Occidente en la Europa de posguerra.
Por el contrario, la experiencia de Irak muestra que, bajo las condiciones históricas actuales –en las que las guerras se han convertido en los mayores proyectos de «neoliberalización» de la economía de un país devastado por la guerra–, la idea de repetir un Plan Marshall en nuestra región tiene poco fundamento en la economía política de la guerra contemporánea. Es más una fantasía inocente, un engaño político y una forma de borrar la resistencia a la destrucción a gran escala de la infraestructura de un país.
Cabe señalar que los objetivos de los Estados Unidos e Israel en un ataque militar contra Irán podrían adoptar diversas formas. No todos estos objetivos nos resultan necesariamente claros.
Estos objetivos podrían ir desde forzar a la República Islámica a rendirse y aceptar las condiciones políticas, hasta un escenario de cambio de régimen y, según algunas estimaciones, incluso a una intervención terrestre y una ocupación territorial similar a la que tuvo lugar en Irak después de 2003.
También es posible que la guerra se siga limitando a los ataques aéreos y que no se expanda hasta convertirse en una invasión terrestre. No obstante, la «destrucción selectiva de infraestructura» es un elemento común a todos estos escenarios.
En un escenario de rendición, los ataques a la infraestructura militar, económica y vital buscan imponer los el máximo coste económico y humano posible para obligar al Gobierno a retirarse.
En un escenario de cambio de régimen, ya se logre a través de la ocupación militar o mediante la configuración de un orden político favorable a Occidente, la destrucción de infraestructura cumple otra función. Como se vio en Irak, la destrucción puede crear una oportunidad para la entrada masiva de empresas privadas occidentales bajo el pretexto de la «reconstrucción». Además, da lugar a una economía dañada, dependiente e incapaz de reconstruirse por su cuenta. La experiencia iraquí es un ejemplo muy conocido de este patrón.
En un escenario de cambio de régimen y del establecimiento de un orden político favorable a Estados Unidos e Israel, la viabilidad del nuevo régimen depende de las mismas condiciones que lo generaron: la guerra y la destrucción de infraestructura. Esto tiene un doble efecto. Por un lado, abre el camino para que las empresas extranjeras participen en proyectos de «reconstrucción». Por otro, la economía del país se ve empujada a una forma de «liberalización».
Esta liberalización significa, en la práctica, eliminar el control de la sociedad sobre los recursos y la toma de decisiones económicas, debilitando o eludiendo las instituciones reguladoras, recortando la legislación laboral y expandiendo el sector privado.
En este marco, la «necesidad de la reconstrucción» se convierte en una herramienta de legitimación para justificar la transformación estructural. En la práctica, esta transformación no es otra cosa que el avance de una guerra de clases contra los trabajadores y la población urbana pobre.
Cabe imaginarse que, en un escenario en el que la República Islámica se rinda, la reconstrucción de la infraestructura seguiría un patrón similar al de un escenario de cambio de régimen.
No obstante, si la República Islámica sobrevive y sale victoriosa, aunque es probable las empresas extranjeras de países hostiles no participen en los proyectos de reconstrucción, el propio régimen llevaría al extremo la lógica neoliberal de la reconstrucción. Este proceso marcaría, en última instancia, el comienzo de una nueva fase de lucha de clases contra la clase obrera.
De este modo, las bombas que caen actualmente sobre la infraestructura, acompañadas de vítores colectivos y de justificaciones por parte de los defensores de la guerra, no solo están destruyendo «activos nacionales», sino que también están sentando las bases para una intensificación de la explotación y la extracción en el futuro.